En la sentencia, el magistrado declara que vulneraron el derecho del recurrente a no ser discriminado por razón de edad y discapacidad ya que, por ser mayor de 60 años le concedieron una plaza en una residencia de la tercera edad, sin posibilidad de recibir un tratamiento específico para su discapacidad. Por tanto, el juez considera que para evitar la discriminación, la Administración debería haberle proporcionado la asistencia adecuada en un centro especializado.La doctrina que recoge la sentencia se basa en que el padecimiento de una discapacidad constituye una circunstancia personal, que el artículo 14 de la Constitución protege frente a cualquier discriminación. La Consejería de Sanidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid establece la edad de 60 años como límite para la adjudicación de plazas en centros de atención a personas con discapacidad.
La Sala Segunda del TC concluye que se vulneró el derecho a la igualdad del demandante de amparo y declara la nulidad de todas las resoluciones dictadas, administrativas y judiciales. Asimismo, recuerda que en este caso no se plantea la posible inconstitucionalidad de la orden autonómica, sino la de "la negativa de las resoluciones aquí impugnadas para evitar la aplicación de la norma de exclusión".