Política y Sociedad Entrevista a la coordinadora de este apartado en la Vocalía de Administraciones Públicas

Carmen Hoyos (OMC): La Sanidad Penitenciaria reclama «una Mesa urgente de Negociación»

Ante la posible formación de un nuevo Gobierno y dada la situación que atraviesa la Sanidad Penitenciaria en relación con la transferencia de competencias a las comunidades autónomas, Acta Sanitaria ha entrevistado a la coordinadora de este apartado en la Vocalía de Administraciones Públicas de la Organización Médica Colegial (OMC), la doctora Carmen Hoyos, que destaca que «requiere de una solución inmediata» e insta a «todas las fuerzas sindicales, que han tenido muchísima responsabilidad en la situación que se está viviendo», por lo que reclama que «de una vez por todas se cree una Mesa con un monográfico sobre Sanidad Penitenciaria, una Mesa urgente de Negociación entre la Administración y las fuerzas sindicales presentes en la Administración General del Estado».

Carmen Hoyos

Acta Sanitaria (AS).- ¿En qué situación se encuentran las negociaciones entre el Ministerio de Interior y las comunidades autónomas en relación con la transferencia de competencias de la Sanidad Penitenciaria? ¿Qué balance hace?

Carmen Hoyos (CH).- Desde la OMC ya hace tres años, aproximadamente, que estamos haciendo un trabajo muy intenso con todas las Consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas no transferidas y a través de los Consejos autonómicos de colegios de médicos instando a los consejeros y consejeras y ofreciéndoles información de cuáles son las reales condiciones en las que estamos, ya que uno de los problemas es que desconocen cuál es la situación que se vive en cada cárcel de cada región.

Entendemos que se trata de un problema importantísimo el hecho de que las Consejerías, al no tener ninguna competencia en la Sanidad Penitenciaria a día de hoy, poseen un verdadero desconocimiento de lo que realmente está pasando a nivel asistencial en las cárceles y partimos del hecho de que la población privada de libertad es un porcentaje importante de la población correspondiente a la comunidad en la que se encuentra dicha penitenciaría.

Para ello, elaboramos un estudio económico, comunidad por comunidad, que también se facilitó a cada Consejería, para saber de qué montante económico estamos hablando: en gasto farmacéutico, en gasto de personal, en gasto de erradicación del virus de la hepatitis C (VHC)… Una serie de datos que consideramos que son destacados para los consejeros a la hora de animarles para que realmente se cumpla ya la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que lleva 16 años de incumplimiento.

AS.- ¿Qué ocurre con la huida masiva de médicos al SNS?

CH.- Lo que está pasando ahora con la huida masiva de médicos al SNS, perdiendo en muchos casos su condición de funcionario del Estado, y cuanto más tiempo estemos retrasando esa interrelación, más deteriorado va a estar el medio a la hora de que las Consejerías asuman esa competencia. Es algo muy urgente en lo que se tienen que poner a trabajar de manera inmediata.

AS.- ¿Qué comunidades autónomas están ya en el camino de la transferencia o negociación?

CH.- Con la última comunidad con la que yo tuve contacto fue con Baleares, donde encontré un equipo de Gobierno, dentro de la Consejería de Sanidad, totalmente ávido de esa información que ofrecemos, ya que en este caso, el centro penitenciario de esta región no ha puesto el énfasis necesario en que se lleve a cabo el cumplimiento de la citada Ley. Así, esta labor que desempeñamos tiene su relevancia.

También tuvimos contacto con el Gobierno navarro, cuyo proceso aquí está muy avanzado, ha habido ya un acuerdo con el centro penitenciario y la pelota está en Hacienda,pendiente de que se apruebe el acuerdo económico que ya se ha llevado a cabo entre la Comunidad Foral de Navarra y la institución penitenciaria. Nada más se dé el visto bueno, se materializará. Asimismo, considero que ha habido avances buenos en la comunidad balear.

Por otro lado, desde mayo de este año, he estado en contacto con el Gobierno de Andalucía y fue un encuentro que habría que resaltar, ya que hay mucha disposición desde el consejero, Jesús Aguirre, y su equipo para llevar a cabo la transferencia.

AS.- ¿Qué medidas se van a tomar para que en el resto de Gobiernos de las comunidades autónomas se alcance una solución?

CH.- La huelga está aprobada por parte de todos los colectivos profesionales, por parte de la Asamblea y, de forma unánime, por todos presentes, en la que hubo participación de personal de centros penitenciarios, al margen de asociaciones profesionales, sindicatos… Y al margen de que se tenga que recurrir al Sindicato Profesional de Sanidad Penitenciaria para que haga la vehículización de los aspectos legales de la convocatoria de huelga. Eso ya está decidido.

«La huelga está aprobada por parte de todos los colectivos profesionales»

No se ha materializado a día de hoy por la situación política que vive el país y entendíamos que no había un interlocutor o podían justificar la falta de solución a la problemática por no haber un Ejecutivo consolidado. Pero, en cuanto tengamos un Gobierno, nosotros vamos a llevar a cabo la movilización, ya que se está pidiendo a gritos.

Por desgracia, llevamos 16 años soportando una situación absolutamente injusta, hemos hablado por activa y por pasiva, hemos tocado todas las puertas y no se nos está respondiendo, así que vamos a recurrir a nuestro derecho a la huelga.

AS.- Cómo solución inmediata antes de la huelga, ¿qué proponen desde la Sanidad Penitenciaria?

CH.- La situación a la que se ha llegado requiere de una solución inmediata e insto a todas las fuerzas sindicales, que han tenido muchísima responsabilidad en la situación que se está viviendo, por lo que reclamo que, de una vez por todas, se cree una Mesa con un monográfico sobre Sanidad Penitenciaria, una Mesa urgente de Negociación entre la Administración y las fuerzas sindicales presentes en la Administración General del Estado.

«Se trata de una respuesta puramente económica»

Entendemos que se trata de una respuesta puramente económica, es una respuesta que dé solución a la falta de efectivos en las cárceles españolas debido a la diferencia de remuneración con los médicos de Atención Primaria. Según decía la Ley en el año 2003, debíamos estar integrados en el SNS desde hace mucho tiempo y nuestras connotaciones laborales deberían estar absolutamente asumidas por parte del SNS, como pasa con cualquier otra centro de salud. Como ya ocurre en el País Vasco y Cataluña, donde no hay problema asistencial, se cubren las plazas que hay y, además, tienen mejores retribuciones salariales y prima la asistencia complicada que conlleva este tipo de institución con sus peculiaridades con un plus. Es pues un tema puro de gestión que puede evitar una huelga, que sería bastante dura.

Creo que, ahora, estamos en un buen momento, ya que contamos con una cúpula gestora dentro del Ministerio del Interior y dentro de la Institución Penitenciaria como no ha habido nunca. Son muy competentes y están haciendo mucha fuerza para que se lleven a cabo las transferencias de la Sanidad Penitenciaria. Pero, por el contrario, fuera de este ámbito está Hacienda, Administraciones Públicas y la Consejerías de Sanidad de las comunidades, que no están respondiendo tan bien a esa llamada.

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