Tecnología e Investigación Según CSIF, la inversión para I+D asciende a 7.413 millones de euros

El Gobierno aprueba un decreto para facilitar la contratación ágil y estable de investigadores

— Madrid 8 Feb, 2019 - 5:29 pm

El Consejo de Ministros ha aprobado el decreto con medidas urgentes en materia de Ciencia, Tecnología, Innovación y Universidades, entre las que facilita la contratación ágil y estable de investigadores, un texto que, según Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), contempla una inversión de 7.413 millones de euros para I+D, lo que supone un incremento del 5 por ciento con respecto a lo asignado en 2018 e “inferior en un 23 por ciento a lo incluido en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2009”.

La batería de medidas, que incluye 10 cambios legislativos, persigue que los investigadores puedan centrarse en su trabajo de generación y transferencia de conocimiento y puedan así competir mejor a nivel internacional y captar talento investigador.

Sobre estos cambios normativos, el Ejecutivo apunta que atienden a la especificidad del sistema de I+D+i dentro del sector público y ayudarán a flexibilizar y mejorar el funcionamiento de los centros de investigación y las universidades. Las medidas se centran en reducir las cargas administrativas que dificultaban el desarrollo de los proyectos científicos, facilitar la contratación ágil y estable de investigadores, aumentar los medios para evitar retrasos en las convocatorias y otras medidas para mejorar la igualdad de oportunidades entre investigadores.

Entre las medidas para reducir los trámites y trabas burocráticas, el Real Decreto-ley sustituye la intervención previa en los Organismos Públicos de Investigación (OPI), recuperando la situación de 2014, el control financiero permanente, una demanda del personal investigador para mejorar el funcionamiento de estos organismos.

Contratar personal de forma indefinida

Además, dicho texto legislativo modifica la Ley de la Ciencia de 2011 para que los centros y universidades puedan contratar personal de forma indefinida con cargo a proyectos que tengan financiación específica. Esta medida, junto con la estabilización de 1.454 plazas temporales en OPI ya aprobada el 25 de enero, contribuirá a rebajar la temporalidad e inestabilidad de los científicos, en especial los jóvenes.

Otro de los cambios que introduce el Real Decreto-ley es que permitirá a los OPI elaborar informes-tipo anuales para todas las contrataciones previstas, lo que agilizará la gestión del reclutamiento de investigadores de carácter laboral.

Mediante esta aprobación del Consejo de Ministros, los centros de investigación y universidades podrán ejecutar contratos menores de servicios y suministros hasta importes de 50.000 euros con el mismo proveedor para distintas unidades, aunque anualmente se superen dichos límites con la suma total de los contratos.

Por otro lado, la nueva regulación permitirá a la Agencia Estatal de Investigación contar con más medios externos para reducir los plazos de comprobación de las subvenciones de proyectos de investigación. De esta manera, se busca liberar recursos para dedicarlos a la gestión de las convocatorias.

Más recursos humanos en investigación

Entre otras medidas más, el Real Decreto-ley recoge mejoras para los afectados por los préstamos Renta-Universidad, ya que solo los que sobrepasen los 22.000 euros anuales tendrán que comenzar a devolver el crédito, para lo que dispondrán de 15 años de plazo para devolverlo. Se prevé que esta medida podrá beneficiar a hasta 12.000 jóvenes que están pendientes de la devolución de los créditos, algunos de los cuales se han enfrentado a situaciones de impago.

Respecto a las dotaciones presupuestarias, la citada organización sindical apunta que “se sigue apostando por una política de préstamos, es decir, créditos que deben devolverse y que suelen quedarse sin ejecutar, frente a una política de subvenciones que va más directamente a los grupos científicos”.

Por otro lado, CSIF apunta que “la carga burocrática en las justificaciones de los proyectos I+D+i y la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público siguen dificultando la actividad investigadora y produciendo una reducción sistemática del grado de ejecución presupuestaria, que cayó hasta el 30 por ciento en el 2017”.

En consecuencia, este sindicato reclama más recursos humanos para la investigación y que se potencien los programas de los hospitales Ramón y Cajal y Juan de la Cierva. “El Gobierno debería afrontar con decisión el diseño de una carrera investigadora que permita la estabilización del personal investigador e implementar medidas más atractivas en los programas de captación y retención de talento”, detalla CSIF.

Retraso en la publicación del EPIF

Asimismo, esta organización critica “el incomprensible retraso” en la publicación del Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF) que “debería haber estado vigente ya a finales del 2018” y denuncia que, al final, “los investigadores en formación, unos 10.000 en Universidades y Organismos Públicos de Investigación, no tendrán derecho a indemnización al finalizar su contrato”.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el porcentaje destinado en España a la I+D+i en el 2017 fue del 1,2 por ciento mientras que la media europea estaba en el 2,07 por ciento del PIB y países como Francia o Portugal alcanzaban en el 2,25 y 1,67 por ciento respectivamente. “Se mantiene, por lo tanto, la brecha de inversión con respecto a la media comunitaria”, remarca CSIF.

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