La Unión Europea (UE) ha hecho público recientemente el documento ‘Coste de la exclusión sanitaria. El caso de los inmigrantes en situación irregular’, informe de su Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) que demuestra a sus Estados miembros que dar atención sanitaria a este colectivo de personas “puede generar ahorros”.
Acta de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados (25.3.2015) con proposiciones no de ley como la protagonizada por la cobertura del tratamiento de los inmigrantes indocumentados que están infectados por el VIH, y la de actualización de la estrategia en salud mental del Sistema Nacional de Salud (SNS). Mientras la primera fue realizada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, la segunda fue presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Tras dos años de la entrada en vigor del Real Decreto 16/2012, Médicos del Mundo ha presentado el informe “Derribemos el muro de la exclusión sanitaria”, que documenta la situación en la Comunidad desde la entrada en vigor de la norma y que destaca que, según los datos más recientes correspondientes a junio de 2013, 39.099 personas carecían de derecho a la asistencia sanitaria.
La exclusión del colectivo de inmigrantes en situación irregular en España de la asistencia sanitaria dificulta “siempre o con frecuencia” la práctica al 37 por ciento de médicos expertos en enfermedades infecciosas, según ha evidenciado un estudio llevado a cabo por el Grupo de Estudio del Sida (GeSida), de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC).
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y los defensores autonómicos han presentado el estudio “Las urgencias hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud: derechos y garantías de los pacientes”, del que se concluye que las frecuentes situaciones de saturación de estos servicios llevan al “menoscabo de la dignidad de los pacientes”, que existe la necesidad de definir la especialidad médica de urgencias y que es obligatorio garantizar la continuidad asistencial, más allá del alta en los servicios de urgencias, a todas las personas, independientemente de su nacionalidad y situación legal.
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