Según recoge este texto jurídico, la procuradora Matilde Solsona Solaz, en representación de don Dionisio y otros, presentó, el 26 de mayo, escrito de demanda por vulneración de derechos fundamentales y solicitud de medidas inaudita parte, frente al "artículo" 8 de la Orden SND/1158/2020, de 2 de diciembre, por la que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas selectivas 2020 para el acceso en el año 2021, a plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) para las titulaciones universitarias de Grado/Licenciatura/Diplomatura de Medicina, Farmacia, Enfermería y ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física.
Por otro lado, este auto también hacer referencia a la Resolución de 19 de mayo de 2021, de la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, por la que se convocan los actos de adjudicación de plaza correspondientes a las pruebas selectivas 2020 para el acceso en el año 2021, a plazas de FSE para las titulaciones universitarias de Grado/Licenciatura/Diplomatura de Medicina, Farmacia, Enfermería y ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física, que establece el calendario y turnos de selección de plazas.
Competencia del TSJ de Madrid
"La Abogacía del Estado contestó y sostuvo la incompetencia de esta Sala y que se declarase la competencia de la Sala de este orden jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)", subraya, en su resolución, el Tribunal Supremo. El Ministerio Fiscal contestó y sostuvo "la incompetencia" de esta Sala y que se declarase la competencia de la Sala de este orden jurisdiccional de la Audiencia Nacional.En el mismo caso, ocurrido el año pasado, el Tribunal Supremo sí se pronunció porque, "en aquel recurso, esta Sala apreció su competencia porque el Ministro de Sanidad la dictaba como autoridad delegada del Gobierno".