Política y Sociedad desde su puesta en marcha se han ahorrado más de 400 millones de euros

El Tribunal Constitucional avala las subastas de medicamentos de Andalucía

— Sevilla 15 Dic, 2016 - 6:47 pm

El Tribunal Constitucional ha avalado las subastas de medicamentos de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, según confirmó en la red social la presidenta del Gobierno de esta comunidad autónoma, Susana Díaz, pese a que el Alto Tribunal afirmó a Acta Sanitaria que la sentencia “no está ni notificada”.

Según indicó la máxima representante del Ejecutivo regional en relación con el aval dado por la mencionada instancia judicial a las subastas de medicamentos de Andalucía, con este fallo “pierde el Gobierno del PP”. Estas iniciativas de la Administración andaluza fueron recurridas en reiteradas ocasiones por el Gobierno en la anterior legislatura. “Ganan los ciudadanos y la Sanidad Pública”, manifestó Susana Díaz, así como, entre otros, el secretario general del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, José Muñoz, y la consejera de Igualdad de la Administración regional, María José Sánchez Rubio, también celebraron esta noticia en Twitter.

Hasta la fecha se han llevado a cabo una decena de subastas de medicamentos por parte de la Junta de Andalucía, produciéndose la última el 7 de noviembre de este año. Por su parte, el pistoletazo de salida a estos procedimientos se realizó en el mes de febrero del año 2012, con la primera subasta de medicamentos.

 

Pronunciamiento del consejero de Salud

aquilinoEn una intervención pública, después de que hubiera transcendido el fallo del Constitucional, el consejero de Salud, Aquilino Alonso, anuncio que el acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional (TC) lo fue “por unanimidad”. Alonso destacó la “gran satisfacción” del Gobierno andaluz por esta resolución del TC, que aún no había sido notificada de forma oficial a la Administración autonómica. Y añadió que “lo que hace es avalar lo que desde el principio manteníamos acerca de que la selección pública de medicamentos era constitucional y no invadía en ningún caso competencias del Estado”.

La sentencia, agregó Aquilino Alonso,”favorece a los andaluces, porque lo que se deja de gastar con la selección pública de medicamentos se invierte en asistencia sanitaria”. En este sentido, subrayó que desde la implantación del sistema el ahorro supera los 413 millones de euros, cifra que este año será de 150 millones. “Si se tiene en cuenta que construir un hospital de alta resolución cuesta 25 millones de euros, con lo ahorrado se podrían hacer seis centros de ese tipo”, señaló.

Para Alonso, el acuerdo “unánime” del Tribunal Constitucional es un “aval muy importante a la política del uso racional del medicamento y para la sostenibilidad del sistema sanitario público andaluz”.

Comunicado de la Consejería de Salud

Conocida la decisión constitucional, la Consejería de Salud difundió el siguiente comunicado:

– Andalucía valora positivamente esta decisión de los miembros del Tribunal Constitucional, si bien aún no ha sido notificada de forma oficial a la Administración autonómica. De confirmarse en todos los términos que se están conociendo en las últimas horas por diferentes fuentes, significa ratificar lo que la Junta de Andalucía viene defendiendo desde la aprobación del Decreto Ley de Medidas Urgentes en Farmacia en diciembre de 2011 y la posterior convocatoria de la primera selección pública de medicamentos en febrero de 2012.

– La medida andaluza, por tanto, es una medida legal y plenamente constitucional, sin invadir competencias del Estado.

– Hay que recordar que el Gobierno de España ha puesto todos los obstáculos posibles a esta medida de eficiencia desde su implantación, llevándola ante el Tribunal Constitucional en dos ocasiones y contra la que ha planteado numerosos recursos para su paralización. Han sido más de 50 los procedimientos judiciales presentados por parte del Estado por la vía Constitucional y contencioso-administrativa contra esta medida de eficiencia de la Consejería de Salud, sin haber conseguido paralizarla.

– Es hora de que el Gobierno del PP reconozca públicamente la legalidad de esta medida y que los miembros de su partido en Andalucía rectifiquen en sus numerosas críticas a esta medida.

– De manera incoherente, el mismo Gobierno central ha querido implantar un mecanismo similar a la selección pública de medicamentos de la comunidad autónoma andaluza que, bajo la denominación ‘Sistema de Precios Seleccionados’, perseguía los mismos objetivos de eficiencia que la medida andaluza.

– La selección pública de medicamentos de Andalucía se desarrolla en el marco de la Ley de Farmacia de Andalucía y cumple con la Ley estatal de garantías y uso racional de medicamentos. Asimismo, se rige por las leyes del comercio. Permite dispensar en las farmacias los medicamentos prescritos libremente por los facultativos y autorizados por la Agencia Española de Medicamentos.

– Hay que poner en valor que esta estrategia, además de un importante ahorro para el sistema sanitario público andaluz sin mermar la calidad del servicio prestado a los ciudadanos, permite que los usuarios tengan acceso siempre al mismo medicamento, con el mismo envase y la misma presentación, lo que facilita su identificación y, por tanto, la adhesión al tratamiento.

– Desde su implantación en 2012 hasta la fecha, se ha producido, gracias a las diez convocatorias de selección pública de medicamentos, un ahorro acumulado de alrededor de 413 millones de euros; por tanto, es una medida de uso racional del medicamento que contribuye de manera importante a la sostenibilidad del sistema sanitario público.

– Por todo ello, y a la espera de conocer los términos de la sentencia del Tribunal Constitucional, reiterar nuestra satisfacción por este aval definitivo a la constitucionalidad de la medida.