Política y Sociedad

PARA JAVIER REY NUESTRO SISTEMA SANITARIO TIENE PIES DE BARRO Y CARECE DE COLUMNA VERTEBRAL

Javier Rey

Javier Rey

Acta Sanitaria: Después de haber estudiado el pasado presente y futuro de nuestro sistema sanitario público, empecemos por el final: ¿tiene futuro el Sistema Sanitario español?

Javier Rey: Evidentemente, tiene futuro. Nunca va a desaparecer el Sistema Sanitario español y alguna forma de protección, porque eso lo hay en todos los países civilizados e, incluso, aquellos que lo tenían más atrasado como Estados Unidos lo están estableciendo. La clave es de qué forma se puede garantizar, de la mejor manera posible, la protección sanitaria a todos los ciudadanos españoles en condiciones de igualdad.

A.S.: ¿El principal problema es la sostenibilidad?

J.R.: Sí, pero no sólo la sostenibilidad económica. En este momento, la sostenibilidad del propio modelo del sistema como tal está puesta en cuestión por dos razones fundamentales: una porque tenemos una estructura que no controla bien el incremento del gasto, sobre todo en algunas de sus partidas; y segundo, porque está estructurado de tal manera desde el punto de vista territorial que el haberlo convertido en competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas deja muy pocas posibilidades de garantizar las condiciones de igualdad en la prestación.

A.S.: Y, volviendo al inicio, ¿qué defectos o qué problemas se arrastran de aquel principio?

J.R.: En la tesis yo utilicé algunos términos que pueden parecer muy radicales, pues digo y mantengo que nuestro sistema tiene los pies de barro y carece de columna vertebral. El problema radica en que está constituido sobre unas bases, por ejemplo de protección sanitaria universal, que treinta años después casi no están cumplidas. De ahí lo de los pies de barro, pues el elemento supuestamente constitutivo del Sistema Nacional de Salud, la Ley General de Sanidad estableció unas bases muy poco sólidas para el funcionamiento del sistema, como lo pone de manifiesto la cantidad de Disposiciones Transitorias de las que está llena la Ley, de las que muchas de ellas se preveía que se desarrollaran en el plazo de seis meses y que todavía están sin cumplir. Entre otras, y a modo de ejemplo, se encuentra la universalización de la protección. Y no es lo mismo pretender la protección universal a través de un servicio público único, que es lo que teóricamente estaba planteado en la ley, que hacerlo a través de sistemas diferentes, agrupando a las personas fundamentalmente por razones de vinculación laboral, que es lo que hace un sistema de Seguridad Social, que es lo que existía antes en España y que es un problema no resuelto todavía.

A.S.: ¿Algún otro aspecto destacable?

J.R.: Sin duda, el aspecto territorial, dado que la Ley General de Sanidad tampoco estableció un modelo de organización de un sistema descentralizado, de gestión descentralizada. Por no prever, no previó siquiera si la atención sanitaria era una competencia que se debía transmitir a la totalidad de las Comunidades Autónomas, sino que se dejó en una cierta ambigüedad esperando a que cada una de las Comunidades Autónomas decidiera pedir el traspaso de la asistencia sanitaria. Además, hay que añadir que, por supuesto, tampoco definió un modelo de coordinación de la atención en caso producirse la descentralización completa de la gestión de la asistencia sanitaria, algo que tuvo lugar nada menos que dieciséis años después de la Ley General de Sanidad. Y conviene recordar que la Ley de Cohesión es prácticamente dos años posterior al cierre de los traspasos y, en España, funcionamos con un criterio muy evidente de que ‘Santa Rita Rita lo que se da no se quita’. Es decir, que resultó un tanto absurdo pretender a posteriori establecer instrumentos de coordinación que supusieran de alguna manera un cierto control o decisión por parte del gobierno central respecto a las actuaciones de las Comunidades Autónomas.



A.S.: ¿En este contexto, cómo ha sido la actuación de los partidos políticos?

J.R.: Lamentablemente, no ha habido criterios diferentes por parte de los diferentes partidos, de manera que ha habido una cierta unanimidad en este deslizamiento del sistema a la situación en que estamos ahora. Ahí está, sin ir más lejos, la Ley 15/97, de Nuevas Formas de Gestión, donde hubo un apoyo del Partido Socialista al proyecto del Partido Popular; a partir de ese momento, todas las normas fundamentales básicas del sistema sanitario se han hecho con el apoyo de los dos partidos mayoritarios, salvo algunas excepciones puntuales en algunos elementos del articulado.

A.S.: Entonces, y a la vista de esta consideración, ¿qué se necesitaría pactar?

J.R.: No veo iniciativas, por parte de ninguno de los partidos, que pongan en cuestión la situación actual. A mi parecer, hay un instrumento en este momento muy concreto que puede servir para poner en cuestión la situación en la que estamos, que es el sistema de financiación autonómica y sanitaria. Curiosamente, sobre ese tema, también con el apoyo de todas las CCAA, acaba de haber un acuerdo reciente y, de alguna manera, el análisis de la marcha del sistema a lo largo de estos años permite concluir que, sin algún instrumento de coordinación económica y de condicionamiento financiero de las autonomías en la gestión de los servicios, no va a existir ninguna posibilidad de funcionamiento coordinado del sistema.

A.S.: ¿Cuál sería ese fundamento económico que pudiera coordinarlo?

J.R.: Para mí hay un modelo claro, el de Canadá, aunque el problema que presente es que siguió un camino inverso para su constitución, como sistema público e universal de salud, al seguido en España. En Canadá, la ley sanitaria, que es de año 1970, por la que se extendió la protección sanitaria universal, hasta entonces competencia de cada una de las provincias canadienses (equivalentes a nuestras Comunidades Autónomas) se hizo mediante un pacto en el que el gobierno central se comprometía a aportar alrededor del 50% de la financiación que necesitaba el sistema que se constituyó en aquel momento y se comprometía a aportarlo bajo ciertas condiciones de funcionamiento del propio sistema, como la protección universal para que un paciente que viene de otra provincia no se le rechace, y además instauraron sus sistemas de compensación por la asistencia de unas provincias en otras. Asimismo, la protección debe ser homogénea, una condición que más o menos tenemos en España, aunque parece que estamos en una situación de debilidad en cuanto a introducción de nuevas tecnologías que son la causa fundamental del aumento de gasto sanitario. Otra de las condiciones del sistema público canadiense es que la gestión debe ser pública y por instituciones públicas. Asimismo, se determina que el acceso al sistema no sea gravoso para el paciente en el momento de tener que acceder, es decir que no haya copagos. Bueno, la financiación que recibe cada una de las provincias canadienses se supedita al mantenimiento de estas condiciones del sistema global.

A.S.: ¿Qué sucede si no se cumplen las condiciones?

J.R.: Si alguna provincia se la quiere saltar, por ejemplo las provincias más ricas en su momento pretendieron establecer copagos para el acceso, recibe la amenaza inmediata de la financiación central para que los beneficios que obtengan de la introducción de los copagos se les reste de la aportación central, con lo cual, nadie lo ha establecido los copagos.

A.S.: ¿En España, en la tesitura actual, podrían incrementarse las diferencias de prestaciones de unos servicios de salud a otros?

J.R.: Creo que eso más que por una declaración explícita el problema puede venir por otra vía: dado que las Comunidades Autónomas son de tamaño muy diverso, tienen muy diferente capacidad de proporcionar servicios por igual a todos los ciudadanos, pero no tiene sentido alguno que determinados servicios o prestaciones se hagan en todas las comunidades.

A.S.: ¿Qué tendría que corregirse para que fuera un sistema público unitario?

J.R.: La propia Constitución dice que la protección sanitaria se debe extender por igual a todos los ciudadanos y en su condición de ciudadanos. Yo considero que la mejor manera de hacerlo es a través de un servicio público universal; que la gestión del mismo se pueda hacer de manera descentralizada es una cuestión diferente, pero el servicio público debería ser único. El problema de no lograrlo radica en que, en este momento, las propias bases constitutivas del sistema están puestas en cuestión. Habría que conseguirse su sentido de sistema único. Y se podría conseguir a través del sistema de financiación, recuperando una cierta finalidad al menos de una parte de la financiación autonómica y vinculándola a condiciones del sistema. Sé que, prácticamente, no tiene solución. Pero, de alguna manera, hay que tratar de recuperar instrumentos de coordinación y de cohesión, que deben tener necesariamente un componente financiero para hacer que el servicio público funcione como universal, con independencia que lo gestionen las Comunidades Autónomas. Aunque, hasta ahora, se ha hecho todo lo contrario.

Carlos Nicolás

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