Política y Sociedad en sentencia contra un recurso del cecova

El Tribunal Supremo reitera la necesidad de la acreditación enfermera para la prescripción

— Madrid 9 Sep, 2019 - 11:40 am

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) contra el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros, al haber perdido su objeto por el RD 1320/2018, que incide y modifica los artículos impugnados, aunque el TS reitera la exigencia de acreditación de los enfermeros para tal actuación.

En su sentencia de 29 de julio de 2029, el Tribunal Supremo advierte que, en todo caso y en relación con la pérdida de objeto, «consideramos necesario dejar constancia de que esta Sala en la sentencia del Pleno, de 3 de mayo de 2013 (recurso contencioso-administrativo 168/2011 ), dictada en el recurso promovido por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos contra el Real Decreto 1718/2010… se declaró que la facultad otorgada a los enfermeros no desapodera al médico pues ‘la prescripción por el médico de medicamentos sujetos a receta médica no se ve alterada’, y que lo novedoso es que ‘el enfermero podrá indicar el uso de medicamentos sujetos a prescripción médica, es decir tras haber sido recetados por el médico, mediante la aplicación de protocolos y guías de práctica clínica y asistencial acordados con las organizaciones colegiales de médicos y enfermeros y validados por la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud.»

Necesidad de acreditación

Y más adelante el Tribunal Supremo añade que, delimitado el objeto del recurso, «queda por examinar y dar respuesta a la impugnación del artículo 2.2 del Real Decreto 954/2015 y que, como ha quedado expuesto, se cuestiona en cuanto sujeta a la obtención previa de acreditación la posibilidad de que el personal enfermero, de forma autónoma, pueda ejercitar la facultad de indicar, usar y autorizar la dispensación de todos aquellos medicamentos no sujetos a prescripción médica, prevista en el párrafo segundo del artículo 79.1. Con ello se mantiene que el artículo 2.2 del Real Decreto 954/2015 , sin cobertura legal para ello y vulnerando el principio de jerarquía normativa, impone la necesidad de acreditación previa. La respuesta a este vicio tiene que ser claramente desestimatoria. Como bien pone de manifiesto la Abogacía del Estado en el escrito de contestación a la demanda, esta Sala ya ha tenido ocasión de dar respuesta a la problemática que se nos suscita. En la sentencia dictada el día 26 de junio de 2015 (recurso de casación número 2936/2013 ) anulamos los artículos 2 y 3 de la norma reglamentaria balear que regulaba la actuación del personal de enfermería en el ámbito de la prestación farmacéutica del sistema sanitario público (Decreto 52/2011, de 20 de mayo ) en la media en que no incluyen la «acreditación» de los enfermeros para usar, indicar y autorizar la dispensación de medicamentos no sujetos a prescripción médica. Afirmábamos que esa norma reglamentaria incurrió en omisión al no incluir la exigencia legal de acreditación para la dispensación de medicamentos no sujetos a prescripción médica, si bien con referencia al artículo 77.1. párrafo último, de la Ley 29/1996, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de medicamentos y productos sanitarios, en la redacción dada por la Ley 28/2009, de 30 de diciembre. No obstante, la redacción de ese precepto es la misma que el vigente artículo 79.1 de Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio. Reiteramos y trascribimos ahora ese criterio para rechazar este motivo de nulidad: «CUARTO.- Estimado el motivo anterior, casada la sentencia, y situados en la posición que nos coloca el artículo 95.2.c ) y d) de nuestra Ley Jurisdiccional , nos corresponde, seguidamente, resolver dentro de los términos en que aparece planteado el debate. La acreditación que ha de realizar el Ministerio de Sanidad al personal de enfermería, con la participación de las organizaciones colegiales correspondientes, tiene efectos en todo el Estado para los enfermeros y fisioterapeutas, respecto de los medicamentos sujetos, o no, a prescripción médica, como se deduce del artículo 77.1, párrafo último, de la ya citada Ley 29/2006 , tras la modificación mediante Ley 28/2009, de 30 de diciembre. Repárese que el mentado artículo 77.1 párrafo último, señala que el Ministerio «acreditará con efectos en todo el Estado, a los enfermeros para las actuaciones previstas en este artículo», es decir, tanto para los medicamentos sujetos a prescripción médica como los que no lo están. En este sentido, la disposición adicional duodécima de la misma Ley 29/2006 establece el plazo de un año, para que el Ministerio de sanidad establezca la relación de medicamentos que puedan ser usados o autorizados para estos profesionales, así como las condiciones específicas en las que los pueden utilizar. Esta acreditación se regula, también, en el artículo 1, apartado c), del Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre , sobre receta médica y órdenes de dispensación, pues se dispone que la orden de dispensación a que se refiere el artículo 77.1 de la Ley 29/2006 , es el documento mediante el que los enfermeros «una vez hayan sido facultados individualmente mediante la correspondiente acreditación», indican o autorizan la dispensación de medicamentos y productos sanitarios en general. Y en la disposición adicional quinta cuando establece que han de incluirse en la orden de dispensación los «datos personales del enfermero/a acreditado/ a para la indicación o autorización de la dispensación.». QUINTO.- Así se infiere, insistimos, del artículo 77. 1 párrafo último, cuando señala que el Ministerio «acreditará con efectos en todo el Estado, a los enfermeros para las actuaciones previstas en este artículo». Es decir, tanto las órdenes previstas en los párrafos segundo y tercero de dicho artículo 77.1, que se refieren a las órdenes de dispensación, respectivamente, de medicamentos no sujetos y sujetos a prescripción médica. Y, el artículo 1, apartado c), del Real Decreto 1718/2010 tampoco hace distingos al respecto, pues dicho real decreto regula el supuesto a que se refiere el párrafo segundo del citado artículo 77.1 de la Ley 29/2006 , es decir, medicamentos no sujetos a prescripción médica. Cuando se soslaya, por tanto, dicha exigencia sobre la «acreditación», legal y reglamentariamente impuesta, la norma impugnada en la instancia nace viciada de nulidad porque establece una regulación distinta a la establecida por la Ley 29/2006 y RD 1718/2010. Y esa diferente regulación en el Decreto impugnado, respecto del marco jurídico de aplicación y al que se refiere su preámbulo o exposición de motivos, induce a confusión en su interpretación, impide su encaje natural en el ordenamiento jurídico, y resulta nociva para la seguridad jurídica.».

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