Derecho Sanitario RESOLUCIÓN JUDICIAL PIONERA EN ESPAÑA

La Justicia declara que Castilla y León ofreció el material sanitario necesario durante la Covid-19

— Burgos 16 Jun, 2020 - 5:11 pm

El Juzgado de lo Social Nº 3 de Burgos ha desestimado íntegramente la demanda interpuesta por el Sindicato Médico de Castilla y León (CESM Castilla y León) relativa a la dotación de material de protección sanitaria contra la Covid-19 a todo el personal de las Instituciones Sanitarias gestionadas por el Servicio de Salud de la región (Sacyl) en la provincia de Burgos.

“Tras las alegaciones realizadas por los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Castilla y León, y a la vista de la importante prueba practicada, el Juzgado considera que no se puede apreciar infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte de la Consejería de Sanidad o de la Gerencia Regional de Salud, ya que los profesionales han dispuesto, en todo momento, del material de protección individual necesario para desarrollar su actividad sanitaria”, declaran desde la Junta.

Tras una sentencia del Juzgado de lo Social de Teruel que, en ese caso, condenó al Gobierno aragonés en un tema similar, esta es “la primera sentencia que se conoce en España en sentido inverso, absolviendo a la Junta de Castilla y León”, destaca el Gobierno regional.

Este sindicato “alegaba que la Administración autonómica había vulnerado -en sus hospitales de Burgos, Aranda de Duero y Miranda de Ebro- el derecho fundamental de contar en su lugar de trabajo de las condiciones satisfactorias de protección de la salud y seguridad, como consecuencia de la inactividad de la Administración, que, consideraba, no había proporcionado al colectivo sanitario las medidas de protección necesarias contra la Covid-19, infringiendo con ello la normativa sobre prevención de riesgos laborales”, explica el Ejecutivo de Castilla y León.

Falta de legitimación activa

Sin embargo, el Juzgado de lo Social estima la alegación efectuada por los Servicios Jurídicos relativa a “la falta de legitimación activa parcial del sindicato, ya que no podía pretender de la Administración, como había hecho, la adopción de medidas para todos los profesionales de la Sanidad en general, al ser un sindicato solo de médicos, y también respecto a los sanitarios de las residencias geriátricas privadas, en los que la empresa no es el Sacyl, sino una empresa o entidad privada”, señala la Junta.

Además, respecto al fondo del asunto, el órgano judicial correspondiente considera que “no se ha probado que los médicos no hayan dispuesto en algún momento de los equipos de protección individual (EPI) necesarios, menos aún en el momento de la presentación de la demanda, momento en que la situación ya se encontraba totalmente controlada, de tal forma que los profesionales sanitarios han contado y cuentan con los equipos de protección individual necesarios para evitar el riesgo de exposición a la Covid-19”, cita el Gobierno autonómico.

1 Comentario

  1. Gonzalo says:

    Buenos días, estamos estudiando estas sentencias para nuestro grupo de trabajo de la universidad. ¿Hay alguna forma de encontrar esta? Parece muy interesante el razonamiento y cómo contraviene en algunas partes a la tesis del Social de Teruel por un caso similar. Muchas gracias.