Política y Sociedad Posicionamiento a favor de la selección pública de fármacos

Las subastas de medicamentos podrían ahorrar «como mínimo» 600 millones de euros al SNS

La Asociación Acceso Justo al Medicamento (AAJM) ha hecho público su posicionamiento a favor de la selección pública de medicamentos en Andalucía, la «mal llamada» subasta de medicamentos, que a su juicio, debería ser extensible al resto de territorios de España puesto que, si así sucediera, se podría generar un ahorro en el Sistema Nacional de Salud (SNS) de «como mínimo» 600 millones de euros.

davEl acto de presentación, celebrado en la sede de la Organización Médica Colegial (OMC), contó con la presencia del presidente de dicha corporación, el doctor Serafín Romero, quien estuvo acompañado en la mesa por su homólogo en la AAJM, el doctor Roberto Sabrido; el vicepresidente de la misma asociación y expresidente de la OMC, el doctor Juan José Rodríguez Sendín; y el segundo vocal de la organización en defensa del acceso a los medicamentos, el doctor Ramón Gálvez.

Según afirmó Serafín Romero, este documento de posicionamiento es «parte del pensamiento de esta casa en torno al sector farmacéutico», que comparten sus compañeros de mesa, que a su juicio, están «casi clamando en el desierto sobre el hecho del acceso al medicamento». «Nada cambia y no hacemos nada para que cambie», criticó el presidente de la OMC, corporación que, afirmó, seguirá defendiendo tres aspectos: la seguridad, la efectividad y la libertad de prescripción de los fármacos en España.

Medida de obligado cumplimiento

Roberto Sabrido se encargó de explicar los principios de la asociación que preside, cuyo fin último es la defensa del derecho a acceder a los medicamentos en condiciones de igualdad. «Intentamos luchar contra aquellos factores que puedan poner en riesgo la sostenibilidad», prosiguió, para argumentar después que los fármacos «no deben ser considerados un bien más, sino como un derecho humano».

Por ello, el sistema de selección pública «va en la línea correcta» para la AAJM, ya que apuesta por «justo lo contrario de lo que se le acusa», según Sabrido. «Creemos que esta medida debería ser de obligado cumplimiento en todas las Administraciones sanitarias públicas», declaró, para después mostrarse contrario a acuerdos como el renovado entre Farmaindustria y el Ministerio de Hacienda, que obliga a que el Estado compre un mínimo de medicamentos de marca.

Ramón Gálvez estableció como «sagrado» un principio que rige la práctica de todo médico: que el paciente reciba el tratamiento que necesita y merece. «Por tanto, nos preocupa analizar si las denominadas subastas cumplen con este principio», agregó.

Desmontar los argumentos
Roberto Sabrido y Serafín Romero

Roberto Sabrido y Serafín Romero

Así, Gálvez procedió a tratar de desmontar uno a uno los argumentos en contra de la selección pública de medicamentos, igual que ya hiciera el Tribunal Constitucional al rechazar el recurso del Gobierno contra el método de la Junta de Andalucía y al igual que hace el ‘Posicionamiento a propósito de la selección pública de medicamentos a dispensar en las oficinas de Farmacia de Andalucía’. En este sentido, recordó que el nombre comercial o marca de los medicamentos «realmente no importa». «Nuestra libertad consiste en elegir el principio activo», explicó, por lo que no se puede considerar que la accesibilidad «se quiebra» por escoger una marca u otra.

Por otro lado, independientemente de quién fabrique el fármaco, tiene que pasar por los procedimientos de control de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Así, Gálvez se preguntó cómo es posible poner en duda que este organismo regulatorio «actúe incorrectamente», pese a que quien fabrique el medicamento sea una empresa más pequeña o de un país distinto.

En tercer lugar, Gálvez abordó la cuestión del desabastecimiento, para la que los argumentos son «contradictorios». Según describió, sólo el 7,67 por ciento de los medicamentos incluidos en subasta en Andalucía sufrieron desabastecimiento, lo que no impide que se acceda a otros fármacos ajenos a la selección pública con el mismo principio activo. «El ciudadano no se queda sin el principio activo», insistió el representante de la AAJM, ya que hay otro disponible.

Por último, Gálvez señaló a la falta de adherencia provocada por el uso de medicamentos genéricos, con distintas cajas de las marcas. En este punto, recordó que en cualquier otra comunidad distinta de Andalucía se puede acudir a una farmacia a solicitar un medicamento y en cada ocasión se venda con un envase distinto, sin que esté incluido en ninguna subasta. «Lo que realmente provoca es un problema es cuando ese ciudadano no recibe un medicamento porque no puede pagarlo», sentenció.

Una «profunda irresponsabilidad»
Juan José Rodríguez Sendín y Ramón Gálvez

Juan José Rodríguez Sendín y Ramón Gálvez

«Hay un verdadero trasfondo moral detrás», criticó, por su parte, Juan José Rodríguez Sendín, refiriéndose a las críticas a un método de compra de medicamentos que Andalucía «valientemente ha realizado y ha mantenido». Según relató, si esa valentía se extendiera al resto de comunidades autónomas, el SNS ahorraría «como mínimo» 600 millones de euros, lo que permitiría contratar 10.000 médicos o más de 12.000 enfermeras.

Andalucía y Galicia, prosiguió el también presidente de la Comisión Central de Deontología de la OMC, son las dos únicas regiones que tomaron medidas «en plena crisis» para controlar el gasto farmacéutico. Por ello han sido «ampliamente criticadas» y, de igual manera «ambas confirmadas por el Tribunal Constitucional». «Sólo le falta poner al Tribunal Constitucional en su sentencia ‘hágase‘», aseguró Rodríguez Sendín, que sin embargo, cree que el Ejecutivo «ha abandonado» a estas comunidades, lo que considera «una cuestión muy grave».

El expresidente de la OMC no se explica «cómo es posible que la cantidad de barbaridades de grupos políticos, gente inteligente, no hayan sido desmentidas por autoridades sanitarias», algo que cree que es «una profunda irresponsabilidad». Por ello, invitó a un debate público con las Administraciones, «si se atreven», para que expliquen las razones para desoír la sentencia del Tribunal Constitucional y cuestionar a la AEMPS, a la que «están acusando de corrupción» por desconfiar de medicamentos que están autorizados por este organismo regulador.

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