Política y Sociedad las organizaciones sanitarias celebran esta nueva legislación

El Gobierno aprueba la declaración de la Covid-19 como enfermedad profesional en sanitarios

El Consejo de Ministros ha aprobado, en su reunión de este martes, 2 de febrero, un Real Decreto Ley en el que se incluyen medidas para establecer la consideración de enfermedad profesional de la Covid-19 para los profesionales sanitarios y sociosanitarios, a efectos de prestaciones, y no contingencia profesional derivada de accidente de trabajo.

De esta forma, el Ejecutivo explica que los profesionales que presten servicios en centros sanitarios y sociosanitarios que atiendan en el ejercicio de su profesión a enfermos contagiados por el virus SARS-Cov2 y hayan contraído el virus, “desde la declaración de la pandemia internacional por la Organización Mundial de la Salud (OMS) hasta que las autoridades sanitarias levanten todas las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria, tendrán las mismas prestaciones que la Seguridad Social otorga a los afectados por una enfermedad profesional”.

María Jesús Montero y José Luis Escrivá

Por tanto, “los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales deberán emitir el correspondiente informe donde se haga constar que la actividad profesional conlleva la atención a enfermos contagiados por el virus SARS-Cov2. Una vez acreditado el contagio se presumirá en todo caso que este se ha producido por atender a personas contagiadas por la Covid-19”, indican desde La Moncloa.

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, celebra esta decisión, que supone aceptar la recomendación que él mismo dirigió, el pasado mes de octubre, al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para que se reconociera la Covid-19 como enfermedad profesional en los sanitarios, en lugar de como accidente de trabajo.

Mayor protección social

“La calificación de enfermedad profesional otorga a los profesionales sanitarios la mayor protección social posible en caso de padecimiento de la citada enfermedad infecciosa, sobre todo para las secuelas a largo plazo (más de cinco años desde el contagio), algo que, a día de hoy, no debería descartarse”, explican desde esta institución.

En opinión del Defensor del Pueblo, “el personal que desempeña su actividad en centros sanitarios y sociosanitarios constituye la punta de lanza sanitaria frente a la pandemia. Por ello, es el colectivo de personas objetivamente más expuestas al riesgo de contraer la Covid-19 y el que tiene, de hecho, un mayor porcentaje de población contagiada”.

Francisco Fernández Marugán

Cobertura durante toda la vida

Por su parte, el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) aplaude el Decreto del Ejecutivo y apunta que “la diferencia entre enfermedad profesional  y contingencia profesional radica en que la enfermedad profesional tiene cobertura durante toda la vida del trabajador”.

Juan José Tirado

El presidente de esta corporación, Juan José Tirado, invita a que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) “asuma, con carácter retroactivo desde el inicio de la pandemia, los fallecimientos de profesionales por Covid-19 y la pensión de viudedad que se deriven por la consideración de enfermedad profesional, como expone el artículo 27 de la Ley General de la Seguridad Social”. 

El Consejo General de Enfermería aplaude la medida, así como su carácter retroactivo, ya que, “hasta ahora, en nuestro país, se han infectado más de 80.000 enfermeras”, resalta.

“Estamos muy satisfechos con la aprobación de esta medida y con el hecho de que no solo se aplique a partir de ahora sino desde el comienzo de la pandemia. No olvidemos que en la primera ola fue cuando nuestros profesionales estuvieron más expuestos ya que se enfrentaban a una enfermedad desconocida hasta ese momento y sin los equipos de protección necesarios”, incide el presidente de la organización enfermera, Florentino Pérez Raya.

La carga de la prueba

El sindicato médico madrileño Amyts recuerda que, desde febrero del año pasado, afirmaba que la Covid-19 es enfermedad profesional. “Así lo alertamos en cuanto conocimos que los contactos estrechos eran considerados como baja por contingencia común y no como periodo de observación de enfermedad profesional”, insiste.

“En la enfermedad profesional, la carga de la prueba recae sobre la empresa y es la empresa quien está obligada, de alguna forma, a demostrar si nos infectamos en el ejercicio de nuestra profesión y, además, está obligada a tener una vigilancia de la salud del profesional hasta el final de sus días. Punto fundamental considerando que este virus es desconocido y de evolución incierta y no sabemos qué consecuencias tendrá”, agregan desde Amyts.

“Exigir al profesional que pruebe que el contagio del virus no vino de causa ajena a la asistencia a los contagiados es situarle en obligación de prueba diabólica, desproporcionada, en las condiciones actuales de la asistencia”, expresa la Organización Médica Colegial (OMC), en un informe, del pasado mes de abril, en el que reclamaba el reconocimiento de la calificación de “enfermedad profesional” para los profesionales de la Medicina que hubieran sufrido contagio por la Covid-19.

Cuantía de la prestación

La medida aprobada este 2 de febrero por el Gobierno “supone que la consideración de enfermedad profesional comparta con el accidente la cuantía de la prestación económica, la responsabilidad de la mutua en su asistencia sanitaria y el recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad e higiene, establecidas en el artículo 164 de la Ley General de la Seguridad Social”, argumenta la OMC, que reitera su solicitud “para que la profesión médica sea declarada profesión de riesgo”.

“Después de que se reconociesen las bajas a consecuencia de la Covid-19 como accidente laboral, el paso lógico y necesario era que se considerase enfermedad profesional para que resulte posible acceder a determinados beneficios, como el de un incremento en la prestación económica percibida correspondiente al periodo de baja, así como recibir una mayor protección en caso de posibles recaídas y/o secuelas a consecuencia de haber padecido la enfermedad, entre otras cuestiones, y todo ello sin límite temporal, es decir, de por vida”, apuntan desde el Sindicato de Enfermería (SATSE).

Por otro lado, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) espera que “este reconocimiento como enfermedad profesional se aplique con efectos inmediatos, con carácter retroactivo, de oficio, a todos los contagiados hasta la fecha” entre el personal sanitario, que la propia organización cifra en más de 118.000, con 107 médicos fallecidos en el ejercicio de su profesión.

“Estaremos vigilantes para que esta medida se reconozca al conjunto del personal que trabaja en la Sanidad, incluido personal administrativo, de limpieza, celadores, entre otros. Además, seguiremos reivindicando que este reconocimiento se amplíe al conjunto de las personas trabajadoras que, por su actividad laboral, puedan estar expuestas al virus, tal y como marca el Real Decreto sobre enfermedades profesionales, como trabajadores/as de laboratorios, clínicas dentales, personal sociosanitario, ambulancias y centros penitenciarios”, remarcan desde este sindicato.