Política y Sociedad Por el Tribunal Constitucional

Anulada la ley valenciana que excluía a alumnos de la privada de las prácticas en la Sanidad Pública

— Madrid 5 Feb, 2019 - 5:17 pm

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por más de 50 Senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y, en consecuencia, declara inconstitucionales y nulos los términos “de titularidad pública” para las prácticas de estudiantes de titulaciones referidas al ámbito sanitario procedentes de universidades privadas, contenidos en el apartado 65 del artículo único de la Ley de las Cortes Valencianas 8/2018, de 20 de abril, de modificación de la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunidad Valenciana, que dio nueva redacción al apartado 2 del artículo 79 de esta ley.

La sentencia considera que dicho precepto “incurre en contravención con las competencias exclusivas del Estado en materias de educación y de bases de la Sanidad reconocidas en el artículo 149.1 apartados 30 y 16 CE, por este orden”.

El citado precepto dispone de modo expreso el deber de la Generalitat Valenciana, por medio de la Consejería competente en materia de Sanidad, de colaborar con “las universidades de titularidad pública”, a través del establecimiento de acuerdos entre las universidades y los centros de estudio de las instituciones sanitarias para garantizar la docencia práctica y clínica de las titulaciones que así lo requieran.

Además, el texto señala que “priorizará las impartidas en centros de titularidad pública”, en referencia a los centros de formación profesional no universitarios que, igualmente, impartan docencia sobre Ciencias de la Salud, con sometimiento a la aplicación de la normativa específica en materia de incompatibilidades.

Contradicción con la normativa básica estatal

Los recurrentes consideraban que el contenido de este artículo suponía “una infracción competencial del artículo 149.1 apartados 16 y 30 de la Constitución, en la medida en que podía contravenir los artículos 104 de la Ley General de Sanidad (LGS) y 11 y 12 de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS)”, entre otras normas estatales. Ello suponía, además, la vulneración de varios derechos fundamentales.

La sentencia, redactada por el magistrado Antonio Narváez, explica que “la normativa estatal se refiere de modo genérico a las universidades, sin distinción alguna entre unas universidades y otras”. En cambio, detalla que “la norma legal valenciana únicamente impone este deber de colaboración del Ejecutivo de la comunidad respecto de las universidades de titularidad pública, sin mencionar de modo expreso a las privadas”.

En consecuencia, el Tribunal Constitucional subraya que “existe una contradicción entre la normativa básica estatal y el precepto legal autonómico impugnado, ya que aquella no sólo no hace distinción entre unas y otras universidades, sino que en la propia regulación complementaria del régimen de concertación alude de modo expreso a las universidades privadas para establecer los vínculos de relación entre aquellas y las instituciones sanitarias integradas en el Sistema Nacional de Salud (SNS), a través de la figura del convenio”.