Política y Sociedad

Trinidad Jiménez reconoce la repercusión de las medidas contra el déficit sobre los sueldos de los sanitarios

Trinidad Jiménez y José Martínez Olmos

Trinidad Jiménez y José Martínez Olmos

Interrogada por los periodistas en una rueda de prensa que nada tenía que ver con la crisis económica, la ministra, acompañada del secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, aseguró que las acciones del Ejecutivo para hacer frente al déficit público, “son difíciles pero muy meditadas, estudiadas y valoradas y, dado que van a tener un efecto inmediato en la ciudadanía, por ello deben ser equilibradas”. Según concretó Trinidad Jiménez, todos los ministros cuyos Departamentos se han visto implicados en los recortes anunciados por el presidente habían participado en la elaboración de las medidas de ahorro del Gobierno. “El ajuste afectaría también a todos los funcionarios del Sistema Nacional de Salud”, concretó la ministra en lo que se refiere a la reducción de sueldos. Tal y como expuso, se trata de algo difícil de aceptar pero que requiere el esfuerzo de todos. “Muchos países están tomando decisiones de estas características, por lo que confío en que los funcionarios asuman esta rebaja”, subrayó.

Reducción del precio de los medicamentos

Las medidas dirigidas a la reducción del gasto farmacéutico fueron las que coparon la mayor parte del análisis de la ministra y el secretario general. “Cuando tomamos medidas tan difíciles para la industria farmacéutica como la de reducir el coste de los medicamentos, lo hacemos para dar sostenibilidad al sistema dentro de una situación excepcional”, explicó Trinidad Jiménez. Asimismo, aseguró que, “este Ministerio tiene un profundo respeto por la industria farmacéutica”, por lo que, según añadió, entiende las reacciones que el sector ha tenido, así como que defienda unos intereses que, por otro lado, “son coincidentes con los del Ministerio”.

Por su parte, Martínez Olmos señaló que las medidas anunciadas por el Gobierno supondrán un ahorro de 1.300 millones de euros para el Estado, que se desglosan en 1.050 millones por la reducción de los precios de medicamentos y en torno a los 250 millones por la modificación y el ajuste de los envases y las prescripciones de los medicamentos a las necesidades del paciente a través de “unidosis”, la segunda acción que implica al sector y que, tal y como anunció el secretario general de Sanidad, requerirá la modificación de la Ley del Medicamento. Tras la piblicación de un nuevo Real Decreto, está previsto que la modificación de los precios de los medicamentos (también para los que cuentan con patente fuera del SNS) se haga efectiva a partir del próximo 1 de agosto.

Con la nueva medida se cierran los recortes al sector farmacéutico

Martínez Olmos matizó que sufrirán un mayor recorte aquellos medicamentos que lleven más tiempo en el mercado, por lo que, un fármaco cuya patente lleve 8, 9 ó 10 años en el mercado, será de los primeros en ver reducido su precio. Trinidad Jiménez añadió que se trata de una medida difícil para la industria farmacéutica, “pero la obligación de su Ministerio es preservar el sistema sanitario”. En este sentido, expuso que la factura farmacéutica del SNS asciende a cerca de 15.000 millones de euros anuales, siendo el Gobierno el principal cliente de este sector.

“Somos conscientes de que en un corto plazo de tiempo hemos hecho dos peticiones de gran esfuerzo y responsabilidad a este sector, por lo que es muy complicado que se aborden nuevos recortes. Hemos exigido mucho a la industria y creemos que ya es suficiente”, anunció Jiménez.

Garantías para los receptores de ayudas a la Dependencia

Respecto a las prestaciones fijadas por la Ley de Dependencia, un ámbito que también se ha visto incluido en las medidas de ahorro del Gobierno, la ministra de Sanidad explicó que se eliminar la retroactividad en el pago de las prestaciones económicas hasta un máximo de seis meses, por lo que, las Administraciones Autonómicas que se retrasen a partir de ese plazo deberán pagar por el tiempo que se demore en abonar al dependiente las ayudas que le corresponden. Esto sólo se aplicará para las nuevas solicitudes, no para las anteriores al anuncio, aunque estos últimos percibirán los retrasos por plazos.

“Lo que hemos hecho es idear una medida que no frene el desarrollo de la ley, sino hacer un ajuste”, concretó la ministra tras afirmar que, al dejar de pagar la retroactividad, se conseguirá una mayor agilización y mejora del funcionamiento de la Ley de Dependencia, “porque se obliga a las comunidades autónomas a resolver la solicitud y el reconocimiento del derecho en seis meses, ya que a partir de este plazo, sí tiene derecho el usuario a cobrar los retrasos”. Asimismo, esta medida supondrá un ahorro de 1.081 millones de euros, con los que, tal y como avanzó Trinidad Jimñenez, se podrá incorporar al sistema a unas 70.000 personas que actualmente se encuentran en espera. “El Gobierno garantiza a estas personas su prestación”, reiteró.

Arantxa Mirón Millán

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