Punto de vista

El sinsentido del traspaso de hospitales de la Seguridad Social a las autonomías

Pedro Sabando y Javier Rey, que fueran altos cargos del Ministerio de Sanidad en la etapa en que, con el primer gobierno socialista, se elaboró la Ley General de Sanidad, cuestionan la estrategia montada para el trasvase a las Comunidades Autónomas de determinado patrimonio inmobiliario de la Seguridad Social y temen por las consecuencias que puedan tener sobre la propia sanidad pública.

Javier Rey y Pedro Sabando

Javier Rey y Pedro Sabando

La disposición adicional que, a propuesta de CiU, se ha introducido en el texto de reforma del sistema de pensiones, establece la cancelación de supuestas deudas contraídas por la Seguridad Social con la Administración General del Estado (AGE) mediante la cesión a ésta de la propiedad de los centros sanitarios situados en las Comunidades Autónomas. Una cesión que, una vez recibida por la AGE, y puesto que ésta carece en la actualidad de competencias en la gestión de la asistencia sanitaria, daría lugar a los traspasos de los centros a las CCAA, que podrían disponer de los mismos conforme a sus propios criterios. De éstas, la catalana ya ha expresado sin ninguna cautela que estaría dispuesta a venderlos de inmediato (¿a quién si no a las compañías aseguradoras que operan en su territorio?), con objeto de disponer de fondos con los que compensar una parte de su déficit, generado por su propia gestión sanitaria, y a alquilarlos a su vez a los compradores para continuar prestando la atención. Un movimiento que daría lugar al monopolio de los recursos sanitarios en aquel territorio, y en cuantos actuaran de manera similar, por las aseguradoras privadas, que podrían imponer sus condiciones en términos de precios y atención sanitaria prestada.

Demanda antigua

La petición de la cesión de la propiedad de los centros sanitarios a las CCAA en sí misma no resulta nueva: la representación catalana en el Congreso, no sólo la de CiU, había venido planteando esta cuestión de manera repetida desde hace años a Gobiernos tanto del PSOE como del PP. Sin embargo, tal petición había recibido hasta ahora una misma respuesta contraria, basada principalmente en la negativa a romper el carácter único e indivisible del patrimonio de la Seguridad Social, que incluye no sólo los fondos económicos de la “caja única” que garantizan las pensiones, sino también las propiedades de otra naturaleza que sirven de respaldo a éstas. Frente a esa situación, es sin embargo nueva la respuesta favorable dada ahora a la misma pretensión, traducida en la aceptación de la propuesta en la Comisión de Trabajo del Congreso, desde la que pasó junto con el resto de la norma a su estudio por el Senado y que, tras su aprobación en esta cámara (mediante el rechazo de una enmienda de supresión del PP), fue finalmente aprobada la semana pasada por el Congreso.

Falta de rigor

Desde el punto de vista técnico, la justificación de la propuesta carece de rigor alguno: de entrada, cabe discutir que las razones que se utilizan para justificar la necesidad de cerrar las deudas de la Seguridad Social con la AGE sean ciertas. Las supuestas deudas a las que se alude son las operaciones de crédito adicional que la AGE realizó y anotó contablemente como préstamos a la Seguridad Social entre 1992 y 1996 para resolver los déficits en que había incurrido la financiación del INSALUD en los períodos indicados. Pero en ese periodo la responsabilidad de la financiación sanitaria recaía ya en más del 80% sobre la propia AGE, y sólo en una proporción menor, inferior al 20%, sobre la Seguridad Social, por mucho que para hacer llegar los créditos a las entidades que gestionaban la atención sanitaria (no sólo el INSALUD, sino también las siete CCAA que ya habían recibido el traspaso de la atención sanitaria en aquel momento) se hiciese un trasvase de fondos desde la Hacienda Pública a la Tesorería de la Seguridad Social, que los distribuía en la proporción correspondiente a esas entidades gestoras. Pero un problema de apunte contable no debe resolverse creando un problema político general.

Por otra parte, las deudas recíprocas entre AGE y Seguridad Social existen en ambos sentidos, y no hay razón alguna que pueda justificar la necesidad de resolver ahora y con carácter urgente sólo las deudas indicadas, en la proporción en que resultasen aceptables en función del razonamiento anterior, sin tener en cuenta el balance global.

Consecuencias políticas

Se trata, en consecuencia, de una medida cuya justificación, oportunidad y urgencia carecen de sentido técnico alguno que, sin embargo, tiene consecuencias políticas importantes sobre la organización de la protección sanitaria, facilitando la privatización de los recursos sanitarios, y rompiendo con ello uno de los elementos esenciales de nuestro sistema sanitario para garantizar su carácter igualitario y universal.

La aplicación de la medida introducida en la norma indicada, que deberá hacerse en los próximos meses, en unos términos que impidan el desarrollo previsible señalado es la contribución mínima que puede hacerse en este momento para a la consolidación de nuestro sistema sanitario público universal en un momento en que se está poniendo en cuestión su sostenibilidad.

Pedro Sabando, ex subsecretario de Sanidad, y Javier Rey, ex director general de Alta Inspección del Ministerio de Sanidad

Acta Sanitaria

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