Derecho Sanitario sobre la regulación de las cargas trabajo de jueces y magistrados

Desestimada la demanda contra el Consejo del Poder Judicial relacionada con la salud laboral

— Madrid 17 Sep, 2019 - 5:56 pm

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha desestimado la demanda de conflicto colectivo promovida por las cuatro asociaciones judiciales, Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria, Asociación Profesional de la Magistratura, y Foro Judicial Independiente, contra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Justicia y varias comunidades autónomas en relación con la regulación de las cargas trabajo de jueces y magistrados a efectos de salud laboral.

La sentencia declara «la competencia del orden jurisdiccional social para conocer el litigio, pero estima la excepción de inadecuación de procedimiento planteada por el CGPJ en cuanto que la impugnación de actuaciones administrativas de prevención de riesgos laborales, como en este caso, debe someterse al procedimiento administrativo, aun cuando se apliquen normas laborales», según informa el propio Consejo.

Este organismo señala que «el procedimiento adecuado para impugnar estas actuaciones administrativas es el de impugnación de actos administrativos en materia laboral», regulada en el art. 151 de la Ley reguladora de la jurisdicción social.

La citada sentencia indica que «el CGPJ, en su condición de órgano constitucional del Estado, no es ni puede ser una empresa, ni en el sentido técnico ni en el sentido no técnico, puesto que se trata del órgano de Gobierno del poder judicial, entre cuyas funciones constitucionales está la gestión del estatuto profesional de jueces y magistrados que incluye las cargas de trabajo de jueces y magistrados a nivel disciplinario, retributivo y de salud», señala el Consejo.

Deudor de seguridad

Por consiguiente, «el CGPJ es deudor de seguridad de jueces y magistrados, pero sus decisiones en esta materia, aun cuando aplique la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, tienen naturaleza administrativa, puesto que se ejecutan en el ejercicio de las potestades y funciones que le competente. El fallo, que cuenta con un voto particular, también explica que aunque se admitiera correcta la promoción de conflicto colectivo, se llegaría a la misma conclusión de inadecuación de procedimiento porque las pretensiones de la demanda no contienen un conflicto jurídico, sino un conflicto regulatorio o de intereses», concluye el Consejo General del Poder Judicial.

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