El Comité de Bioética de España (CBE) ha aprobado el ‘Informe sobre el Borrador de Carta de Derechos Digitales‘, en el que señala que, “en el ámbito de los datos de salud, debe promoverse un modelo asentado en el principio de responsabilidad y solidaridad”.
Ante la inminente llegada a España de la vacuna frente al coronavirus, el Comité Científico sobre la Covid-19 del Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) ha elaborado un informe que contiene recomendaciones sobre esta vacuna y que muestra, entre sus conclusiones, que, “pese a la alta efectividad esperada de la vacuna, se tardará mucho en conseguir la tasa estimada de población inmune necesaria para batir la pandemia”.
El Comité CEL de Logística Sanitaria ha presentado un informe con recomendaciones para mejorar la eficiencia y garantizar la cadena de suministro ante la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 y emergencias futuras, un documento con el objetivo de promover la colaboración entre los distintos actores e incrementar el apoyo para establecer acuerdos y estrategias que garanticen la calidad y el nivel de servicio logístico para el sector sanitario.
El Comité Científico del Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) sobre Covid-19 (CCI-Covid-19) ha elaborado un informe con las principales recomendaciones sobre el confinamiento, como estrategia de Salud Pública, en el que concluye que, “según las referencias de estudios nacionales e internacionales, las medidas de confinamiento limitadas por áreas geográficas o por grupos poblacionales pueden tener tanta o más eficacia que los confinamientos globales, masivos e indiscriminados”.
El Comité Asesor para la Financiación de la Prestación Farmacéutica (CAPF) del Sistema Nacional de Salud (SNS) ha elaborado un documento de consenso acerca de la necesidad de reformar el sistema actual del copago sobre los fármacos, en el que se plantea que “del copago deben quedar exentos los grupos de población más vulnerables” y que este se debe reducir en el caso de medicamentos para enfermedades graves y crónicas.
El Comité Asesor para la Financiación de la Prestación Farmacéutica del Sistema Nacional de Salud (CAPF), liderado por Félix Lobo, que es colaborador de Acta Sanitaria, ha elaborado un documento de consenso sobre “criterios y procedimientos de fijación de precios y financiación de nuevos medicamentos e indicaciones en un procedimiento comprensivo de evaluación y posicionamiento”.
En su reunión del pasado 30 de septiembre, el Comité de Bioética de España (CBE) aprobó por unanimidad el informe sobre “el final de la vida y la atención en el proceso de morir, en el marco del debate sobre la regulación de la eutanasia: propuestas para la reflexión y la deliberación”, en el que, entre otros aspectos, expone que “existen sólidas razones sanitarias, éticas, legales, económicas y sociales, para rechazar la transformación de la eutanasia y/o auxilio al suicidio en un derecho subjetivo y en una prestación pública”.
El Comité Asesor para la Financiación de la Prestación Farmacéutica del Sistema Nacional de Salud (CAPF), liderado por Félix Lobo, que es colaborador de Acta Sanitaria, ha elaborado un documento de consenso sobre los Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPT) de los medicamentos en el Sistema Nacional de Salud (SNS), unos estudios que “constituyen una herramienta importante para la selección de los medicamentos entre las alternativas existentes”.
El Comité Asesor para la Financiación de la Prestación Farmacéutica del Sistema Nacional de Salud (CAPF), liderado por Félix Lobo, que es colaborador de Acta Sanitaria, ha elaborado un documento de consenso que contiene su propuesta de líneas estratégicas de trabajo 2020-2021 y que refiere una serie de temas que se considera preciso abordar a medio plazo para una mejora viable de las estrategias de precio y financiación de medicamentos.
El Comité de Empresa MIR, formado en un 75 por ciento por miembros de del sindicato médico madrileño Amyts, ya ha enviado a la Consejería de Sanidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid el borrador del convenio para los residentes, “un convenio histórico al tratarse el primero que se elabora en el país”, indican desde esta organización sindical.
El Comité de Bioética de España ha publicado su ‘Informe sobre los aspectos bioéticos de la priorización de recursos sanitarios en el contexto de la crisis del coronavirus‘, en el que muestra su preocupación ante determinadas propuestas que recurren a la “utilidad social” como criterio principal de priorización en la asistencia.
El Comité de Nutrición y Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría (AEP) ha elaborado un documento que incluye una serie de recomendaciones sobre dietas vegetarianas, con el objetivo de evitar “las carencias alimenticias” que este tipo de dietas pueden suponer en la infancia y juventud.
El Comité de Bioética de España (CBE) ha publicado un informe sobre el derecho de los hijos nacidos de las técnicas de reproducción humana asistida a conocer sus orígenes biológicos, que aborda, entre otros asuntos, “la importancia de conocer el propio origen”, así como “la reforma legal sobre la protección de la infancia de 2015 y su impacto en el régimen actual del anonimato”, y el “marco legal actual sobre el anonimato en la donación de gametos en España”.
En esta memoria se recogen las actividades del Comité de Seguridad de Medicamentos de la AEMPS, que en conjunto trató seis temas en 2018. La mayoría de ellos fueron relativos a la evaluación de problemas de seguridad para los que el Comité realizó recomendaciones específicas a la AEMPS. También se recogen otros temas informativos tratados, no relacionados con la evaluación de problemas de seguridad.
El Comité de Bioética de España ha recomendado no respaldar el protocolo adicional al Convenio de Oviedo en el que desde 2013 viene trabajando el Comité de Bioética del Consejo de Europa, que se refiere a los derechos humanos y la dignidad de las personas con trastornos mentales con respecto a los internamientos y tratamientos involuntarios, y que el organismo español considera que «se separa de los principios de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y consagra una discriminación de trato en función de la discapacidad psicosocial».
Memoria de actividades del Comité de medicamentos de uso humano (CSMH) de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) en 2017, que muestra que, en conjunto, el CSMH trató 12 temas, todos ellos relativos a aspectos incluidos dentro de su ámbito de actuación. Se muestran los asuntos tratados en el CSMH, la mayoría de ellos relativos a la evaluación de problemas de seguridad para los que el CSMH realizó recomendaciones específicas a la AEMPS. También se recogen otros temas informativos tratados, no relacionados con la evaluación de problemas de seguridad.
El Comité de Bioética de España ha acordado, en su última reunión plenaria, por unanimidad de los vocales presentes, aprobar un informe sobre la necesidad de adaptar la legislación española a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de 13 de diciembre de 2006 de Naciones Unidas (ONU)
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha publicado este jueves, 13 de julio de 2017, la ‘Memoria anual del Comité de Seguridad de Medicamentos de Uso Humano’ relativa al año 2016. Según expone este organismo regulatorio de ámbito nacional, el 28 de junio se renovaron los miembros de este órgano.
Informe elaborado por el Comité de Bioética en el que desgrana los aspectos éticos y jurídicos de la maternidad subrogada, en el que concluye que “no puede aceptarse por principio” y en el que recomienda “promover a nivel internacional un marco común regulatorio que prohíba la celebración de contratos de gestación, en garantía de la dignidad de la mujer y del niño”.
El Comité de Bioética de España (CBE), en su reunión del Pleno del pasado día 7 de marzo, ha aprobado un informe sobre los dilemas ético-legales derivados de la financiación pública de la profilaxis pre-exposición (PrEP) como nueva estrategia para la prevención del VIH. En el documento concluyen que sí que debe existir una finaciación pública pero que debe acompañarse del fomento de otras medidas dirigidas a la lucha contra el riesgo de transmisión sexual del VIH.
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