El pasado jueves día 9, en el Pleno de la Asamblea, hice al Consejero una sencilla pregunta: ¿Qué balance hace el Gobierno del flujo de pacientes de atención especializada entre el área de influencia del hospital de Torrejón y el resto del Sermas? El juego parlamentario de las preguntas en Pleno es que el Consejero da una primera respuesta, que suele ser muy breve y escueta; el diputado puede replicar, pero el Consejero tiene la ventaja de cerrar con su intervención el debate. Siguiendo el guión, el consejero Fernández-Lasquetty respondió (literal de transcripción): "el hospital de Torrejón es un hospital público que forma parte del Servicio Madrileño de Salud, es una parte dentro de un todo, luego, por tanto, es, desde un punto de vista lógico, hablar de flujo de pacientes. Muchas gracias. ("Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.")"
Como respuesta lacónica no está mal: el balance que hace Lasquetty es que "el todo está formado por sus partes" (las del todo): esto le convierte en un notable discípulo del enfoque sistémico de Ludwig Von Bertalanffy, pero no responde a la pregunta.
Modelo Alzira
En mi réplica a esta "respuesta", expliqué que el hospital de Torrejón sigue el modelo Alzira importado de Valencia; es decir, tiene un sistema de financiación capitativo según el cual la empresa concesionaria, Torrejón Salud SA, recibe 571,50€/año por habitante (76 M€/año) para cubrir toda la Atención Especializada que requieran las 133.144 personas de este área hospitalaria (excluidos trasplantes). Según la cláusula 18 del Pliego de Condiciones firmado entre SERMAS y Torrejón Salud SA, los pacientes del área atendidos en otros hospitales del SERMAS tienen que ser facturados a la sociedad concesionaria. De ahí mi pregunta por el "flujo de pacientes entre el hospital de Torrejón y el SERMAS".
Ausencia de facturación
Me he interesado por esta cuestión porque, al parecer, en los hospitales del SERMAS no existe norma interna alguna con instrucciones sobre cómo, a quién y por cuánto se debe realizar la facturación de los pacientes de Torrejón y Valdemoro atendidos fuera de su área capitada. Hemos preguntado en varios hospitales y a múltiples niveles: nadie tiene información sobre este tema. Sin duda, es posible que exista una normativa interna, pero si es desconocida por responsables clínicos, personal de administración e, incluso, responsables de gestión, sería una normativa inútil (¡más que interna, clandestina!). Si no se conoce, no se aplica; si no se aplica, no se factura; y, si no se factura, se estaría regalando dinero de la sanidad pública a las empresas concesionarias.
Esta situación indica dos cosas: la gran opacidad, oscurantismo y falta de control que rodea todo lo referente a estos modelos PFI-PPP, y una muy posible y grave dejación del deber de velar por el dinero público. Ojalá sea solo falta de transparencia y oscurantismo.
Respuesta gedeónica
La respuesta del Consejero a mi pregunta fue de las que Miguel de Unamuno calificaría como gedeónica: (literal de transcripción) "...una expresión que esa sí que no puedo dejar que quede sin respuesta en el diario de sesiones, que es: regalando dinero. Oiga, señoría, aquí no se regala más dinero que el de los ERE de Andalucía, que esos sí que se han regalado y a manos llenas. ("Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.")" Después de esta aclaración tan relacionada con mi pregunta, toda la información que ofrece es que "los pliegos que están publicados en el Boletín Oficial de la Comunidad, cláusula 18, que regula otra parte correspondiente al saldo positivo o negativo de la facturación intercentros".
Precisamente, todo mi interés era saber cómo se está cumpliendo esa cláusula 18 por parte de la Comunidad. Pero, ¿cómo, sabiendo que este era el tema, el Consejero no aporta ni cita instrucción, norma o circular interna alguna existente para el cumplimiento de esta cláusula? Muy grave sería que, realmente, no existiera, y que, efectivamente, se estuviera regalando dinero a las empresas concesionarias al no facturarles.
Aclaraciones necesarias
No es un tema menor y por su gravedad merece una pronta, pública y documentada aclaración por parte del Gobierno de Aguirre, tanto referente al Hospital de Torrejón como, sobre todo, al de Valdemoro, abierto en noviembre de 2007. El modelo Alzira de privatización de la sanidad es ya bastante oneroso de por sí para los intereses públicos como para agravarlo con incumplimientos o negligencia por parte del gobierno que lo puso en marcha en Madrid.
El gobierno del PP es de hecho juez y parte en este experimento de privatización sanitaria; por ello debería ser particularmente riguroso en el cumplimiento del contrato y en su transparencia. Importa mucho aclarar esto porque a los dos hospitales de este tipo existentes en Madrid en la actualidad, Valdemoro y Torrejón, se añadirán dos más en unos meses, Móstoles y Villalba.
No es aceptable en una sociedad democrática la falta de control público con la que se están gestionando los hospitales concesionados en Madrid: también en esto se copia a Valencia. Pero transparencia y velar por el dinero público son obligaciones inexcusables del todo gobierno.
Recortes y regalos
Un gobierno que recorta retribuciones a los profesionales sanitarios, prescinde de personal, y cierra un Centro de Especialidades como el de Fuencarral con el pretexto de la crisis, no puede, sin grave escándalo público, dejar la duda de que no factura a las empresas concesionarias sanitarias lo que le deben. Recortes a unos y regalos a otros, no puede ser. Si a una pregunta tan sencilla no me han sabido o querido responder, ¿qué hubiera pasado si le pido las cuentas del saldo de los hospitales, cuánto y a quién ha pagado y cuánto y de quién ha cobrado?. Quizás la respuesta a esta reflexión la tengamos en un próximo capítulo…
José Manuel Freire es Diputado Portavoz de Sanidad Grupo Parlamentario Socialista en Asamblea de Madrid