Política y Sociedad Insiste en la situación ante la "pasividad" de las administraciones

ASPE denuncia el “posible fraude” de las aseguradoras británicas y sus seguros sanitarios para turistas

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), patronal de la hospitalización privada en España, ha vuelto a poner sobre la mesa el “posible fraude” de las aseguradoras británicas, que ofrecen seguros que incluyen la asistencia sanitaria a turistas en la Sanidad Pública española -un servicio, por tanto, gratuito- y actúan “impunemente” por la “pasividad” de las Administraciones.

El secretario general de ASPE, Carlos Rus, recordó que el principal objetivo de la Alianza es “defender los objetivos de este sector” privado de la Sanidad, que es “una parte importante del Sistema Nacional de Salud (SNS)”, ya que en él trabajan más de 260.000 profesionales. Además, mostró su “preocupación por la forma de actuar” de estas compañías británicas y por la “posibilidad de fraude”. Junto a él estuvieron presentes el presidente del clúster español de turismo de salud, Spaincares, David Medina, y el responsable del departamento jurídico de ASPE, Luis Mendicuti.

Fue David Medina el encargado de exponer las situación que desde la plataforma de defensa de la Sanidad Privada entienden como “fraudulenta”. Estas aseguradoras ofrecen en sus paquetes para turistas que viajan a España seguros que incluyen la asistencia sanitaria. Sin embargo, una vez que estos turistas acceden a un hospital privado, el seguro les impide tratarse en él.

Es entonces cuando los pacientes descubren que el seguro no cubre esta prestación y la aseguradora se desentiende, según detalló Medina. De hecho, “fuerza el traslado a un hospital público” en caso de que sea necesario por la patología que presenta el paciente, traslado que paga el propio hospital privado, declaró. El objetivo es “que nunca la compañía británica acabe pagando”, a pesar de ofrecer esta prestación y cobrar por ello, confirmó.

Distintos afectados

Estas prácticas afectan a ciudadanos británicos de mediana y avanzada edad, pero también a otras aseguradoras que están “jugando limpio”, afirmó el máximo representante de Spaincares, además de al SNS público -por la saturación que conlleva su atención, según especificó- y a los hospitales privados españoles.

Se trata de “un claro caso de competencia desleal”, prosiguió Medina, ya que “presumen de que reducen las facturas médicas de sus asegurados un 75 por ciento, porque nunca pagan”. “Gran parte de estos pacientes acaban en el sistema público, que ya está saturado per se”, además de que tendrán que asumir los costes de su tratamiento, argumentó. Después, el Estado español pasa la factura al británico, pero esa compensación no se le paga al hospital que atendió al paciente, sino al Ministerio de Hacienda.

El hospital privado, cuando recibe al paciente británico víctima del fraude, le informa sobre la situación y le ofrece como opciones pagar el tratamiento en el hospital privado o ser trasladado al público -algo que, según Medina, debería ser responsabilidad de la aseguradora y no del centro privado español-. Si es una patología grave, se le atiende en el hospital. “Incurrimos en unos costes que no son abonados”, afirmó.

Además, el responsable del clúster español de turismo de salud denunció la “campaña de desprestigio” que sufren por parte de estas aseguradoras y la “impunidad” que, a su juicio, “es alarmante”. ASPE transmitió ya en 2016 esta situación a las Consejerías de Sanidad, que a su vez se lo comunicaron al Ministerio de Sanidad, que derivó la cuestión al de Economía y Exteriores, así como a la Secretaría General de la Unión Europea (UE).

Esta última determinó que el conflicto debía resolverlo la Financial Conduct Authority del Reino Unido “sin que, hasta la fecha, se tenga conocimiento de las actuaciones llevadas a cabo” frente a unas prácticas que, según Carlos Rus, pueden llegar a afectar a entre uno y cuatro pacientes al día en cada uno de sus 200 hospitales, con un impacto de hasta 100 millones de euros.

Medidas frente al posible fraude

Por ello, la Alianza lanzó un plan de 10 medidas para tratar de frenar por su cuenta la situación. La entidad prevé reclamar medidas cautelares contra las autoridades británicas por ejercicio de enriquecimiento ilícito que estas aseguradoras llevan a cabo, además de continuar denunciando esta mala praxis ante los organismos competentes españoles, británicos y europeos.

ASPE exigirá al Gobierno español que asuma sus competencias ante estas irregularidades que afecta a la asistencia médica en territorio español. La patronal tiene previsto informar a las distintas fuerzas políticas españolas, británicas y europeas para analizar el asunto y elevar preguntas parlamentarias. Además, defenderá su imagen de las “tácticas difamatorias de estas aseguradoras ante los ciudadanos del Reino Unido e instituciones y dará a conocer entre el mayor número posible de viajeros británicos esta situación”.

Para ello, esta Alianza editó un folleto informativo que repartirá en los centros sanitarios de zonas turísticas adheridos a ASPE para dar a conocer a los pacientes afectados sus derechos y lanzó una página web donde se obtendrá información ampliada. Además, estudiará medidas legales para evitar que la Administración española derive costes de traslados y/o tratamientos médicos a la Sanidad Privada.

1 Comentario

  1. Nadia Petrik says:

    1. El problema hay que remitirlo a algo mas de 10 años. Lo originó una empresa española privada española que opera tanto en sector público como privado y que factura de forma ilegal la actividad sanitaria (lo han dicho ya 2 organismos administrativos públicos). Durante muchos años, las aseguradoras se defendían no pagando (acababan en tribunales) o pagando menos (negociando). Sin embargo, fueron preparando su estrategia para ganar esta guerra
    2. En 2015, el Ministerio de Sanidad español, contra la LGS (artículos 16 y 83), pero presionado por amenaza de multa de la CE, obligó a los hospitales públicos a facturar contra la TSE y no contra los seguros de viaje o de otro tipo. Fue el lobby britanico en la CE quien consiguió que la burocracia europea acabara beneficiando al sector asegurador europeo frente a los ciudadanos, que finalmente serán los que pagaran los impuestos para sostener el sistema sanitario público.
    3. Las aseguradoras tenían así la patente de corso para derivar a sus asegurados a la sanidad pública a cargo de la TSE. Aquí empiezan los efectos colaterales para la sanidad privada. Por eso, lo detectaron a partir de 2016.
    4. Esta estrategía de las aseguradoras para eliminar el problema que tenían con la empresa privada (que el gobierno español y las CCAA no resolvía), les salió perfecta porque se ahorraron de pagar todo.
    5. En Turquía, donde no tenían la posibilidad del pagafantas (TSE), las aseguradoras utilizaron la estrategia legal (la correcta) y eliminaron a la filial de la empresa privada española, argumentando hechos que también se producen aquí: a) No tienen licencia para operar como servicio sanitario y facturar por ello y b) Fraude de IVA (VAT).
    6. Si las clinicas privadas gestionan bien las reclamaciones de la sanidad pública no tienen que pagar por estas derivaciones (si por otras).
    7. El desastre para los hospitales de la sanidad pública, es si cabe mayor que para la sanidad privada.
    8. El desastre para los pacientes extranjeros es tremendo, ya que aquellos que no son comunitarios y los comunitarios que acuden sin TSE, están aún afectados. Aproximadamente de los datos que tenemos de hospitales catalanes, el 35-45% son ciudadanos de la UE y el resto extra comunitarios. Aproximadamente el 80-85% de las facturas las acaban pagando las aseguradoras y el resto el particular.