Derecho Sanitario declara, por primera vez, el derecho a no ser discriminado por razón de discapacidad

El Constitucional denuncia la discriminación de la Administración hacia un funcionario con Asperger

— madrid 25 Mar, 2021 - 3:38 pm

La Sala Primera del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo de un letrado de la Administración de Justicia con síndrome de Asperger, que fue sancionado por “incumplimiento reiterado de las funciones inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas”, lo cual supone “discriminación por razón de discapacidad”.

Tras un intento fallido de jubilación por incapacidad permanente del recurrente en amparo, instada de oficio, la Administración inició un procedimiento disciplinario, en el curso del cual el recurrente reveló padecer síndrome de Asperger y argumentó que las deficiencias que se le imputaban en el ejercicio de sus funciones se debían a que su discapacidad dificultaba su desempeño, “solicitando, por ello, ajustes razonables en su puesto de trabajo”, detalla esta instancia judicial.

La Administración “no dio respuesta razonable ni suficiente a dicha alegación, ni a la petición de ajustes razonables”, recoge la sentencia, que estima la pretensión de amparo del afectado. “Se declara, por vez primera, que el derecho a no ser discriminado por razón de discapacidad comprende el derecho a los ajustes razonables en el puesto de trabajo cuando estos no impongan una carga desproporcionada o indebida al empleador”, señala el Tribunal Constitucional.

Además, este órgano judicial sostiene que si el empleador incumple ese deber, ello priva “de legitimidad la adopción de medidas como el despido o la adopción de medidas disciplinarias motivadas en posibles insuficiencias en el desempeño de sus funciones”, de manera que “cuando una persona solicita en su empleo ajustes razonables por razón de su discapacidad, su petición debe ser objeto de consideración desde el momento en que se solicite y se acredite el alcance de la discapacidad”.

Ajustes solicitados

“La respuesta del empleador debe ser expresa y estar debidamente motivada; en particular cuando deniegue los ajustes solicitados por considerarlos desproporcionados o indebidos, ya que, de lo contrario, incurrirá en una denegación tácita carente de la debida justificación que vulnera dicho derecho”, continúa el Tribunal Constitucional.

Esta instancia judicial pone de relieve que “resulta particularmente importante que el empleador respete el derecho a los ajustes razonables en el caso las personas con discapacidad mental, por causas psíquicas, intelectuales o cognitivas, al tratarse de formas de discapacidad que todavía siguen rodeadas de mitos, miedos y estereotipos que hacen que quienes las padecen sean especialmente vulnerables”.