Política y Sociedad Este grupo sanitario muestra su satisfacción por esta decisión

Archivada la investigación por el cobro de comisiones a proveedores de Ribera Salud

— Valencia 27 Feb, 2018 - 6:22 pm

El Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha sobreseído provisionalmente la causa en la que se investigaba el supuesto cobro de comisiones a las mercantiles proveedoras de material ortoprotésico para los hospitales que gestiona el grupo sanitario Ribera Salud, una decisión que esta entidad valora como “satisfactoria” y hace que muestre su “confianza” en la Justicia.

Tras interrogar a testigos, analizar facturas y estudiar los informes solicitados a distintas administraciones y organismos, el instructor de este caso concluye que “no hay indicios de los delitos de malversación, cohecho y corrupción en los negocios que se estaban investigando desde mayo de 2016, tras recibirse un atestado de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de Policía Nacional” que, a su vez, recogía la denuncia de la Sección Sindical de Ribera Salud.

Según la denuncia sindical, la central de compras B2B, entidad perteneciente a la sociedad que gestiona de forma privada el hospital por concesión administrativa, estaba cobrando una comisión de hasta un 30 por ciento a los proveedores de prótesis, si bien era la Generalitat Valenciana la que finalmente realizaba el pago de estos productos.

Por otro lado, el auto recoge que los denunciantes decían basarse en un anónimo recibido y en “manifestaciones de traumatólogos”, “suministrando datos muy escasos”, por lo que el juzgado practicó numerosas diligencias encaminadas a “determinar si se ha producido una actividad delictiva en la gestión de la prestación ortoprotésica y concretar el posible ilícito penal”.

Requerimiento de informes

De esta forma, el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia requirió informes a la Consejería de Sanidad de esta comunidad, al Registro Mercantil y a la Agencia Tributaria. Una vez revisadas facturas y contratos, se tomó declaración a los dos denunciantes y a cinco testigos vinculados a las empresas proveedoras.

En su resolución, el magistrado explica que el pago de la prestación endoprotésica está excluido del objeto contractual de las concesionarias y el gasto es asumido directamente por la Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana; a su vez, expone que “este procedimiento ha sido corroborado por todos los testigos que han comparecido”.

Por consiguiente, el juez considera que procede el archivo de la causa porque “las negociaciones llevadas a cabo entre los distintos suministradores de prótesis y la central de compras B2B no han alterado el precio de las prótesis que la Generalitat debe abonar”.

No existencia de prevaricación

A este respecto, el alto magistrado añade que “no han supuesto un mayor coste para el erario público, pues la propia Administración negocia y fija los precios de las prótesis. Así, el cobro de rapeles u otros conceptos por la plataforma de compras B2B no se puede relacionar con un correlativo mayor coste para la Administración”.

Por este motivo, dicho juez concluye que no existe prevaricación porque “no se ha acreditado un perjuicio para el patrimonio administrado”. Además, apunta que “no consta que ninguna autoridad o funcionario público haya desviado fondos de alguna manera ni que haya favorecido intereses privados a cambio de alguna remuneración” por lo que “no hay base para continuar el procedimiento” por cohecho ni por ninguno de los delitos contra la Administración Pública.

Sobre la medida adoptada por este juzgado, Ribera Salud resalta que “muestra lo que siempre se defendió desde que se inició esta orquestada campaña de desprestigio reputacional: que B2B Salud ha actuado siempre conforme a la Ley”.

Este contexto, esta entidad sanitaria subraya que “B2B Salud, al igual que el resto de empresas del Grupo, está sometida a constantes auditorías internas y externas, presenta sus cuentas anuales en el Registro Mercantil y cuenta con una política de Compliance en la organización”. Asimismo, añade que su plataforma de compras “está certificada y auditada desde 2010 por AENOR según la norma UNE ISO 9001”.

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