Derecho Sanitario Tras sufrir una infección

El Tribunal Supremo condena al Estado a indemnizar a un preso que quedó inválido en la cárcel

— Madrid 15 Feb, 2018 - 6:27 pm

La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha reconocido el derecho a cobrar una indemnización de 500.000 euros por parte del Estado a un preso que quedó en situación de invalidez tras sufrir una infección, por entender que se habría evitado o minorado el resultado de su lesión si le hubiesen realizado un diagnóstico distinto al que hicieron los médicos del centro penitenciario de Alhaurín de la Torre, en Málaga, donde estaba ingresado.

El órgano judicial concluye que, aunque los servicios sanitarios penitenciarios actuaron conforme a su criterio y de acuerdo a las circunstancias del enfermo y sus antecedentes, “es manifiesto que otro diagnóstico era admisible desde el punto de vista de la ciencia médica, lo cual remite a la pérdida de oportunidad”.

Por ello, aplica a este caso la doctrina jurisprudencial relativa porque considera que “de haberse realizado un diagnóstico más acorde a los síntomas que ofrecía el paciente, se hubiese remitido a un centro donde pudieran haberle detectado con más antelación el empiema ya manifestado con síntomas”.

La Sala estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el recurrente y su madre contra la sentencia de la Audiencia Nacional, que confirmó la resolución de 16 de octubre de 2015 del secretario general técnico del Ministerio del Interior que rechazó la reclamación de indemnización de 1.314.393 euros presentada por responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado.

Antecedentes

Según los informes médicos, el recurrente padecía diabetes de muy mal control metabólico además de otros problemas como la amputación de falange distal de 1º y 2º dedo. Tras empeorar su estado, el preso fue trasladado al hospital, donde le hicieron una resonancia magnética y se le diagnosticó empiema epidural T3-T9 con compresión severa medular de la que fue intervenido.

Los servicios sanitarios de la prisión recogieron que el empiema epidural es una enfermedad muy poco frecuente y de difícil diagnóstico, coincidiendo con la Inspección penitenciaria que aclaró que solo es posible su diagnóstico mediante una resonancia magnética que no puede hacerse en los centros penitenciarios.

Finalmente, el Tribunal Supremo concluye que “la demora en practicar la operación fue la que ocasionó el resultado y que esa premura estuvo motivada por la tardanza en detectarla por la resonancia magnética y esta, a su vez, en la posibilidad de realizarla que no era posible en el Centro penitenciario”.

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