
Así, con efectos del 1 de setiembre, las casi 90.000 personas que trabajan en el sector público de la región, en caso de baja, percibirán “el complemento o las retribuciones que, a este respecto, se encuentran contenidas en los acuerdos, en los convenios o en los pactos de aplicación a los empleados públicos de la Administración de la comunidad autónoma, los organismos autónomos, consorcios del sector público y entes públicos de derecho privado, así como de las sociedades públicas y fundaciones públicas dependientes de aquella”.
Esta medida tiene un impacto presupuestario, este año, de 1.646.932 euros. "El Gobierno Vasco pone fin, así, a seis años de restricciones en materia de mejoras voluntarias en caso de incapacidad temporal del personal público. En concreto, desde la aprobación, por parte del Gobierno español, del Real Decreto 20/2012, de 13 de julio, que suspendió todos los acuerdos, convenios y pactos sobre retribuciones en caso de baja", concluye el Ejecutivo vasco.