Política y Sociedad sentencia del tribunal constitucional

Una comunidad autónoma no puede eximir de la colegiación profesional obligatoria

— Madrid 20 Ago, 2018 - 10:17 am

En una sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de Colegios Profesionales de Cantabria, declara nulo el precepto por el que se establece la posibilidad de la no colegiación obligatoria a aquellos empleados que sólo trabajen para el sector público.

El Boletín Oficial del Estado de este viernes, 17 de agosto, publica la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional sobre la cuestión planteada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 1 de Santander respecto a los párrafos segundo y tercero del artículo 17.2 de la Ley 1/2001, de 16 de marzo, de colegios profesionales de Cantabria, en la redacción dada por la Ley 5/2011, de 29 de diciembre en relación con las competencias sobre colegios profesionales y declara nulo el precepto legal autonómico que regula las obligaciones de colegiación de empleados
públicos.

El problema surge cuando un colegiado del Ilustre Colegio Oficial Veterinario de Cantabria solicitó su baja en el mismo el 22 de abril de 2016 al amparo del artículo 17 de la Ley 1/2001, alegando su condición de funcionario facultativo de producción y sanidad animal y, por tanto, el hecho de que prestaba directamente sus servicios profesionales a una Administración pública, junto con la aportación de una declaración jurada de no ejercer libremente la profesión por cuenta propia ni al servicio de un tercero.

La Junta de Gobierno del Colegio desestimó tal solicitud el 2 de mayo de 2016 por entender que impedía atenderla el régimen de colegiación obligatoria establecido en elartícu lo 3 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre colegios profesionales. Ese precepto, en cuanto regulador de una materia de competencia estatal, vendría a determinar la inconstitucionalidad de las normas autonómicas que pretenden introducir excepciones, como la invocada por el solicitante, tal como viene señalando una consolidada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, iniciada con la STC 3/2013, de 17 de enero.

Al final del proceso emprendido, el T Constitucional advierte que las Comunidades Autónomas con competencia de desarrollo del régimen jurídico de los colegios profesionales de conformidad con las bases estatales, como es el caso de Cantabria (art. 25.5 del Estatuto de Autonomía de Cantabria), no pueden introducir excepciones a la exigencia obligatoria de colegiación, aunque sea de manera acotada o limitada, porque ello no constituye un desarrollo sino una contradicción de las mismas, que las desvirtúa y excede de su competencia.

Entre otras conclusiones, la sentencia del TC asegura que la exigencia de la colegiación obligatoria de determinados colectivos profesionales para poder ejercer su actividad en principio no es contraria ni a la garantía democrática de la estructura y funcionamiento de los colegios profesionales del artículo 36 CE, ni a la libertad positiva y negativa de asociación garantizada por el
artículo 22 CE (STC 89/1989, de 11 de mayo, FJ 9).

Y después de exponer que el Estado había ejercido las competencias exclusivas que le atribuyen los artículos 149.1.1 y 18 CE, de tal manera que ha previsto la sujeción a colegiación de determinadas profesiones tituladas, las cuales han de concretarse mediante ley estatal, el Tribunal Constitucional concluye que la normativa estatal no exceptúa a los empleados públicos en general (ni a los veterinarios en particular) de la necesidad de colegiación en el caso de que presten servicios solo para, o a través de, una Administración pública.

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