Política y Sociedad

Sanidad analiza los pormenores del desarrollo de la Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo

José Martínez Olmos, Trinidad Jiménez y Pablo Rivero

José Martínez Olmos, Trinidad Jiménez y Pablo Rivero

Esta Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, prevé expresamente en distintos puntos de su articulado la necesidad de un desarrollo reglamentario de sus disposiciones. Según explicó la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, el RD correspondiente establece que el médico que se encuentre en la situación de valorar si una menor de 16 ó 17 años puede abortar sin informar a sus padres debido a un riesgo de grave conflicto intrafamiliar o coacción de su libertad podrá pedir un informe a un psicólogo o trabajador social en el caso de que tenga dudas. “Estos profesionales saben hacer muy bien su trabajo”, apostilló la ministra.

No obstante, Jiménez aseguró que la simple manifestación de este temor por parte de la menor tiene un valor jurídico por sí misma, lo cual no quiere decir que el médicos, en caso de duda, pidan una valoración más. La ministra recordó que, en cualquier caso, la joven de 16 ó 17 años que quiera abortar deberá hacerlo siempre antes de la semana 14ª de gestación, con la obligación de informar a sus padres de tal decisión y demostrar documentadamente en la clínica donde la lleve a término que éstos o el tutor, en su caso, están al corriente (siempre y cuando no la acompañen).

Acreditación de las clínicas

Uno de los objetivos del presente Real Decreto es el de asegurar la igualdad y calidad asistencial de la prestación a la interrupción voluntaria del embarazo, de manera que se garantice a todas las mujeres por igual el acceso a la prestación con independencia del lugar donde residan. Para ello, los servicios públicos de salud, velarán por la disponibilidad de los recursos necesarios, incluyendo las técnicas diagnósticas urgentes para posibilitar la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo en los supuestos y condiciones legalmente establecidos.

Este reglamento también recoge que la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma. Las Comunidades Autónomas acreditarán cada uno de los centros o establecimientos sanitarios privados que, cumpliendo con lo establecido en la Ley y con los requisitos mínimos comunes contemplados en los anexos de este Real Decreto, lo soliciten. Asimismo, publicarán y mantendrán actualizadas las relaciones de los centros acreditados para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo.

Intimidad y confidencialidad

Los centros acreditados conservarán la historia clínica y los dictámenes, informes y documentos que hayan sido precisos para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, así como el consentimiento expreso de la mujer embarazada, asegurando siempre la intimidad de las mujeres y la confidencialidad del tratamiento de sus datos de carácter personal. Estas mujeres recibirán en la clínica donde decidan llevar a cabo la IVE un sobre cerrado elaborado por el órgano competente de la Comunidad donde vaya a practicarse la intervención.

Con el fin de garantizar la confidencialidad e intimidad de la mujer gestante, los registros de los sobres entregados que lleven, en su caso, los órganos administrativos o los centros sanitarios públicos o privados acreditados no podrán recoger datos personales.

A.M.M.

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