Política y Sociedad En Madrid solo se proporciona el nuevo medicamento tras dos ictus

Uno de cada tres pacientes recibe un mal tratamiento anticoagulante

La Federación Nacional de pacientes anticoagulados (FEASAN) y las principales asociaciones que representan a los 800.000 pacientes que siguen este tipo de tratamientos en España han publicado un manifiesto por la equidad en el acceso a los nuevos tratamientos, algo que aseguran no se está cumpliendo y que está provocando que uno de cada tres pacientes reciban un mal tratamiento anticoagulante.

Amac 34Al acto asistieron el presidente de la Asociación Madrileña de Pacientes Anticoagulados (AMAC), Juan Manuel Ortíz; el presidente de la Asociación de Pacientes Coronarios (APACOR), José Luis Jiménez; y el presidente de Ictus Asociación Madrileña (ICAM) y de la asociación Freno al Ictus.

Juan Manuel Ortíz, encargado de abrir el acto de presentación del manifiesto, ofreció el primer dato clave para motivar a las asociaciones a publicar sus reivindicaciones y propuestas de mejora: “uno de cada tres pacientes está mal anticoagulado”.

Según datos de FEASAN, son 800.000 los pacientes en España que deben recibir este tratamiento anticoagulante para prevenir tromboembolismos venosos y arteriales, sobre todo en la prevención de ictus cerebrales y embolias pulmonares. A la mayoría de estos pacientes se les suministran antagonistas de la vitamina K, que a juicio de los presentes en el acto no soluciona con la efectividad necesaria su problemas. Los nuevos Anticoagulantes Orales de Acción Directa (ACOD), anteriormente llamados Nuevos Anticoagulantes Orales (NACO), sí que conseguirían esa efectividad requerida. Sin embargo, este tratamiento solo se administra a un 21 por ciento de los pacientes en España que serían aptos para recibirlo. En el caso de la Comunidad de Madrid, este dato desciende hasta el 13 por ciento, un hecho en el que todos los presidentes de las asociaciones se detuvieron a resaltar.

La interpretación de Madrid

Juan Manuel Ortíz explicó que, aunque el Informe de Posicionamiento Terapéutico (IPT) respecto a los ACOD establece una serie de criterios de uso del tratamiento, hay comunidades en las que no se cumple, y Madrid es una de ellas. Las comunidades autónomas tienen competencias propias para “interpretar a su criterio” este IPT y eso provoca grandes diferencias de uso entre unas regiones u otras, añadió.

Así, el 13 por ciento de prescripción mencionado en la comunidad madrileña queda lejos del 29,4 por ciento de tratamientos con ACOD en Cantabria. El presidente de AMAC destacó que la mayor reclamación publicada en el manifiesto es que se aplique este IPT en la Comunidad de Madrid, cuyo servicio sanitario hasta ahora ha ignorado tres de las seis recomendaciones que este informe realizó en 2013.

“En la Comunidad de Madrid, en la que somos 130.000 pacientes coagulados, tienen que haber dos ictus seguidos para que a un paciente le traten con los nuevos ACOD”, aseguró Ortíz. Cuando el paciente sufre “tan solo” un ictus, se le administra Antivitamina K. “Yo a esto lo llamaría sadismo”, afirmó el presidente de AMAC. “Teniendo el fármaco, la herramienta más que probada, concretada, que debería estar aplicándose desde hace mucho tiempo, y que se siga utilizando la Antivitamina K…”, expresó a continuación. Y no solo eso, sino que, según aseguró Ortíz, se pone “entre la espada y la pared” también a los médicos, que saben que existe un tratamiento pero no pueden recetarlo; y, si lo hicieran, una inspección echaría atrás el proceso, tal y como afirmó el presidente de AMAC.

Un tratamiento efectivo

El presidente de APACOR, José Luis Jiménez, destacó “las ventajas que supone la utilización de estos medicamentos, demostradas los últimos años” y advirtió que “hay que salvar las inequidades que tiene nuestro sistema sanitario”, ya que al estar las atribuciones y competencias delegadas en las 17 autonomías “nos encontramos con la lucha de enfrentarse a 17 sistemas pues cada uno de trata de una manera”.

En el caso del tratamiento con ACOD, la Comunidad de Madrid destaca en “la imposibilidad de utilizarlos, ya que sobre las normativas señaladas por el IPT del Ministerio de Sanidad incrementan las dificultades”, al exigir que el paciente padezca dos ictus, continuó Jiménez. “Aunque el coste del medicamentos sea superior -2 euros al mes para los Antivitaminas K y 60 euros al mes en el caso de los ACOD- evita los controles” que sí que tienen que pasar los pacientes con los tratamientos actuales, consistentes en acudir al menos una vez cada 20 días al control del Sintrom, por ejemplo, lo que a la larga ahorraría costes al sistema sanitario, tal y como señalaron los presidentes de las asociaciones.

Amac 30Por su parte, Julio Agredano incidió en la “falta de coherencia” que, según él, posee la Comunidad de Madrid. “La Comunidad de Madrid es pionera y referencia a nivel nacional en servicios de urgencia en cuanto a ictus; son capaces de atenderte”, dijo. Sin embargo, explicó que el problema venía después, a la hora de la rehabilitación. Madrid solo ofrece tres meses de rehabilitación, en una enfermedad cuya recuperación no tiene una fecha límite; puede llevarse a cabo en esos mese o tardar años, “no se puede medir en el tiempo”, aseguró el presidente de ICAM.

Agredano, asimismo, apuntó que el 30 por ciento de las personas que sufren un ictus fallecen, que el 40 por ciento sobreviven aunque con secuelas graves, y que solo el 30 por ciento presentan secuelas moderadas o leves tras el episodio. “Si ya sobrevivir al primer ictus es difícil”, afirmó, sobrevivir a un segundo sin secuelas graves, tal como exige la Comunidad para recibir tratamiento con ACOD, parece complicado, a juicio de estas asociaciones.

La Comunidad de Madrid es la única de España que pone esta condición; otras ni siquiera ofrecen el tratamiento. En cuanto a rehabilitación, si en Madrid no pueden superarse los tres meses, en el País Vasco funciona de manera mucho más constante, como aseguró Agredano. Las diferencias de tratamiento para pacientes anticoagulados según la comunidad autónoma a la que pertenezcan es la principal barrera que desde estas asociaciones pretenden derribar. El manifiesto presentado es un paso más, después de denunciar el “silencio administrativo” al que están sometidos por parte del Ministerio y de los consejeros de Sanidad.

 

 

 

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