Condenada la Clínica Universidad de Navarra por información defectuosa de riesgos

Por el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad

Guardar

7QIMT5sE_400x400
7QIMT5sE_400x400
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSFN) ha condenado a la Clínica Universidad de Navarra, a su compañía aseguradora y a un médico a indemnizar con 250.000 euros a un paciente por la “defectuosa información” proporcionada sobre los riesgos que conllevaba una prueba para examinar y realizar una biopsia de los ganglios linfáticos.

En la sentencia, que es firme, la Sala de lo Civil y Penal del TSJN rebaja la cuantía de 844.828 euros establecida por un Juzgado de Pamplona, que apreció tanto "mala praxis médica como deficiente información", y ratificada posteriormente por la Audiencia de Navarra, que descartó la mala praxis pero confirmó que el consentimiento informado suscrito no explicaba el riesgo real al que se le sometía al paciente.

Al respecto, la Sala de lo Civil y Penal mantiene que “la defectuosa información ha privado al paciente de libertad de opción entre las diversas alternativas terapéuticas”, una situación que le conllevó a asumir “riesgos extraordinarios”. No obstante, los magistrados rebajan la indemnización concedida al argumentar que “no puede asimilarse la responsabilidad por mala praxis con la responsabilidad por defectuosa información”.

A juicio de este Tribunal Superior, se deben ponderar los daños que se derivan específicamente de la falta de información, ya que la relación de causalidad delimita la indemnización por infracción de un deber de conducta, cuya medida está en relación con su gravedad e imputabilidad.
Delimitar la indemnización
Para delimitar la cuantía de 250.000 euros otorgada, dicho Tribunal pondera el hecho de que era un paciente que recababa una segunda opinión y tratamiento, por lo que el deber de información debía ser “exhaustivo”. Sin embargo, la Sala descarta que el demandante hubiera sido debidamente informado de la gravedad del riesgo y concluye que el facultativo tomó “un riesgo desproporcionado” que debió asumir el paciente.

En septiembre de 2009, el demandante, diagnosticado en el Hospital General de La Palma, ingresó en la Clínica Universidad de Navarra para una segunda opinión y tratamiento en su proceso oncológico. Se le practicó una mediastinoscopia y, durante su ejecución, el 17 de diciembre sufrió una laceración de la arteria carótida común izquierda y, posteriormente, una trombosis que le originó un infarto cerebral. A consecuencia del mismo, se le declaró en estado de gran invalidez y se le reconoció una discapacidad del 85 por ciento.

Según consta en la sentencia, el paciente suscribió una hoja de consentimiento informado en la que le advertían de que las exploraciones de cirugía torácica son consideradas “de riesgo por la proximidad de las estructuras vasculares”. Además, la intervención contemplaba “un riesgo mínimo de mortalidad”. En su demanda, reclamó una indemnización por mala praxis médica y deficiente información sobre los riesgos.