Política y Sociedad Al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas de Madrid y Galicia

El Defensor del Pueblo formula nuevas recomendaciones para garantizar el derecho a la salud

— Madrid 28 Nov, 2019 - 4:21 pm

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha formulado nuevas recomendaciones al Ministerio de Sanidad en funciones y a las comunidades autónomas de Madrid y Galicia para proteger el derecho a la salud y garantizar la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos a ciertos colectivos vulnerables excluidos de la normativa vigente.

Francisco Fernández Marugán valora positivamente el Real Decreto Ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud (SNS), que reforzó la Sanidad Universal, ampliando la cobertura de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos a las personas extranjeras en situación irregular.

Sin embargo, las quejas recibidas en esta institución, y la actuación de oficio iniciada para hacer un seguimiento de la nueva norma, ponen de manifiesto que “la reforma urgente de la Ley de Cohesión y Calidad del SNS reguló de forma incompleta algunos aspectos que pueden afectar a varios colectivos de personas en situación de vulnerabilidad”.

El Defensor del Pueblo recuerda que “el derecho constitucional a la protección de la salud en España impone al SNS el deber de dar cobertura a todas las situaciones en las que haya un riesgo para la vida e integridad física de las personas”. Por este motivo, formula nuevas recomendaciones para reforzar el derecho a la salud de todos los ciudadanos.

Un procedimiento definitivo

Fernández Marugán recuerda a la cartera sanitaria del Ejecutivo que “el Gobierno debe aprobar, a la mayor brevedad posible, la norma reglamentaria que desarrolle un procedimiento definitivo para el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria para ciudadanos españoles y extranjeros”.

Además, esta institución considera “inadecuadamente regulada la situación de los ciudadanos extranjeros que residen en España en virtud de su vinculación familiar con un ciudadano español o comunitario. La legislación actual, refrendada este mismo año por el Tribunal Supremo, no les reconoce el derecho a la asistencia con cargo a fondos públicos, pues deben disponer de un seguro sanitario propio”.

En este colectivo hay personas de edad avanzada, que no desarrollan actividades laborales o lucrativas y que trasladaron su residencia a España para convivir con sus hijos e hijas. Se les presume una capacidad para atender a sus necesidades sanitarias que no siempre es real y, en ocasiones, se encuentran con muchas dificultades para suscribir una póliza sanitaria.

Convenio público de asistencia

El Defensor del Pueblo aconseja “hacer más asequible la suscripción del convenio público de asistencia sanitaria con los servicios de salud, que regula el Real Decreto 576/2013. Una flexibilización de los requisitos de acceso a ese convenio, exigiéndose menos de un año de residencia y disminuyendo la cuantía mensual a abonar para los mayores de 65 años, podría dar respuesta a este problema”.

Ante las quejas recibidas relacionadas con la Comunidad de Madrid y Galicia, Fernández Marugán reclama “a las correspondientes Consejerías de Sanidad que garanticen la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos a aquellas personas en situación de estancia temporal cuando se acredite unas circunstancias graves de necesidad y vulnerabilidad social”.