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Los colegios de las profesiones sanitarias podrían incurrir en responsabilidades penales

CLAVES DEL ENCUENTRO AMA SOBRE RESPONSABILIDADES JURÍDICAS EN EL SECTOR SANITARIO

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En un encuentro patrocinado por AMA Seguros, miembros de la Carrera Judicial y del ejercicio profesional del Derecho han analizado los cambios normativos relativos a la imputabilidad de delitos a las personas jurídicas, con la conclusión de que los colegios profesionales, como los de médicos, farmacéuticos o enfermeras, por ejemplo, podrían incurrir en responsabilidades penales como entidades jurídicas propias y no sólo las personas físicas que delincan en su seno.

El taller de AMA sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el sector sanitario, titulado ¿A quiénes afecta y cómo?, fue una de las sesiones más celebradas del XXIII Congreso Nacional de Derecho Sanitario de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), en atención a los contenidos expuestos y las altas responsabilidades de sus ponentes

Alfonso Tralledo Masó
Delitos no imprudencias
Tras una breve presentación por parte de la directora general adjunta y directora del Ramo de Responsabilidad Civil de la Agrupación Mutual Aseguradora (A.M.A.),  Raquel Murillo Solís, tomó la palabra el componente del despacho Bajo & Trallero Abogados, Alfonso Tralledo. El mismo analizó la cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas dentro del sector sanitario.

Empezó su exposición con la evocación del momento histórico del Derecho en el que no se podía juzgar los presuntos delitos de las personas jurídicas. Posteriormente, se empezaron a emitir sentencias contra estas entidades de forma vicaria, focalizando la pena en la persona física causante del delito. En cuando a las posibles causas, Tralledo citó el trafico de órganos, los ataques a la propiedad industrial o intelectual, la publicidad engañosa, las radiaciones ionizantes, el cohecho y el tráfico de influencias. Sin olvidar los delitos contra la salud pública a través de medicamentos o sustancias ilegales.

Antonio del Moral García Antonio del Moral García

A la hora de encausar a las personas jurídicas, el abogado explicó que se excluirán las situaciones imprudentes, siendo considerados delitos los casos en los que haya dolo (intencionalidad culpable).  Así mismo, el abogado coincidió con el fiscal que habló en último lugar al afirmar que los colegios profesionales podrían incurrir en responsabilidades penales, si estas entidades caen en malas manos. Como ejemplo de ello, comentó algunos casos judicializados por culpa de algunos procesos electorales muy problemáticos.
Cultura de la prevención del delito
En una charla trufada de bromas e ironías, el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Antonio del Moral García disertó sobre la evolución de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Tras confesar ser un ponente iconoclasta, opinó que el último cambio legislativo al respecto (LO 5/2010) ha servido para modificar la cultura de las empresas y entidades a la hora de evitar la comisión de delitos. Según su argumentación, las personas jurídicas no son personas físicas y no pueden arrogarse por tanto su capacidad efectiva para delinquir. Al no tener "huesos", ironizó, no pueden dar con ellos en la cárcel. Por contra, las empresas son mucho más sensibles al daño que los procedimientos pueden causar en su reputación.

José Manuel Maza Martín José Manuel Maza Martín

Finalmente, Del Moral concluyó afirmando que le Artículo 31 Bis considera que puede haber culpabilidad por parte de las empresas y personas jurídicas cuando no hayan demostrado tener una cultura preventiva del delito dentro de su organización.
Un policía judicial en cada empresa
El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo José Manuel Maza Martín aclaró aspectos esenciales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas desde las primeras aproximaciones jurisprudenciales disponibles. Antes de ausentarse por una vista en el Palacio de Justicia, relacionada con una persona investigada que quizás fuera Rita Barberá,  explicó que el legislador abrió la puerta a encausar a personas jurídicas con el objetivo de que estas adopten las medidas necesarias para evitar los delitos por parte de sus directivos y trabajadores. Es como si, teorizó, el Estado buscara que hubiera un policía judicial dentro de cada empresa para evitar los delitos antes de que ocurran.

Diego Murillo Diego Murillo

El juez definió el Derecho Penal como un instrumento de paz social mediante la estrategia del  "palo y la zanahoria", orientada a evitar las conductas delictivas. Por lo que la persona con pretensión de delinquir en el seno de una empresa deberá sentirse más cohibido cada vez para no cometer tales actos.
España versus EEUU
A diferencia de España, o Colombia, países que han adaptado su normativa legal sobre el procesamiento de entidades juridicas según las exigencias de la OCDE para combatir el delito a nivel internacional, en EEUU toda empresa sospechosa de tener personas cometedoras de un delito es automáticamente encausada, aunque luego se pueda negociar una salida que evite tener que asistir a juicio.

Raquel Murillo Solís Raquel Murillo Solís

Como empresas inimputables, el magistrado se refirió a las compañías fantasmas, pantalla y otras, que no son sometidas a juicio para no empantanar los procedimientos. No obstante, una empresa real sí es susceptible de ser encausada aunque siempre con las mismas garantías que las personas físicas. De entender el sistema judicial que ha habido una conducta de culpabilidad, esta será confirmada o no según la seriedad que haya observado dicha empresa y si adoptó o no mecanismos internos de control para evitar el delito en su seno. De igual forma, Maza Martín advirtió que, cuando una empresa investigada no colabore con la Justicia aportando las pruebas necesarias, el sistema legal las obtendrá de las personas que trabajen en ella. De la misma forma, será punible que cualquier directivo inmerso en un proceso derivado de posibles delitos en el uso de sus funciones, utilice los medios de defensa de la propia empresa para autoprotegerse.

Alejandro Luzón Alejandro Luzón
Colegios profesionales no exentos de responsabilidad
Por último, el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Alejandro Luzón Cánovas, transitó de la Circular 1/2011  a la 1/2016 de la Fiscalía General del Estado para aclarar algunas excepciones hechas al nuevo marco normativo. Por ello habló de los programas de cumplimiento normativo que introdujo la ley orgánica de 2010 (Nº5). Para delimitar el alcance de la responsabilidad jurídica, el art 31 Bis especifica en su apartado A, referido a los directivos de las empresas, que el delito será mayor cuanto mayor sea la responsabilidad de la persona que lo perpetre en la organización. Una razón por la que los Compliance officers lo tendrán más difícil para eludir sus responsabilidades de control, así como las empresas no deberán consentir la existencia de trabajadores descontrolados en su organigrama.

En cuanto a los colegios profesionales, que no se mencionan en el artículo 31 Bis de la ley de 2010, Luzón explicó que la Circular 1/2011 de la Fiscalía General del Estado elimina su exclusión de poder incurrir en responsabilidades jurídicas. Aun reconociendo su importancia social sancionada por la obligatoriedad de colegiarse, el fiscal estimó que no son entidades públicas, por lo que pueden ser procesadas en determinadas circunstancias, tales como aquellas acciones que vayan contra los derechos de los trabajadores, la discriminación, la revelación de secretos, los delitos fiscales y, muy especialmente, la comisión de delitos que reporten beneficios para el que delinque. No obstante, y a falta de una jurisprudencia suficiente, el fiscal concluyó con la afirmación de que la responsabilidad penal de personas jurídicas como los colegios profesionales se irá dirimiendo según la casuística.