Política y Sociedad

Un sabor agridulce en la Sanidad

Quienes consideramos que en España el sistema sanitario público, universal e igualitario, constituye un patrimonio democrático y de cohesión principal, nos sentíamos esperanzados porque el primer discurso del candidato socialista en las próximas elecciones generales, y otros posteriores, incluyeran una alusión directa al mantenimiento de ese sistema, y a la negativa a suscribir cualquier medida que pudiera llevar de una u otra forma a su privatización, como un elemento central de su programa. La inclusión de las cuestiones sanitarias como uno de los elementos diferenciales del discurso político del partido socialista es toda una novedad desde la aprobación de la Ley General de Sanidad, hace más de 25 años.

Pedro Sabando Suárez y Javier Rey del Castillo
Pedro Sabando Suárez y Javier Rey del Castillo

Aumento de camas privadas

Los desarrollos legales realizados y las políticas de hecho llevadas a cabo en distintas CCAA han llevado al Sistema al borde de una crisis financiera puesta de manifiesto por los déficits en los que han incurrido buena parte de aquéllas, como consecuencia de su gestión sanitaria. Una crisis a la que se propone dar solución por algunas partes mediante el aumento de la participación privada en la gestión del sistema sanitario público. Los intereses que se están moviendo en ese sentido quedan bien reflejados en el hecho de que, conforme a las estadísticas más recientes, en los últimos años el número de camas hospitalarias privadas ha crecido en España a un ritmo cinco veces superior al de camas públicas; una inversión que traduce bien a las claras las oportunidades que parecen atisbarse por esos sectores si se logra dar esa vía de salida a la crisis financiera.

El sistema sanitario que más gasta en el mundo, un 17% de su PIB, el norteamericano, se basa precisamente en la gestión de la cobertura sanitaria para la mayoría de la población por aseguradoras privadas, que, sin embargo, deja sin cobertura hasta a un 15% de aquélla. Las medidas de reforma de ese sistema hace un año amenazan con invertirse en el debate presupuestario de aquel país. Allí el Partido Republicano, con el apoyo del lobby asegurador, se ha opuesto a cualquier medida de incremento del gasto público, y se propone reducir aún más y poner en manos privadas la parte minoritaria de protección sanitaria pública de que dispone la población jubilada (Medicare) y pobre (Medicaid) de aquel país. Toda una prueba de las dificultades para lograr un cambio de situación en el sentido universalizador e igualitario de la protección sanitaria si ésta cae en manos privadas.

Una cierta esperanza

Unas y otras razones permiten deducir que las fortalezas de nuestro sistema sanitario en términos de universalidad, calidad, eficiencia y sostenibilidad financiera, pasan por el reforzamiento de su carácter público y su funcionamiento cohesionado.

La esperanza que nos genera que, por primera vez en muchos años, se haya incluido la cuestión sanitaria entre las medidas prioritarias que debería abordar el Gobierno se ve, sin embargo, empañada por diferentes medidas que, en sentido contradictorio, se están adoptando por el actual antes de la convocatoria electoral.

Primera contradicción

Es en primer lugar la disposición adicional que, a propuesta de CiU, se introdujo en el texto de reforma del sistema de pensiones, conforme a la cual se pretenden cancelar supuestas deudas contraídas por la Seguridad Social con la Administración General del Estado (AGE) mediante la cesión a ésta de la propiedad de los centros sanitarios de su propiedad. Una cesión que daría luego lugar a los traspasos de los centros a las CCAA, que podrían disponer de los mismos conforme a sus propios criterios. De éstas, la catalana ya expresó que estaría dispuesta a venderlos de inmediato (¿a quién, sino a las compañías aseguradoras que operan en su territorio?) con objeto de disponer de fondos con los que compensar una parte de su déficit sanitario, y a alquilarlos después a los compradores para continuar prestando la atención. Lo que daría lugar al monopolio de los recursos sanitarios en aquel u otros territorios por las aseguradoras, que podrían imponer sus condiciones en términos de precios y atención prestada.

La petición de ceder la propiedad de los centros sanitarios a las CCAA no resulta nueva: desde Cataluña, y no sólo por CiU, hace años que se viene planteando esta cuestión a Gobiernos tanto del PSOE como del PP. Tal petición había recibido hasta ahora una misma respuesta contraria. Es nueva la respuesta favorable dada ahora a esa misma pretensión, finalmente aprobada con el apoyo del Partido Socialista y la oposición del PP.

Deudas recíprocas

Desde el punto de vista técnico, la justificación de la propuesta carece de rigor: cabe discutir que las razones que se utilizaron para justificar la necesidad de cerrar las deudas de la Seguridad Social con la AGE sean ciertas. Las supuestas deudas a las que se alude son las operaciones de crédito adicional que la AGE realizó y anotó contablemente como préstamos a la Seguridad Social entre 1992 y 1996 para resolver los déficits en que había incurrido la financiación del INSALUD en los períodos indicados. Pero en ese periodo la responsabilidad de la financiación sanitaria recaía ya en más del 80% sobre la propia AGE, y sólo en una proporción inferior al 20%, sobre la Seguridad Social, por mucho que para hacer llegar los créditos a las entidades que gestionaban la atención sanitaria (INSALUD y siete CCAA) se hiciese un trasvase de fondos desde la Hacienda Pública a la Tesorería de la Seguridad Social, desde donde se distribuían. Pero un problema de apunte contable no debe resolverse creando otro político general.

Además, las deudas recíprocas entre AGE y Seguridad Social existen en ambos sentidos, y no hay razón alguna que pueda justificar la necesidad de resolver ahora y con carácter urgente sólo las indicadas, en la proporción en que resultasen aceptables en función del razonamiento anterior, sin tener en cuenta el balance global.

Se trata de una medida cuya justificación, oportunidad y urgencia carecen de sentido técnico alguno, que, sin embargo, tiene consecuencias políticas importantes sobre la organización de la protección sanitaria, facilitando la privatización de los recursos sanitarios, y rompiendo con ello uno de los elementos esenciales de nuestro sistema sanitario para garantizar su carácter igualitario y universal.

Nueva contradicción: MUFACE

En la misma línea está una disposición adicional introducida a iniciativa de IU en el texto la Ley de salud pública que se acaba de aprobar, con el fin de extender la asistencia sanitaria pública a determinados colectivos que no disponían hasta ahora de vías para ejercer ese derecho supuestamente “universal”.

La redacción aprobada está hecha de tal manera que la solución de ese problema organizativo (el derecho existía, pero no se habían arbitrado vías para hacerlo efectivo) se acompaña de la reiteración de que la protección sanitaria que reciben buena parte de los funcionarios a través de aseguradoras privadas se hará efectiva “manteniendo su régimen jurídico específico”, pese a situarse éste en cuanto a condiciones organizativas, financiación y forma de ejercer el derecho al margen del Sistema Nacional de Salud, socavando con ello la eficiencia y la universalidad del mismo. Ese reconocimiento repetido, que contradice la aproximación y homologación de tales sistemas especiales de protección al sistema sanitario público “único” que se preveían en la Ley General de Sanidad, supone un refuerzo de los mecanismos que han hecho posible hasta ahora a las aseguradoras privadas mantener un pie en ese sistema; lo que les permite ahora tratar de extender su participación en el mismo a través de nuevas formas, como la gestión de nuevos hospitales públicos creados bajo la fórmula PFI , o la adquisición de los de la Seguridad Social por la vía comentada más arriba.

Que esas medidas se estén adoptando de forma apresurada por un Gobierno cuya gestión está en su última fase y del que ya no forma parte el candidato exige que el programa sanitario de éste aclare de manera precisa qué actuaciones llevará a cabo para evitar que esas medidas comprometan la consolidación de nuestro sistema sanitario público universal en un momento en que se está poniendo en cuestión su sostenibilidad.

 

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