Punto de vista

De la clasificación farmacéutica de los ciudadanos españoles

En un planteamiento totalmente injusto, por discriminatorio, el gobierno ha decidido clasificar a los ciudadanos españoles (dividirlos por clases y subdividirlos por categorías) de acuerdo con sus recursos económicos y conforme a su situación laboral, a fin de que contribuyan al sostenimiento del Sistema Nacional de Salud (SNS) con sus aportaciones económicas a la hora de conseguir los medicamentos con recetas del Seguro. Hubiera sido más lógico, a la hora de pensar en las prestaciones asistenciales, en diferenciar las enfermedades y no a los ciudadanos.

Dado que estamos ante una medida insólita (una nueva clasificación de las personas), vamos a asistir a un experimento de difícil implantación y de resultados imprevisibles, por más que no se sabe quién ha echado las cuentas sobre lo mucho que se va a recaudar o a ahorrar el sistema sanitario público.

 

A la hora de la implantación de la medida anunciada, deberán clarificarse aspectos como quiénes van a ser los privilegiados que van a conocer las diferentes especies de ciudadanos, de acuerdo con su capacidad económica y, en consecuencia, quiénes se van aprovechar de tales datos para sus negocios no sanitarios o sanitarios complementarios. A no ser que, como parece insinuarse, tales datos íntimos, los de Hacienda, entre los que figura hasta la adscripción religiosa, vayan a figurar en la  tarjeta sanitaria, para lo que debería comenzarse a pensar en la unificación de las existentes y, en los dos meses de elaboración anunciados por los responsables, sólo puede darse a la luz otra chapuza más.

 

Fin disuasorio

 

A la vista de que los promotores de la medida aseguran que se trata de una medida disuasoria, más de un enfermo (especialmente, de los menos pudientes) optará por no acceder a los medicamentos, con lo que se ha conseguido el objetivo, al menos en relación con la factura de medicamentos a través de oficinas de farmacia, que parece que es lo que importa y sobre lo que se van consiguiendo resultados progresivos, ya que en apenas tres años se ha pasado de facturar 13.000 millones de euros al año a 10.500 millones. Y no importa lo que consuma el paciente cuando, agravada su enfermedad, acuda a la asistencia hospitalaria, en donde, en siete años, el gasto farmacéutico ha pasado de 2.500 millones de euros anuales a 7.000 millones.

 

Fin didáctico

 

Si se trata de una medida didáctica, a fin de que los ciudadanos tengamos conocimiento de que los medicamentos tienen un coste y un precio, podría haberse optado por imponer una especie de copago único e igual para todos, reintegrable de manera inmediata en algunas de las oficinas de la Seguridad Social o de Hacienda, en donde saben absolutamente todo, o casi todo, de quienes no defraudamos y no se nos perdona nada. El proceso podría ser el siguiente: uno va a la farmacia, paga su medicamento o la parte establecida, siempre igual y única para todos, y con el recibo de la farmacia acudiría al organismo público para su reintegro. Es más, a final de año, cuando la declaración, se podrían ajustar las cuentas correspondientes.

 

Carlos NicolásEstoy en contra de una medida que, al igual que todas las que se hacen con fines clasificadores, buscan discriminar a las personas y ejercer un dominio sobre ellas. Y ésta, la clasificación farmacéutica de los ciudadanos españoles, forma parte de ellas.

 

Carlos Nicolás Ortiz ([email protected]) es periodista y editor de ‘Acta Sanitaria’

 

Acta Sanitaria