Punto de vista

PUNTO DE VISTA: LA INNECESARIA LEY DE LIBRE ELECCIÓN DE MÉDICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Cuando se cumplen dos meses de la entrada en vigor de la libre elección de médico de Atención Primaria en la Comunidad de Madrid, Elena Moral, Secretaria del Área de Sanidad del sindicato CSIT-UP, ofrece un análisis de la falta de justificación de una ley que, en el fondo, busca otros objetivos.

Elena Moral Pavo

Elena Moral Pavo

Desde 2003, y debido a la necesidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid de justificar ante la opinión pública los gastos derivados de la construcción de once nuevos hospitales y casi 60 centros de salud, la Consejería de Sanidad lanzó la idea de la idoneidad de reformar los modelos sanitarios de nuestra región. Hasta ese momento, el sistema sanitario público madrileño había sido uno de los mejores valorados a nivel nacional e incluso europeo, pero un gobierno empeñado en cumplir las promesas de su presidenta, aunque éstas no fueran a solucionar los aspectos mejorables del sistema, apostó por endeudar a los madrileños en una estructura que primara la iniciativa público-privada en la Atención Especializada u hospitalaria. En lo que respecta a la Atención Primaria o de centros de salud, la Consejería de Sanidad decidió en 2007 dejar de desarrollar el Plan de calidad 2006-2009, previamente elaborado por la propia Consejería en connivencia con los representantes de los profesionales, de todas las sociedades científicas y colegios de médicos y enfermeras, que fue refrendado posteriormente en la Asamblea de Madrid y consiguientemente presupuestado. Las plazas creadas bajo ese presupuesto no llegaron a ver la luz, como los acuerdos derivados de la Mesa sectorial entre la Administración y los representantes de los profesionales.

Libre elección, innecesaria

Los incumplimientos han marcado el modus operandi de una Consejería de Sanidad incapaz de mantener una planificación sanitaria que sobreviva a los constantes cambios de consejero, motivo que le obliga a imponer una ley como la del Área Única sanitaria. Ésta se sustenta en dos decretos legislativos (Libre elección y Estructuras) claramente prescindibles para la mejora de la calidad asistencial, pero muy útiles para conseguir otros objetivos de carácter político: potenciar el modelo económico-hospitalario; privatizar todos los servicios que no son estrictamente sanitarios; dar carta blanca a la consejería para trasladar al personal arbitrariamente, lo que comporta debilitar y eliminar los organismos y normativas que garantizan la estabilidad y la continuidad en el empleo, tan importante en el caso de los profesionales sanitarios. Durante las dos últimas legislaturas, los sindicatos como CSIT, hemos criticado abiertamente estas modificaciones en el sistema sanitario madrileño, por carecer de unas bases sólidas de análisis y planificación y por su carácter impositivo, prescindible y propagandístico.

Una ley sin desarrollar

La ley, implantada desde el 15 de octubre en Atención Primaria y desde el 1 de diciembre en Especializada, sin un desarrollo previo de sus decretos, ha hecho que los profesionales, ya desmotivados, se sientan ninguneados por la puesta en marcha de una normativa innecesaria que se les impone sin haberles consultado y habiendo hecho caso omiso de sus recomendaciones previas. Los pacientes no cuentan con criterios de calidad fiables que les permitan ejercer una libre elección de profesional en función de las capacidades del mismo. La mayoría de ellos lo saben, y esto explica que, desde la implantación de la Libre Elección, las solicitudes para cambio de profesional no hayan sufrido un aumento con respecto a las que se venían gestionando con la ley anterior (que ya permitía la elección de médico).

Por lo tanto, no existía una necesidad que justificara esta imposición legislativa; pero, casualmente, el Área Única sí que ha servido para reducir a la mínima expresión la representatividad de los trabajadores de la sanidad (de las 11 áreas sanitarias hemos pasado a 7 circunscripciones para las elecciones sindicales) y, por tanto, de las organizaciones sindicales, esas que tanta oposición han mostrado a la gestión de la política sanitaria madrileña en los últimos años.

Elena Moral Pavo es Secretaria del Área de Sanidad en CSIT UNIÓN PROFESIONAL

Acta Sanitaria

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