En un planteamiento totalmente injusto, por discriminatorio, el gobierno ha decidido clasificar a los ciudadanos españoles (dividirlos por clases y subdividirlos por categorías) de acuerdo con sus recursos económicos y conforme a su situación laboral, a fin de que contribuyan al sostenimiento del Sistema Nacional de Salud (SNS) con sus aportaciones económicas a la hora de conseguir los medicamentos con recetas del Seguro. Hubiera sido más lógico, a la hora de pensar en las prestaciones asistenciales, en diferenciar las enfermedades y no a los ciudadanos.

Con este análisis de lo que puede hacer un farmacéutico para afrontar los males menores de la población, comienza su andadura en nuestras páginas un boticario andaluz, especialista en Análisis Clínicos y colaborador habitual en publicaciones profesionales de farmacia.

La modificación del modelo de copago de los pacientes a la hora de conseguir sus medicamentos con receta del Seguro, que es la medida más concreta de las adoptadas por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) con la intención de poner en marcha una especie de reforma sanitaria, viene a consolidar el modelo discriminatorio existente y, como toda medida discriminatoria, sus resultados van a distar mucho de las cuentas que ha manejado el gobierno para implantarla.

El secretario general del Sindicato de Enfermería (SATSE) ofrece una reflexión sobre el momento actual del sistema sanitario del que apunta, como principales defectos, la deficiencia en la gestión, así como la relegación en que se mantiene a la enfermería, cuyos profesionales son los que pasan las 24 horas al día al pie de las camas de los pacientes.

El analista, en este caso periodista de profesión, ofrece algunos datos concretos de lo que, desde su punto de vista, supone un abuso en el uso de los servicios sanitarios y que, según subraya, podría comenzar a corregirse con algunas de las medidas que está barajando el gobierno.

El recorte en las partidas presupuestarias destinadas a investigación propicia este análisis en el que, además de poner de manifiesto su efecto negativo sobre el modelo de sociedad, advierte que, en contra del planteamiento de que se trata de medidas temporales, la recuperación va a demorarse mucho más, por lo que la solución no debe hacerse esperar.

El resultado de las elecciones en Andalucía del pasado día 25 puede producir una nueva y peligrosa situación en la Sanidad Pública española. Suponiendo que se cumplan los pronósticos y haya un pacto de izquierdas para gobernar, será una de las tres comunidades no mandadas por el Partido popular (PP). En el pacto andaluz, Izquierda Unida (IU) exigirá que no haya un solo retoque en servicios públicos (sobre todo en sanidad y educación) por parte del ejecutivo resultante. El Partido Socialista (PSOE) nunca ha hablado de recortes en ese sentido, por lo que Griñán aceptará, sin duda, esa condición de no recortar en absoluto la Sanidad Pública en Andalucía.