Derecho Sanitario sostiene que es "absurdo" mantener indefinidamente un cuerpo

El T. Supremo recuerda a los jueces que enterrar o incinerar los cadáveres es una prioridad

— Madrid 26 Mar, 2020 - 3:19 pm

La Sección sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que establece que, incluso “en el supuesto de muerte violenta, el juez competente tiene un deber claro e innegable de hacer cuanto antes todo lo necesario para que el cadáver sea enterrado o incinerado”, ya que “sería manifiestamente absurdo sostener que el ordenamiento permite mantener indefinidamente un cadáver sin enterrar ni incinerar”.

El fallo del órgano judicial se da en el contexto de un recurso presentado por una jueza contra el el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los hechos se remontan al 20 de enero de 2017, cuando la Comisaría de Policía de Mislata, en Valencia, tuvo noticia de la existencia de un cadáver en el interior de un vehículo, de lo que se informó al citado Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Mislata, entonces en funciones de guardia.

“La autopsia se practicó al día siguiente, concluyéndose que se había tratado de un suicidio por asfixia. En todo caso, a fin de descartar cualquier sombra de homicidio, las diligencias penales se prolongaron hasta el 27 de febrero de 2017, fecha en que se acordó el sobreseimiento provisional. Sin embargo, a pesar de la finalización de las diligencias penales, la jueza en cuestión no ordenó la inscripción de fallecimiento en el Registro Civil ni dio la correspondiente autorización para el enterramiento o incineración del cadáver hasta el día 24 de noviembre de 2017”, explica el Supremo.

En relación con estos hechos, el abogado de los hermanos del fallecido presentó denuncia por desatención contra la jueza ante el CGPJ, el cual estimó la denuncia. Por estos motivos, la magistrada presentó recurso, en el que argumentó “la pesada carga de trabajo que pesaba sobre el Juzgado, los sucesivos recursos promovidos por los hermanos del fallecido, que eran renuentes a hacerse cargo del cadáver; y la falta del debido impulso procesal por la Secretaría Judicial”.

Nueve meses después

“Nadie discute que desde el momento en que se acordó el sobreseimiento provisional de las diligencias penales hasta que se ordenó la inscripción del fallecimiento en el Registro Civil y se autorizó el enterramiento o incineración del cadáver transcurrieron nueve meses. El cumplimiento de tal deber no puede estar condicionado por la carga de trabajo del Juzgado o por la mayor o menor diligencia de la Secretaría Judicial: es algo que, precisamente porque los cadáveres no pueden quedar indefinidamente insepultos, tiene prioridad sobre prácticamente cualquier otra actuación que haya de realizar el correspondiente juez”, recoge la sentencia.

“En cuanto a la alegada actitud obstruccionista de los hermanos del fallecido, tampoco constituye justificación convincente del notable retraso en ordenar la inscripción de fallecimiento y autorizar el enterramiento o incineración del cadáver: habría podido y debido hacerlo, como muy tarde, cuando acordó el sobreseimiento provisional de las diligencias penales. Y si aun así los hermanos del fallecido hubiesen opuesto dificultades para hacerse cargo del cadáver, la cuestión habría sido ya otra distinta, consistente en llevar a puro y debido efecto lo acordado por la Juez, sin que a ésta se le pudiera reprochar desatención alguna”, argumenta el alto tribunal.

En el presente caso, en resumen, “la recurrente estaba indudablemente obligada a adoptar una decisión y no lo hizo tempestivamente, sin que nada se lo impidiese”. Por ello, la Sala decidió desestimar el recurso presentado por la jueza y le impone a pagar las costos “hasta un máximo de 1.000 euros por todos los conceptos”.

 

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