Derecho Sanitario Por el Juzgado de lo Social número 9 de Las Palmas de Gran Canaria

Condenado el Servicio Canario de Salud por el ataque de un paciente psiquiátrico a una enfermera

— Las Palmas de Gran Canaria 5 Feb, 2019 - 11:05 am

El Juzgado de lo Social número 9 de Las Palmas de Gran Canaria y su provincia ha condenado al Servicio Canario de Salud (SCS) a abonar una indemnización de 195.695,77 euros a una enfermera que quedó incapacitada tras sufrir una agresión por parte de un paciente de urgencias psiquiátricas, por “incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales”.

Según detalla la sentencia, dictada el pasado 28 de enero por el magistrado Óscar González, la afectada, de 34 años cuando sucedieron los hechos -el otoño de 2015-, prestaba su servicio como personal estatutario eventual realizando funciones de Enfermería en la Unidad de Urgencias Psiquiátricas del Hospital Doctor Juan Negrín de Gran Canaria.

El 25 de septiembre de aquel año, sobre las 14.30 horas aproximadamente, la enfermera se encontraba en su puesto de trabajo acompañada de una auxiliar asistiendo a un paciente psiquiátrico, y cuando éste observó que la auxiliar se dirigía al servicio, “aprovechó para intentar escapar”.

Añade el fallo que la enfermera, al percatarse de lo que sucedía, llamó al paciente por su nombre, y éste, sin hacerle caso, continuó con un intento de huida, abriendo la puerta del Servicio de Psiquiatría. La enfermera le pidió que volviera a la zona de paciente, y el aludido se negó “de forma agresiva”.

Incapacidad laboral permanente

“En un intento de tranquilizar al paciente”, expone el magistrado, la enfermera “puso su mano en el hombro de éste”, que reaccionó “agarrando del brazo izquierdo” a la profesional. La trabajadora solicitó auxilio de su compañera, que acudió inmediatamente, “consiguiendo entre las dos que el paciente se relajara y volviera al servicio, soltándole el brazo”, detalla la resolución.

El mismo día de los hechos, la enfermera recibió asistencia sanitaria de lo que en principio no iba más allá de un “esguince de muñeca” pero, advierte la resolución, “la evolución de la patología fue inusualmente tórpida”, hasta provocar en la mano una inmovilidad que derivó en la declaración de incapacidad laboral permanente, el 25 de mayo de 2017.

En la actualidad, la afectada acusa rigidez severa en el miembro, dolor en las articulaciones y unas alteraciones que “se aprecian a simple vista, atraen la mirada de terceros y alteran la relación interpersonal de la lesionada”, destaca la sentencia. El magistrado Óscar González aceptó la tesis de la demandante de que su incapacidad tiene origen en “la falta de prevención de riesgos laborales en el interior de un centro de trabajo del SCS”.

La sentencia recuerda que este órgano de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias elaboró en 2006 un Plan de Prevención de las Agresiones a los Trabajadores, que preveía una serie de medidas de seguridad que, al menos en este caso, no se llevó a cabo. Además, el texto detalla que dicho Servicio “carece de Plan de Prevención de Riesgos Laborales. No consta documentada evaluación de riesgos laborales del Servicio de Urgencias del Hospital Doctor Juan Negrín de Gran Canaria, ni de puestos de trabajo”.

Ni formación ni información

Asimismo, el fallo judicial enumera que “la trabajadora no ha recibido formación ni información alguna en materia preventiva” y que “no consta que el Plan de Prevención de las Agresiones a los Trabajadores del SCS se haya facilitado a la trabajadora”. Por lo tanto, según el magistrado, tras el juicio quedó probado que el incumplimiento en materia preventiva por parte de la Administración fue “más que evidente”.

La sentencia agrega que “no cabe duda que la atención de pacientes psiquiátricos genera riesgos en la prestación del servicio, y ese riesgo no consta evaluado, ni consta la adopción de medidas para evitarlo o combatirlo”. Por otro lado, recalca que “el Plan de Prevención de las Agresiones a los Trabajadores del SCS es manifiestamente insuficiente a los efectos que nos ocupan, sin perjuicio de no constar su implantación en el servicio en el que trabajaba la actora”.

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