El Consejo de Dentistas, satisfecho por la reducción de una sanción al Colegio de Dentistas de Álava

Por unas declaraciones efectuadas por la presidenta colegial

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El Consejo General de Dentistas de España ha mostrado su satisfacción ante la sentencia dictaminada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que reduce la "desmesurada" sanción que había impuesto el Consejo Vasco de la Competencia al Colegio de Dentistas de Álava y a su presidenta, la doctora Carmen Mozas, a colación de unas declaraciones efectuadas por la dirigente colegial en un medio de comunicación.

En la citada entrevista, la presidenta de los dentistas alaveses había manifestado el rechazo frontal de la organización colegial de dentistas a cuestiones como el uso de la publicidad engañosa dentro del sector odontológico, una práctica "utilizada en reiteradas ocasiones por determinadas franquicias y cadenas marquistas en todo el territorio nacional", según el Consejo de Dentistas.

Carmen Mozas fue denunciada por una de estas empresas, aunque en sus declaraciones la presidenta no citó el nombre de ninguna mercantil, y sancionada por el Consejo Vasco de la Competencia a 10.000 euros de multa, a la vez que se imponía una sanción de 250.000 euros al Colegio de Dentistas de Álava al entender que, con esas valoraciones, "se incumplía un acuerdo suscrito en 2015 entre Competencia y la propia organización colegial alavesa".

Sin embargo, esta sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco reduce de 250.000 a 9.000 euros la sanción impuesta al Colegio y anula la multa impuesta a Carmen Mozas, al entender “injustificada y desmesurada” esta cantidad y al considerar que la presidenta realizó unas apreciaciones “de escasa trascendencia y que no revelan una deliberada campaña” sino que se realizaron en “el ejercicio de las propias competencias y atribuciones colegiales, a las que no debe renunciar”.
La entidad colegial advierte de los riesgos de acuerdos transaccionales
El Consejo General de Dentistas, que asegura compartir este criterio, recuerda que los colegios oficiales tienen entre sus funciones la protección y defensa de los pacientes y, con ello, la obligación de ejercer la vigilancia necesaria para garantizar la ética en el ejercicio profesional, cuestiones que bajo ningún concepto pueden ser sancionables.

Al mismo tiempo, esta entidad colegial advierte sobre los riesgos de suscribir determinados acuerdos transaccionales que pudieran supeditar las decisiones colegiales a la valoración de un organismo o institución externa, puesto que considera que "siempre debe prevalecer la independencia de las organizaciones colegiales en el cumplimiento de sus funciones como corporación de derecho público en el marco de la legalidad vigente".