El Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid ha presentado un total de 165 enmiendas al articulado del Proyecto de Ley de Farmacia regional, entre las cuales destaca la supresión del aparatado k) del artículo 8.2, sobre la asistencia farmacéutica a domicilio.
La Comisión de Sanidad de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha aprobado este texto en el que sale en defensa de la Sanidad Privada y aporta datos sobre la actividad que desarrolla en España, y en el que alerta sobre las consecuencias que podría tener para el Sistema Nacional de Salud prescindir del sector privado, en respuesta al proyecto de Presupuestos Generales del Estado de PSOE y Podemos.
Unidos Podemos y PSOE han llegado a un acuerdo sobre el modelo de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 que someterán a votación por parte del resto de grupos parlamentarios y que incluye, entre otras cuestiones, la primera eliminación de copagos farmacéuticos a los colectivos más vulnerables y la creación de una Comisón para revertir la privatización de la Sanidad Pública.
El Congreso de los Diputados recoge en su Diario de sesiones plenarias, correspondiente a la efectuada el 26 de junio, el punto del día relativo a la votación por los grupos parlamentarios del apoyo a la Proposición de Ley para Regular la Eutanasia en España propuesta por el partido socialista (PSOE).
Proposición de Ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida, que fue presentada por el PSOE en el Congreso de los Diputados este viernes, 17 de febrero. La misma expone que el objetivo es «regular los derechos que en relación a la atención sanitaria corresponden a las personas en el proceso final de su vida y garantizar el pleno respeto de su libre voluntad en la toma de las decisiones sanitarias que les afecten en dicho proceso».
Como ya hiciera el grupo parlamentario Unidos Podemos con su proposición de ley de la eutanasia, ahora el PSOE ha presentado en el Congreso una ‘Proposición de ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida’, «para garantizar la muerte sin dolor y con dignidad y el amparo jurídico a los profesionales», según expresa el propio grupo.
El PSOE ha comenzado la legislatura como acabó la anterior, ya que registró una Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados, concretamente en su recién conformada Mesa presidida por la exministra de Fomento y Sanidad, Ana Pastor, reclamando nuevamente la universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública.
El pacto firmado por el PSOE y Ciudadanos incluye «restablecer la universalidad de la cobertura del Sistema Nacional de Salud», sin abordar la derogación del Real Decreto 16/2012; «converger hacia una cartera común de servicios para toda la ciudadanía», reforzando el papel del Consejo Interterritorial del SNS; y mantener la titularidad de los centros y servicios sanitarios, «sin perjuicio de que el sector privado pueda desarrollar un papel complementario», entre otros aspectos.
El Partido Socialista (PSOE) ha dado a conocer su programa para la formación de un gobierno progresista y reformista en el que, entre otros aspectos, se dedica un apartado a reconstruir y modernizar el Estado de Bienestar para lo que anuncia un Pacto Sanitario y el desarrollo de una política de eficiencia y ahorro en el gasto farmacéutico.
Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública. La misma fue presentada en el Congreso de los Diputados el miércoles, 13 de enero, y tras manifestar el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que «garantizar la universalidad de la Sanidad pública no puede esperar un minuto más». En este contexto, la proposición de Ley señala que «repone la situación jurídica previa a la promulgación del Real Decreto 16/2012».
Comparecencia el día 15 de octubre ante la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, para informar, entre otros asuntos, sobre las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno en relación con el virus del Ébola. A petición propia.
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