Apunte del día Editorial

El Defensor del Pueblo ya no es lo que era en Sanidad

Carlos Nicolás

Después de haber analizado todo lo relacionado con la Sanidad en el último informe del Defensor del Pueblo, presentado la semana pasada en las Cortes Generales, queda patente que la institución ya no no es lo que fue; no sólo porque se han reducido a menos de la mitad las quejas recibidas sobre sanidad con respecto al ejercicio inmediatamente anterior (1.800 en 2013 y 743 en 2014), lo que mostraría una cierta falta de confianza en lo que puede esperarse, si no porque le fueron rechazadas cuatro de las cinco recomendaciones sobre sanidad presentadas a la Administración, signo de que ésta ya no le hace caso,  y, lo que nos parece más grave, en un momento en que la universalización de la asistencia sanitaria está en entredicho, la Defensora del Pueblo parece ignorarlo.

La Defensora del Pueblo ni ha sido capaz de determinar qué Administración es competente para decidir formalmente sobre las solicitudes y reclamaciones respecto a la aportación farmacéutica de cada usuario

Desde su inicio, y basta repasar la actuación de la Defensoría del Pueblo en sus memorias, la preocupación por la sanidad fue objeto de especial atención del calificado como Alto Comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas mediante la supervisión de la administración pública. No faltó una sola memoria en que, de manera reiterada, no hubiera un pronunciamiento claro sobre el proceso de universalización de la asistencia sanitaria. Y es que, desde el primer momento, hubo un posicionamiento patente a favor de que saliera adelante la Ley General de Sanidad, con la creación del Sistema Nacional de Salud y con el reconocimiento, en ella, de los derechos de los pacientes. Según los primeros representantes de la institución, hubo un enfrentamiento manifiesto con los responsables del primer ministerio de Sanidad socialista que, de acuerdo con sus propuestas electorales, debían hacer realidad la universalidad de la asistencia sanitaria contenida en la Constitución.

Preocupante silencio

Ahora, anulada de hecho la universalización por la legislación del gobierno del PP, la Defensora del Pueblo calla y otorga. Hasta el punto de que, como se cuenta explícitamente en la memoria, no ha sido capaz de determinar qué Administración es competente para decidir formalmente sobre las solicitudes y reclamaciones respecto a la aportación farmacéutica de cada usuario, o su derecho a la exención, aspectos sobre los que se dirigieron recomendaciones al Ministerio de Empleo y Seguridad Social y al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Y no se consiguió clarificación alguna y sí muchos inconvenientes.

En este contexto, no conviene pasar por alto, por su sentido positivo, la preocupación de la Defensora del Pueblo al haber detectado el acceso a historias clínicas de pacientes por parte de los alumnos de universidad que efectúan prácticas en centros sanitarios, con lo que se estaría vulnerando el derecho a la intimidad de las personas asistidas. Según cuenta el informe, se ha iniciado una actuación de oficio, todavía en trámite, ante el Ministerio de Sanidad, para que se elabore un protocolo o documento de consenso que defina las pautas de actuación sin menoscabar los derechos de los pacientes a la confidencialidad de sus datos e historia clínica.

En fin, que después de haber repasado la última memoria del Defensor del Pueblo, uno tiene la impresión de estar asistiendo a un sálvese quien pueda, pues la institución no puede ayudar a hacerlo. No debería extrañar que, al menos en lo que se refiere a sanidad, se diese por muerta la institución.

Carlos Nicolás

Director Editorial de Acta Sanitaria

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