Punto de vista

PUNTO DE VISTA: COPAGO, NO

Ante el debate abierto sobre el copago, el consejero de Salud y Bienestar de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, se manifiesta totalmente en contra, no sólo por lo que tiene de penalización de los más desfavorecidos, sino porque todavía hay margen para incrementar el capítulo presupuestario destinado a tal fin. Además, apunta que el tema de la financiación del Sistema Nacional de Salud (SNS) debería replantearse una vez pase la actual crisis económica.

Desde hace tiempo, las corrientes privatizadoras de la sanidad abogan por reducir prestaciones o ampliar el copago, porque dicen que el gasto sanitario es insostenible y está descontrolado. No es un argumento nuevo ni una idea novedosa, simplemente se amplifica por sus portavoces cuando una crisis golpea las arcas públicas y la capacidad del Estado para financiar el sistema sanitario se resiente. Pasó a principios de los ochenta, cuya crisis económica viví como responsable del Insalud en Madrid, y ahora también, aunque esta vez me ha tocado como responsable de la política de salud y bienestar social de Castilla-La Mancha.

Pero ese análisis de los ideólogos de la necesidad de una sanidad privada fuerte frente a una pública subsidiaria, para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario no se ajusta a la realidad, ya que el crecimiento histórico de la inversión pública en sanidad en España y en Europa han pasado fases de expansión y de estabilización, pero siempre de manera controlada, no como en Estados Unidos donde con una cobertura mayoritariamente privada su gasto sanitario es ineficiente y superior al europeo. La sanidad pública española es una de las más eficientes del mundo, porque con una inversión sanitaria con respecto a su Producto Interior Bruto (PIB) por debajo de otros países de su entorno, sus indicadores de salud están a la cabeza de la tabla mundial.

Financiación de la sanidad a través de los enfermos

El copago no es la solución para resolver el problema que pueda haber de financiación del Sistema Nacional de Salud (SNS). En los estudios que se han hecho sobre el copago, con análisis comparados entre países, se ha observado que tiene una función recaudatoria escasa y un factor de reducción de consumo también escaso.

Mientras que ahora la sanidad pública se financia por impuestos en función de la renta de cada uno y es accesible a todos por igual, el copago pretende financiar la sanidad a través de los enfermos, pagando cada uno lo que consume, y el que no pueda afrontar ese gasto no podrá utilizar los servicios sanitarios que requiera. El copago provoca que las personas de renta media y baja no puedan acudir a la sanidad como hasta ahora, en condiciones de igualdad. Quienes más necesitan ir al médico o al hospital son las personas mayores, las personas con discapacidad o con enfermedades crónicas. Exigir a estas personas un pago por la utilización de servicios o para ser atendidas por los médicos es penalizar a los más débiles, a los más frágiles. Sería injusto.

Conciencia del gasto

Por otro lado, el elemento que puede aportar el copago es la conciencia del gasto, pero ¿merece la pena para hacer esa concienciación poner en riesgo un sistema sanitario que es equitativo y eficaz? Para instaurar el copago, además, habría que crear una infraestructura de cajeros en toda la red de centros de salud y hospitales, que probablemente costaría más que lo que se recaudase.

Por tanto, no es útil, ya que todo indica que no disminuye el gasto y, además, traería desigualdades. Si tuviera que elegir otras opciones para que el Estado recaude más dinero insistiría en una política mucho más firme contra el fraude fiscal, por ejemplo, que equivale a todo el gasto sanitario público español. Además, creo que han sido acertadas las medidas que adoptamos hace un año todos los consejeros de salud y la ministra del ramo en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para contribuir al mantenimiento y consolidación de las prestaciones sanitarias mientras dure esta etapa de dificultades.

Un replanteamiento de futuro

He reiterado muchas veces públicamente mi confianza en la sostenibilidad del sistema público de salud, ya que se fundamenta en la Constitución, que lo declara universal y garantiza su financiación pública. La eficiencia de un sistema público sanitario como el español garantiza el acceso de todos los ciudadanos, independientemente de su residencia, de su condición social o de su renta, a las tecnologías, medicamentos y técnicas que requieran en cada momento. De cara al futuro, una vez superada la crisis, será necesario replantearnos el modelo de financiación, ya que desde mi punto de vista es más positivo establecer una aportación finalista por vía fiscal, a medio plazo.

El Sistema Nacional de Salud tiene en este momento un gasto del 7 por ciento del PIB. Y esto, para la renta per capita española, es una proporción muy sostenible. Incluso tendríamos capacidad, sin distorsionar el conjunto de las políticas públicas y la iniciativa privada, para destinar un punto más de PIB a la Sanidad. Estoy convencido de que tenemos margen de crecimiento. Por eso, defiendo que en los próximos tres, cuatro o cinco años se debería incorporar ese punto más de PIB que necesitamos para mantener la calidad del sistema. Además, ello nos permitiría seguir la tendencia del conjunto de los países de la OCDE.

Para terminar, quiero recordar a los agoreros de la sanidad pública española, defensores de copago y de la privatización, que cuando hay una enfermedad grave el ahorro que pueda hacer una familia para pagar esa atención es insuficiente. Basta citar que 150 millones de personas se arruinan al año en el mundo por tener que hacer frente a gastos derivados de una enfermedad, algo que en España no ocurre. Y no ocurrirá nunca con José María Barreda como presidente de Castilla-La Mancha.

Fernando Lamata es consejero de Salud y Bienestar Social del Gobierno de Castilla-La Mancha

Acta Sanitaria

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