Derecho Sanitario ordena la multa de 30.000 euros y darle de baja del registro de brokers

La Justicia sanciona a una empresa broker de medicamentos por ocultar que tenía varias farmacias

— Madrid 9 Dic, 2020 - 12:07 pm

La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha dictado una sentencia en la que confirma la sanción, de 30.001 euros, y la baja del registro de entidades de intermediación de medicamentos, también conocidas como brokers de fármacos, de la Asesoría de Proyectos de Desarrollo Sanitario D&D, empresa que ocultó a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) que sus dos administradores contaban con “sendas oficinas de Farmacia”.

En 2017, este organismo regulatorio acordó dar de baja en el registro de brokers de medicamentos a la compañía en cuestión, que ocultó, para conseguir entrar en dicho registro, que “los dos socios y administradores de la entidad eran a la vez titulares de sendas oficinas de Farmacia”. Asimismo, le impuso dos multas por importe de 30.001 euros cada una, por “infracciones graves del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios”, si bien una de las sanciones fue anulada.

El fundamento de derecho sobre el que se basa la resolución de la AEMPS, confirmada por la Audiencia Nacional, es que “existe una incompatibilidad entre el ejercicio de la profesión de farmacéutico en oficinas de Farmacia y la titularidad o gestión de entidades de intermediación derivada de la incompatibilidad declarada por el legislador que existe, siempre y en todo caso, entre los intereses económicos directos de las entidades de intermediación y el ejercicio de la profesión de farmacéutico en oficinas de Farmacia”.

La intermediación de fármacos se define como “todas las actividades relativas a la venta o compra de medicamentos, a excepción de aquellas incluidas en la definición de distribución mayorista, tal y como se define en este artículo, que no incluyen contacto físico con los mismos y que consisten en la negociación de manera independiente y en nombre de otra persona jurídica o física”, recuerda la sentencia.

Mirar por el paciente

De esta manera, “las actividades realizadas por entidades de intermediación y oficinas de Farmacia (art. 86.1b RDLeg. 1/2015) no tienen la misma finalidad ni están sujetas a las mismas obligaciones”, señala el mencionado órgano judicial.

“Mientras que la actividad de intermediación tiene como finalidad empresarial legítima maximizar el beneficio en sus operaciones comerciales, el farmacéutico está obligado a supeditar esa búsqueda del beneficio al mejor interés del paciente, de modo que escoja de manera informada el medicamento que mejor se adapte a su patología y haga, a su vez, un uso racional de los medicamentos, que, en ocasiones, implicará no adquirir ninguno”, destaca este fallo.

La Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios establece “la incompatibilidad del ejercicio de profesiones sanitarias con facultad para prescribir o indicar la dispensación de los medicamentos con cualquier clase de intereses económicos directos derivados de la intermediación y comercialización de productos sanitarios”, insiste la Audiencia Nacional, que, por la infracción de ocultación cometida por esta compañía, confirma la sanción de 30.001 euros.