Política y Sociedad

Un estudio cuantifica el impacto de la exclusión sanitaria de los ‘sin papeles’ en el control del VIH y la salud general

 Dr. José Antonio Pérez Molina, Álvaro Pascual Hernández, Pere Domingo Pedrol, Juan Berenguer Berenguer y Dr. Federico Pulido Ortega
Dr. José Antonio Pérez Molina, Álvaro Pascual Hernández,
Pere Domingo Pedrol, Juan Berenguer Berenguer
y Dr. Federico Pulido Ortega

Según el estudio ‘Evaluación del impacto del nuevo marco legal sanitario sobre los inmigrantes en situación irregular en España: el caso de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana’ (que se adjunta), los efectos del Real Decreto Ley aprobado en abril van a tener múltiples consecuencias indeseables en la población infectada por el VIH. Entre ellas un aumento de la mortalidad, más enfermedades oportunistas, más ingresos hospitalarios o incremento de la transmisión maternofilial del virus. Asimismo, su aplicación favorecerá, según el estudio, más infecciones en la población, tanto por el VIH como por otros patógenos.

 

Tratamiento y mortalidad

 

En relación con el aumento de la morbimortalidad, el estudio, elaborado por los doctores José A. Pérez-Molina y Federico Pulido, y que acaba de ser publicado por la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) en su revista Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, muestra que la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles dejaría sin la necesaria atención médica a entre 1.800 a 3.220 pacientes ya diagnosticados, de los que entre un 70-80% ya necesitarían tratamiento antirretroviral sólo por sus cifras de linfocitos CD4 al diagnóstico.

 

Teniendo en cuenta el incremento de la tasa de mortalidad asociada a la interrupción del tratamiento, esto supondría, sólo durante el primer año de aplicación de la medida, y en una estimación a la baja, entre 27 y 50 muertes por VIH que, a día de hoy, podrían evitarse, sostienen los autores del informe

 

Siguiendo la extrapolación de datos, el estudio muestra que la frecuencia de infecciones oportunistas se vería incrementada en 2,5 veces (2,1 por ciento pacientes-año), lo que supondría entre 38 y 68 nuevos episodios de enfermedades oportunistas durante el primer año, nuevamente en una estimación a la baja. Asimismo, según el informe, resulta esperable un incremento de las complicaciones médicas no relacionadas con el SIDA (como enfermedades cardiovasculares, renales o hepáticas), que son un 68% más frecuentes en pacientes infectados por VIH que no reciben tratamiento antirretroviral (1,8 por 100 pacientes-año), estimándose al menos entre 33 y 58 nuevos episodios en el primer año.

 

A partir del primer año, el estudio prevé que la tasa de mortalidad aumente rápidamente y pueda llegar a niveles de los 90, donde en algunas cohortes era de entre 12 y 15 muertes por 100 pacientes/año: en esa época, la infección por el VIH se definía como una enfermedad mortal a medio plazo en la mayoría de los casos y con una elevada tasa de complicaciones que requería ingresos frecuentes y prolongados con una sobrecarga asistencial y un elevado consumo de recursos hospitalarios.

 

Daño general sobre la salud pública en España

 

Las consecuencias sanitarias negativas de la retirada de la atención sanitaria a la población inmigrante irregular no se ceñirían en todo caso al colectivo directamente afectado, sino que se extenderían al resto de la ciudadanía y en general a todo el Sistema Público de Salud, como consecuencia del incremento de la transmisión del virus.

 

“Se ha estimado una tasa de transmisión de 23 nuevas infecciones por cada 100 pacientes-año con una carga viral superior a 50.000 copias/mL, y de 13 por cada 100 pacientes año con carga viral entre 3.500 y 49.999 copias/mL. Sabiendo que la interrupción del tratamiento conlleva el rápido incremento de la carga viral hasta alcanzar los niveles previos al tratamiento, es esperable que la mediana de carga viral de la población que quedará desatendida se sitúe en torno a las 50.000 copias, lo que supone unas tasas de transmisión de 18 nuevas infecciones por 100 pacientes y año”.

 

“Teniendo en cuenta la aproximación al número de personas inmigrantes a las que se denegará tratamiento, se espera un incremento de entre 324 y 580 nuevas personas infectadas por el VIH en el año siguiente a la entrada en vigor del Decreto”, señala el estudio que nuevamente matiza que esta cifra “subestima el impacto real de la medida, ya que no tiene en cuenta el hecho de que las nuevas infecciones en inmigrantes no serán diagnosticadas (al no tener acceso a la atención primaria) hasta alcanzar fases avanzadas de la enfermedad, incrementando el riesgo de nuevas transmisiones”.

 

Impacto negativo en la sostenibilidad

 

Desde el punto de vista económico, los expertos de GESIDA consideran que, a corto plazo, el ahorro será mucho menor al pretendido, y, a largo plazo, contraproducente a los efectos deseados. En este sentido, el estudio subraya que la desatención de los inmigrantes irregulares con VIH elevará la tasa de ingresos y reingresos a niveles de finales de los años 80, cuando aún no existían los tratamientos antirretrovirales que conocemos hoy, lo que significará un incremento de los costes hospitalarios.

 

“Aplicando el coste por día de hospitalización de un paciente con infección VIH (443,61 euros) más el coste de la visita inicial a urgencias (169,73) el coste medio estimado por ingreso es de 5.049,34 euros, lo que supone un gasto añadido de entre 6.543.945 euros y 11.706.390 euros, que deberían restarse al “ahorro” conseguido con la denegación del tratamiento”, señala el documento, que vuelve a reiterar que esta estimación de los gastos sobrevenidos se ha realizado a la baja, ya que “no tiene en cuenta los posibles ingresos no evitables por el tratamiento antirretroviral, ni el hecho de que la duración de los ingresos se puede ver incrementada porque los pacientes deben completar el tratamiento ingresados, al no disponer de atención médica al alta, ni tampoco el coste en ingreso y tratamiento de las personas nuevamente infectadas, ni el coste de los ingresos y tratamientos de las personas con derecho a asistencia sanitaria que adquirirán enfermedades transmisibles (como tuberculosis, sífilis, hepatitis B, etc) como consecuencia de la ausencia de diagnóstico y tratamiento de los pacientes fuente.

 

Considerando estos gastos y el impacto sanitario desfavorable creciente, el estudio concluye que es muy probable que “los costes reales, sobre todo a medida que transcurra el tiempo desde la entrada en vigor del Decreto, sean muy superiores a los descritos previamente y se incrementen progresivamente”, perjudicando, más que beneficiando, a la sostenibilidad del sistema.

 

El estudio de GESIDA, presentado en rueda de prensa por el presidente de SEIMC, Álvaro Pascual, el presidente de GESIDA, Pere Domingo, y el secretario, Juan Berenguer, y por los autores, José A. Pérez-Molina y Federico Pulido, concluye que la retirada de la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares VIH conllevaría un incremento de la morbimortalidad y por tanto un mayor coste en la atención de los pacientes, coste que se verá incrementado aún más en los sujetos más inmunodeprimidos. En consecuencia, señala que “supondrá un ahorro económico muy inferior al esperado a corto plazo e impactará negativamente en la salud pública de nuestro país, y muy especialmente en la de los pacientes infectados por el VIH que queden desatendidos, aumentando los gastos sanitarios a medio-largo plazo y alejándonos de los objetivos de salud internacionalmente asumidos”.

 

Contactos políticos y ministeriales

 

Por ello, el presidente de GESIDA, Pere Domingo, ha explicado que su grupo de investigación ha mantenido ya distintos encuentros con los distintos portavoces de Sanidad de los partidos políticos con representación en el Parlamento y en el Senado para explicarles las graves consecuencias sanitarias de este Real Decreto-Ley en el campo del VIH. Asimismo, ha informado por carta a la Ministra de Sanidad, Ana Mato, y próximamente trasladará sus conclusiones, durante una reunión, a la nueva responsable del Plan Nacional del SIDA, Elena Andradas, a la que expresará su preocupación y pedirá la retirada de la medida.

 

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