Política y Sociedad

Para Martínez Olmos, las Consejerías de Hacienda han tenido un poder excesivo en materia sanitaria

Acta Sanitaria.- Algunas de las comunidades autónomas que recibieron las transferencias del Insalud están ahora pidiendo que esa competencia vuelva al Gobierno central. En su opinión ¿cuál es la causa?

 

José Martínez Olmos.- El PP nunca ha creído en el modelo autonómico y eso es algo ampliamente conocido. Ahora, cuando encuentran dificultades económicas, quieren dar pasos atrás. Pero todo es una estrategia que se basa en afirmar que la sanidad es insostenible y plantear que, o se devuelven las competencias, o el Gobierno paga las deudas, o se tiene que acudir al recorte, la privatización y el copago.

 

A.S.- Si es verdad que la sanidad pública tiene una deuda de 15.000 millones euros, ¿por qué se ha llegado a esta situación? ¿Qué responsabilidad tiene la Administración central y cuál la autonómica?

 

M.O.- Las Comunidades son las responsables de ejercer su competencia de gestión de la sanidad transferida. Son ellas quienes organizan, contratan, compran suministros y gestionan la sanidad. Al Gobierno de España corresponden otras responsabilidades, tales como la política farmacéutica o la sanidad exterior. Y estas competencias las ha ejercido con responsabilidad, hasta el punto de que hemos aprobado varios Reales Decreto Ley para ahorrar más de 5.000 millones de euros en gasto en medicamentos, que se han podido ahorrar las Comunidades Autónomas. La crisis económica ha influido en la disponibilidad de recursos, pero algunas Comunidades no han puesto en sanidad todos los recursos transferidos. Incluso, los ahorros generados desde el Gobierno de España han sido eliminados del presupuesto de sanidad. Las Consejerías de Hacienda han tenido en algunas Autonomías un poder excesivo en materia de sanidad. Es el caso de Madrid, Valencia, Murcia, Galicia… Una Comunidad, cuando decide hacer un campeonato de F-1 o incorporar la iniciativa privada en la gestión de los servicios o hacer deducciones fiscales a quienes tienen sus hijos en la escuela privada, decide también cuántos recursos pone en sus servicios públicos de salud.

 

A.S.- La aspiración a una mayor coordinación en la información sobre el SNS surge ahora más que nunca en los programas electorales. ¿En qué estado de desarrollo están en estos momentos la historia clínica digital del SNS y la receta electrónica?

 

M.O.- El Gobierno ha impulsado la sanidad digital en las Autonomías, destinando 240 millones de euros para receta electrónica, historia clínica digital y base de datos de tarjeta sanitaria. Hoy, todas las tarjetas están en una base de datos ministerial y varias Comunidades tienen extendida la receta electrónica gracias a esa ayuda del Gobierno. Destaca Andalucía que, con la extensión de la receta electrónica, ha aumentado la disponibilidad de tiempo para los profesionales en un 20%. Otras Comunidades, como Madrid, además de incumplir sus compromisos en esta materia, van con retraso.

 

José Martínez OlmosA.S.- A efectos de mantener los niveles de equidad y calidad de la sanidad española ¿es necesario crear un nivel de coordinación ejecutiva entre Comunidades Autónomas o dotar de mayor capacidad resolutiva al Consejo Interterritorial?

 

M.O. – Lo ideal sería cumplir los compromisos adquiridos. Algunas Comunidades firman y acuerdan medidas y luego las incumplen. Por ejemplo, acordamos el calendario único de vacunas y, después, Galicia, introduce de manera unilateral una nueva vacuna. Por todo ello, soy partidario de dotar de más carácter ejecutivo al Intererritorial e, incluso, tener en cuenta si se cumplen los compromisos a la hora de recibir ayudas económicas desde el Gobierno.

 

A.S.- Aunque la sanidad sigue siendo financiada por los presupuestos públicos, ¿qué consecuencias se pueden derivar de los diferentes modelos de gestión para los ciudadanos y, también, para los profesionales que trabajan en la sanidad pública?

 

M.O.- El PP está privatizando la gestión y, con ello, ofreciendo una oportunidad de negocio privado con los presupuestos públicos y un riesgo cierto de afectación a la calidad asistencial. En Comunidades como País Vasco o Andalucía, donde el peso de la sanidad privada concertada es residual, hay más eficiencia y mejor calidad. Los profesionales que trabajan en los servicios de salud gestionados desde la iniciativa privada manifiestan su descontento y saben que ello supone riesgo de selección de pacientes, riesgo de control del gasto con criterios economicistas y riesgo de afectación de la calidad de la práctica clínica.

 

A.S.- ¿Por qué la sanidad es tan importante en periodo electoral?

 

M.O.- Es un aspecto que importa a la ciudadanía y es un volumen de actividad económica que genera la aspiración desde la derecha política de entrar a controlarla como un negocio. Y eso hay que debatirlo políticamente dado el riesgo de perder calidad y equidad.

 

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