Derecho Sanitario Por el Tribunal Supremo

Desestimado el recurso de Enfermería sobre el decreto de competencias enfermeras

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso que interpuso el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España contra el artículo 42, apartado 7, del Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, de competencias enfermeras por insuficiencia de «rango normativo».

En este proceso se discutía sobre la suficiencia, desde el punto de vista normativo, de un Real Decreto para tratar las competencias profesionales de los enfermeros. En su sentencia, el Tribunal Supremo resalta que se trata de «una cuestión de derecho interno sobre la que no es precisa la interpretación del Tribunal de Justicia».

«El Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermeros ha promovido el presente incidente de nulidad de actuaciones contra nuestra sentencia n.º 300/2019, de 7 de marzo. El único argumento en que fundamenta su pretensión es el que descansa en la sentencia del Tribunal Constitucional n.º 37/2019, de 26 de marzo», explica el mencionado organismo judicial.

Se trata de la que estima el recurso de amparo n.º 593-2017 interpuesto por la Administración General del Estado por inaplicar la normativa española sin haber planteado la Sección Tercera de esta Sala cuestión prejudicial respecto de la compatibilidad del Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, por el que se desarrolla la metodología para la fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social, con el artículo 3.2 de la Directiva 2009/72/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas para el mercado interior de la electricidad.

Razón de la estimación del amparo

«La razón de la estimación del amparo radica en que las sentencias en que se apoyó el Tribunal Supremo para aplicar la doctrina del acto aclarado no recayeron en asuntos idénticos al que estaba enjuiciando, tal como exige la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Nuestra sentencia n.º 300/2019 no considera necesario plantear cuestión prejudicial, tal como solicitaba la recurrente, porque entiende que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha dado respuesta al extremo relevante en su sentencia de 21 de septiembre de 2017 (asunto C- 125/16 ), en un asunto poco alejado de éste», añade.

«Debemos desestimar el incidente de nulidad pues, ciertamente, pretende replantear el debate entablado entre las partes y resuelto por la sentencia cuya nulidad se pretende. Debe tenerse presente que la Sala resolvió motivadamente en ella sobre todos los extremos suscitados y, también, sobre si procedía o no plantear cuestión prejudicial. No es causa de nulidad haber procedido así y la sentencia del Tribunal Constitucional n.º 37/2019 , y la posterior en el mismo sentido n.º 46/2019 , no llevan a una solución contraria», determina.

Por otra parte, dicho Tribunal concluye que «no se dan en este proceso las circunstancias que sí concurrían en los asuntos conocidos por el Tribunal Constitucional: ni la interpretación del Tribunal de Justicia sobre la que se entiende que existe acto aclarado versa sobre una Directiva diferente a la tomada en consideración, ni se estableció en un supuesto alejado del que se ha tratado en este pleito».

De conformidad con el artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se «procede imponer las costas de este incidente a la parte que lo promovió», y de acuerdo con el artículo 139.4 de la Ley de la Jurisdicción, el Tribunal Supremo fija en 1.000 euros «la cantidad máxima a que pueden ascender por todos los conceptos legales».

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