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El copago farmacéutico hospitalario: entre el engaño a los ciudadanos y el desprecio a los farmacéuticos

A las dificultades que para muchos pacientes supone el tener que ir a recoger sus medicamentos a los servicios de farmacia hospitalaria, el Ministerio ha añadido una nueva traba, la participación en su pago, lo que, de alguna manera, encierra un engaño a los ciudadanos y un desprecio a los farmacéuticos.

El hecho de sacar determinados medicamentos de las oficinas de farmacia para llevarlos a los hospitales a fin de ser dispensados en ellos tuvo un doble objetivo: por un lado, reducir costos, al quedarse el sistema con los porcentajes de la distribución y de la dispensación a través de oficinas de farmacia, y, por otro, dificultar el acceso a tales fármacos a muchos enfermos crónicos que debían trasladarse periódicamente desde sus residencias a unos lugares (los hospitales), normalmente más alejados que las oficinas de farmacia que, prácticamente, suelen tenerlas a mano. Si la primera razón podría ser económica, esta segunda era disuasoria pues, aunque no lo sepa la ministra Mato (que está excusada, incluso judicialmente, de no enterarse de lo que ocurría en su casa), hay pacientes que viven a muchos kilómetros de distancia de su hospital de referencia, a donde deben ir a retirar sus fármacos.

 

Debe suponerse que si, en su día, se decidió llevar estos medicamentos a los hospitales sería para equipararlos en su uso a los que se administran en los propios los centros; es decir, que por su indicación, y no por el precio, deberían tener la misma consideración los medicamentos de dispensación y los de uso hospitalario. Cualquier otra distinción entre ambos es un engaño a los pacientes.

 

En esas estábamos cuando, por sorpresa y sin los preparativos adecuados, el Ministerio de Sanidad de saca una norma imponiendo el copago de los fármacos de dispensación hospitalaria, sin aclarar si el 10 por ciento de la aportación debe realizarse sobre el precio de venta al público (PVP) o sobre el precio de venta de laboratorio (PVL), que al que lo compra la Administración. (Eso sí, hasta 4,20 euros de máximo, que da para más de un cafelito como trató de ridiculizar el consejero Echaniz el copago impuesto a los pensionistas.

 

Pues bien, ahora se ha impuesto una traba más a estos fármacos que todo el mundo considera esenciales para las enfermedades a tratar. Podría haberse pensado que, ya que debe pagarse por ellos, se hubiera optado por acercarlos a los pacientes, devolviendo su dispensación a las oficinas de farmacia, con lo que los pacientes se ahorrarían el costo de su desplazamiento al hospital y la administración, el de la retribución de los dispensadores. Además, se respondería a lo que, en estos días, acaban de manifestar dos líderes sanitarios del Partido Popular (PP), Manuel Llombart, consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana, e Ignacio Echaniz, responsable de política sanitaria del PP, además de consejero de Castilla La Mancha: la importancia de la proximidad en la asistencia sanitaria.

 

Carlos NicolásEn fin, una cosa son los dichos y otra, los hechos. Y la política sanitaria del PP parece orientada a profundizar las desigualdades entre los ciudadanos. Hasta el punto de que enfermar sólo pueda ser una cosa de ricos.


Carlos Nicolás Ortiz (carlosnicolas@actasanitaria.com) es editor de Acta Sanitaria

 

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