Política y Sociedad aclara las conclusiones sobre el asunto de la abogada general de la UE

AMYTS recalca que las OPE no son una medida que sancione el abuso de empleo temporal

El sindicato médico madrileño AMYTS ha acogido en su sede un encuentro con el letrado que lleva el caso, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de las denuncias acumuladas por abuso de empleo temporal contra el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) y la Consejería de Sanidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Javier Araúz, para aclarar las conclusiones de la abogada general Juliane Kokott sobre el asunto, entre las cuales se destaca que “los procesos de estabilización y las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) no son una medida sancionadora” que cumplan con la Directiva 199/70/CE.

Javier Araúz, Julián Ezquerra y Sheila Justo

El letrado que lleva el caso estuvo acompañado por el secretario general de la citada organización sindical, el doctor Julián Ezquerra, y por la presidenta de su Sector Médicos Jóvenes y Médicos Internos Residentes (MIR), la doctora Sheila Justo. “Consideramos que las conclusiones de la abogada general son, en general, muy positivas”, destacó Javier Araúz, ya que, antes del informe de Juliane Kokott, “no se reconocía en ningún caso el abuso en la temporalidad, razonando que con el mero hecho de estar en régimen de interinidad ya se cumplía con la Directiva en cuestión”. Además, “se decía que, por no haber impugnado sus nombramientos y ceses, el persona público temporal no podía reclamar” y “que los procesos de estabilización y las OPE eran la solución y sanción para acabar con el abuso”, declaró el abogado.

También, se alegaba que ” el indefinido no fijo era la sanción más acorde con la Directiva” y se “había instalado un régimen de despido libre y gratuito”, prosiguió Araúz. Sin embargo, según el informe de la abogada general, “se amplían los supuesto amparados por la Directiva, incluyendo tanto a los interinos de larga duración con un solo nombramiento, como los que van modificando su situación y pasan de eventuales a sustitutos, o a interinos o viceversa; aí como todos los casos en los que se destina a un temporal a realizar funciones que no son provisionales, ni excepcionales, sino ordinarias y estructurales”, tal y como explicó.

Asimismo, las conclusiones de Kokkot, último trámite previo a la sentencia del TJUE, establecen “que los procesos de estabilización y las OPE no son una medida sancionadora y, por tanto, deben ir precedidos de un régimen de sanciones para garantizar la compensación de los empleados públicos temporales y reprimir estos comportamientos abusivos de las Administraciones”, además de que se informa de que “los tribunales no pueden ampararse en la no impugnación de los nombramientos y ceses para dejar de aplicar la Directiva y que el indefinido no fijo no puede ser la sanción”, continuó Araúz. Por otro lado, “se acaba con el despido libre y gratuito, pues el empleado temporal tiene derecho bien a la transformación de su relación temporal en una fija, bien a una indemnización disuasoria completa acompañada de otros mecanismos sancionadores”, sostuvo.

Particularidad de la fijeza

No obstante, esa modificación de relación temporal a fija no sería automática y se llevaría a cabo “de no existir indemnizaciones disuasorias, ni un mecanismo adicional de sanciones”, explicó este letrado. Así, la abogada general “insinúa que esta fijeza se articule a través de un procedimiento ordenado y de carácter restringido para la ejecución de la sanción y para determinar el orden de los nombramientos”, indicó. Es decir, en ese proceso restringido solo podrían participar los estatutarios temporales en situación de abuso, algo con lo cual el abogado español discrepa, ya que bajo su criterio, “lo que procede es una fijeza automática”.

Esta propuesta de procedimiento ordenado que plantea Kokkot es, en opinión del profesional encargado del caso, “incompatible con la Directiva”, porque “se opone de forma radical a la jurisprudencia del TJUE, por ejemplo, en su sentencia del 25 de octubre de 2018” y “porque los procedimientos restringidos u ordenados para la ejecución de la sanción” están “prohibidos en nuestro ordenamiento jurídico”.

“Tenemos una obligación moral con estos empleados públicos que llevan ejerciendo su trabajo durante años, me da igual que sea con una fijeza automática, aunque sería más rápido, o un proceso restringido, que retrasaría la solución, pero también serviría”, añadió, posteriormente, Araúz. En ningún caso ese procedimiento podría ser un “proceso selectivo de libre acceso” a la plaza fija, “ya que, como se ha dicho previamente, los procesos selectivos de libre concurrencia no son sanciones acordes a la Directiva”, insistió.

Indemnización completa y disuasoria

Por otro lado, con respecto a la indemnización, Araúz especificó que para que esta sea “considerada como una medida acorde a la Directiva”, debe ser “completa y disuasoria y, por tanto, debe comprender, al menos, la misma indemnización que se establece para el personal laboral en el Estatuto de Trabajadores y otra adicional, por pérdida de oportunidades de empleo y de ingresos”, y además, “debe ir acompañada de un mecanismo de sanciones efectivo y disuasorio”, el cual “no existe en nuestro país” y se correspondería con “un sistema de multas a los responsables de estos abusos”.

“Mientras haya opción a una indemnización más multas, se aplicará esto. Si no, lo que procede es la fijeza”, reiteró el letrado. Por el momento, hasta que no exista “una norma que fije la sanción ante el abuso, obviamente no pueden convocarse procesos selectivos que incluyan plazas de este personal temporal”, pues estos procesos de acceso libre “únicamente pueden convocarse cuando ya exista la sanción ad hoc establecida por la normativa nacional para reprimir el abuso producido”, continuó. “El interés general pide que se paralicen las OPE hasta que el TJUE dicte sentencia”, lo cual el abogado estima que ocurrirá entre diciembre de este año y enero de 2020.

Fuga de médicos

Sheila Justo es una de las afectadas por el abuso de temporalidad en la Sanidad Pública madrileña y, en sus palabras, “es importante recordar que, en los últimos cinco años, 17.000 médicos han pedido el certificado de idoneidad para marcharse a trabajar a otros países donde las condiciones laborales no son estas”.

“A España le interesa estabilizar a los médicos porque cada vez son más los que se quieren ir. Europa abre las puertas a estos profesionales, porque están excelentemente formados”, subrayó Justo. Por su parte, el secretario general de AMYTS recordó que en la Sanidad Pública madrileña “hay una tasa de temporalidad del 50 por ciento” y, por ejemplo, “en la categoría de Urgencias Hospitalarias, la tasa de temporalidad es del 90 por ciento”, ya que “no ha habido OPE desde 2001”.