Una víctima de torturas puede acogerse a la protección subsidiaria si corre riesgo en su país de origen

Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

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El Tribunal de Justicia la Unión Europea (TJUE) ha declarado que una persona que haya sido víctima, en el pasado, de tortura en su país de origen puede acogerse a la protección subsidiaria si corre un riesgo real de verse deliberadamente privada de un tratamiento adecuado a su estado de salud física o mental en ese país.

Una persona nacional de Sri Lanka, MP, llegó a Reino Unido como estudiante en enero de 2005 y en 2009 y presentó una solicitud de asilo. Alegó que había sido miembro de la organización Tigres para la Liberación de la Patria Tamil y que había sido detenido y torturado por las fuerzas de seguridad de Sri Lanka; además, aseguró que corría el riesgo de sufrir nuevamente maltrato si regresaba a su país de origen.

Las autoridades británicas denegaron la solicitud de asilo de MP y decidieron, asimismo, no concederle la protección subsidiaria basándose en que no había quedado probado que se hallase nuevamente amenazado en caso de regresar a su país de origen. Una Directiva de la Unión Europea establece las normas mínimas relativas a la protección subsidiaria con el fin de completar la protección internacional conferida por la Convención de Ginebra sobre los Refugiados.
Un Estado miembro puede autorizar la residencia en su territorio
La protección subsidiaria se concede a todo aquel que no goce del estatuto de refugiado pero se halle expuesto en su país de origen a alguna amenaza grave, como la pena de muerte, la tortura u otras penas o tratos inhumanos o degradantes, y a los beneficiarios de la protección se les concede una autorización de residencia de duración limitada. En cuanto a los nacionales de Estados no miembro de la Unión que no gocen de la protección subsidiaria, un Estado miembro puede discrecionalmente autorizarlos a residir en su territorio por compasión o por razones humanitarias, debiendo tenerse en cuenta que tales nacionales no están comprendidos en el ámbito de aplicación de dicha Directiva.

MP impugnó la decisión de las autoridades británicas ante el Tribunal Superior de Reino Unido aportando pruebas médicas de que presentaba secuelas de los actos de tortura sufridos en Sri Lanka y de que padecía un síndrome de estrés postraumático y depresión. El Tribunal confirmó la decisión de denegar a MP la protección subsidiaria por no considerar probado que siguiera amenazado en su país de origen. No obstante, dicho órgano jurisdiccional consideró que la expulsión de MP a Sri Lanka violaría el Convenio Europeo de Derechos Humanos debido a que allí no podría recibir un tratamiento adecuado para su patología psicológica.
Pregunta prejudicial
El Tribunal Supremo del Reino Unido, que conoció de este asunto en casación, pregunta al Tribunal de Justicia si un nacional de un Estado no miembro de la Unión que tiene secuelas de actos de tortura cometidos en su país de su origen pero que ya no corre el riesgo de sufrir maltrato en caso de regresar, puede acogerse a la protección subsidiaria basándose en que sus patologías psicológicas no podrían ser tratadas adecuadamente por el sistema sanitario de dicho país.

En su sentencia dictada, el TJUE considera, en primer lugar que, según el Derecho de la Unión, una persona que ha sido víctima en el pasado de actos de tortura cometidos por las autoridades de su país de origen, pero que ya no se halla expuesta a ese riesgo en caso de regreso a dicho país, no tiene derecho a la protección subsidiaria por ese mero hecho.

El magistrado sostiene que la finalidad del régimen de protección subsidiaria es proteger al individuo contra un riesgo real de daños graves en caso de expulsión a su país de origen, lo que implica que existan motivos fundados para creer que el interesado correría ese riesgo si fuese devuelto a dicho país. No sucede así cuando existan razones fundadas para considerar que los daños graves sufridos en el pasado no se repetirán o no continuarán.

No obstante, el Tribunal de Justicia señala que este litigio se refiere a un nacional de un país no miembro de la Unión que no sólo ha sido víctima en el pasado de actos de tortura por parte de las autoridades de su país de origen, sino que, pese a no correr ya el riesgo de sufrir nuevamente tales actos en caso de expulsión a ese país, sufre aún hoy graves secuelas psicológicas, consecuencia de esos actos de tortura pasados, que, según conclusiones médicas debidamente acreditadas, se agravarían significativamente, con grave riesgo de que el solicitante se suicidase si fuese expulsado a dicho país.
Reino Unido tendrá que decidir
El órgano judicial concluye que, aunque la causa del estado de salud actual del nacional de un país no miembro de la Unión, a saber, los actos de tortura a que fue sometido en el pasado por las autoridades de su país de origen, es un elemento pertinente, la agravación significativa de su estado no puede considerarse, en sí misma, un trato inhumano o degradante de dicho nacional en su país de origen.

A este respecto, el Tribunal de Justicia recuerda su jurisprudencia y declara en la sentencia que "el riesgo de deterioro del estado de salud de un nacional de un país no miembro de la Unión, sin que concurra una denegación deliberada de asistencia, no es suficiente para concederle la protección subsidiaria. Por consiguiente, el Tribunal del Reino Unido deberá comprobar, a la luz de toda la información actual y pertinente si en el presente asunto MP puede quedar expuesto, en caso de devolución a su país de origen, al riesgo de verse privado deliberadamente de tratamiento adecuado para las secuelas físicas o mentales de los actos de tortura perpetrados en el pasado por las autoridades de dicho país.