Política y Sociedad En defensa del espacio enfermero

Enfermería, en contra de la privatización del seguimiento farmacéutico de pacientes crónicos

La Mesa de la Profesión Enfermera, formada por el Consejo general de Enfermería (CGE) y el sindicato de Enfermería SATSE, ha puesto de manifiesto su oposición a “la mal llamada Farmacia Comunitaria” por considerarla una privatización del seguimiento farmacéutico, a través de la presentación de los resultados de un estudio, que muestran que tan sólo un uno por ciento de los pacientes crónicos y sus cuidadores aceptaría que un farmacéutico controlara su tratamiento a domicilio.

A la presentación de este posicionamiento y de estos datos acudieron el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya; su homólogo en el sindicato SATSE, Manuel Cascos; y David Álvarez, del Instituto Análisis e Investigación, encargado de realizar la encuesta y sus conclusiones.

Fue este último quien detalló los datos extraídos del estudio sobre la atención y seguimiento a las personas mayores de 55 años con enfermedades crónicas, que muestra, en primer lugar, que el grado de satisfacción con el profesional de la Enfermería cuando la persona acude a consulta es de 8,86 sobre 10.

Control de Enfermería y médicos

Además, el 90,3 por ciento se identifica con la frase “Creo que el control sólo debe estar en manos de médicos y enfermeros, que son los que conocen las enfermedades”, frente a la que afirmaba “Me parece bien que lo hagan los farmacéuticos ya que son los que despachan y conocen los medicamentos”.

De hecho, a la pregunta de quién debería hacer visitas a domicilio para controlar el tratamiento farmacológico de los pacientes crónicos, si dependiera del encuestado, el 74,3 por ciento afirma que las enfermeras o enfermeros, mientras que el 24,5 por ciento cree que “no son necesarias esas visitas, salvo en caso de mucha necesidad”. Sólo el 1,3 por ciento cree que deben encargarse las personas de las farmacias.

La encuesta de la Mesa Enfermera plantea también la conveniencia o no de que la Sanidad Pública financie estas visitas de los profesionales de la Farmacia a los domicilios, en vez de contratar a más profesionales de Enfermería para que se ocupe de esta cuestión. Los encuestados están en un 82 por ciento de los casos a favor de que se contrate a enfermeras. Además, un 45 por ciento rechaza que las farmacias conozcan mejor que médicos y Enfermería a los enfermos.

Reparar el daño de la crisis

Florentino Pérez Raya planteó como “grave situación” la “pretensión que tiene el Consejo General de Farmacéuticos” sobre “la mal llamada Farmacia Comunitaria”. El presidente del Consejo de Enfermería reflexionó sobre el impacto de la crisis en la Farmacia, un daño que “hay que repararlo de alguna forma” y que, en esta ocasión, cree que quiere hacerse “privatizando el sistema público de Sanidad”.

“No procede en absoluto”, razonó Pérez Raya, y recordó que la propia Ley del Medicamento prohíbe “que el prescriptor sea un agente sanitario que a la vez pueda vender el producto”. “No estamos en contra de que los farmacéuticos hagan lo que están haciendo hasta ahora,. que lo hacen muy bien”, advirtió.

Manuel Cascos denunció el “bombardeo incesante y claro” en favor de que los farmacéuticos puedan acudir a los domicilios de los pacientes para controlar su tratamiento para “realizar labores asistenciales como empresa privada”, ello con la “falsa excusa” de que no se consumen todos los medicamentos que se les prescriben.

Una forma de hacer negocio

La idea del Consejo General de Farmacéuticos es realizar un seguimiento farmacológico y labores de prevención que son “de médicos y de enfermeras”, y por ello “recibir compensación económica”. Esto supone, según Manuel Cascos, una “incitación al consumo de medicamentos”. “No venimos a colisionar con nadie”, aseguró el representante de SATSE, aunque sí a “defender con contundencia el espacio de los enfermeros y enfermeras”.

Se trata, a su juicio, de una estrategia “para hacer negocio y mejorar su facturación empresarial”, por lo que pidió a la ministra de Sanidad, Carmen Montón, y a los consejeros autonómicos “que no se presten a este fraudulento juego”. Por ello, anunció que para tratar este mecanismo de privatización de la labor asistencial se reunirán con estos organismos públicos, con la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) y con organizaciones de pacientes, además de con la Organización Médica Colegial (OMC), y advirtió una posible “impugnación judicial” en caso de que la Farmacia Comunitaria siga adelante.

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