Hay alternativas frente a las políticas de recortes y privatización de la sanidad.

El argumento de la crisis económico-financiera y la necesidad de cumplir con los criterios de déficit de la Unión Europea está siendo utilizado por las fuerzas neoliberales que dominan los gobiernos central y autonómicos, para alegar que el sistema sanitario público es insostenible y ello obliga a introducir recortes en las prestaciones, recurrir a la financiación privada para levantar nuevas infraestructuras y externalizar (privatizar) gran parte de los servicios. Esta tesis está siendo difundida con profusión en los distintos foros y medios de comunicación, que han logrado infundir en una parte de la población y de los profesionales sanitarios la creencia de la inevitabilidad de dichas medidas y la necesidad de aceptarlas como un mal menor.

Para hacer frente a esta ofensiva de corte neoliberal es necesario abrir un proceso de información y debate social y profesional sobre las causas de la crisis, los factores responsables del gasto sanitario y las posibilidades de financiación del mismo.

Datos del gasto sanitario

En España ocupamos uno de los últimos lugares, de la Unión Europea y también de la OCDE, en gasto sanitario público, tanto en % de PIB (1,5 puntos de PIB) como en dólares per cápita con poder paritario de compra 2.049 frente a 2.870 respecto de los países de la Unión Europea desarrollada.

Las medidas de recorte que están aplicando las administraciones van destinadas a actuar sobre la demanda sanitaria de los ciudadanos, introduciendo copagos que limitan el acceso a los recursos y que sólo afectan a los sectores sociales con menor capacidad de compra, que empiezan a ser mayoritarios ya que la pensión media está en 750 euros/año y el 60% de los asalariados percibe un sueldo inferior a los 1.000 euros/mes, y sobre la oferta de servicios públicos en forma de cierre de camas hospitalarias, de servicios de urgencias, de ambulancias, etc.) o suprimiendo el derecho a la asistencia a colectivos como los inmigrantes y persona sin papeles o marginadas.

Determinantes del gasto

Sin embargo, los determinantes del crecimiento del gasto sanitario tienen poco que ver con las características y necesidades de la población (envejecimiento, problemas de salud crónicos, etc.) y están directamente relacionados con la organización, funcionamiento, orientación del sistema y con la cultura y actitud de los responsables sanitarios y de parte de los profesionales. Entre estos podríamos destacar la ausencia de planificación en la asignación de los recursos; la descoordinación de los niveles asistenciales; la deficiente formación de los gestores sanitarios; el abuso de las tecnologías diagnósticas y terapéuticas (España presenta gasto en tecnologías un 23% por encima de la media Europea y un 33% por encima de EEUU); el abuso de la prescripción farmacológica; la variabilidad injustificada de la práctica clínica; la medicina defensiva; las prolongadas estancias hospitalarias; la parasitación del sector público por el sector privado; el hospitalocentrismo; el abandono de la atención primaria y de la promoción de la salud: El 30% de las decisiones clínico terapéuticas no están basadas en criterios científicamente comprobados; las innovaciones tecnológicas y terapéuticas de alto coste se generalizan sin evaluación previa; la tercera parte de los medicamentos consumidos por los mayores de 65 años son innecesarios (se podría ahorrar 1.200 millones de euros anuales); el 12% de los ingresos hospitalarios en España están relacionados con reacciones adversas a fármacos de los que la mitad serían potencialmente prevenibles (permitiría ahorrar unos 840 millones de euros anuales). Sin embargo se abandonan las políticas de promoción de salud a pesar de que la OMS afirma que las recomendaciones alimentarias y la promoción de la actividad física podrían contribuir a reducir la incidencia de cáncer entre un 30 y un 40%.

Actuar sobre estos condicionantes permitiría reducir gasto y mejorar la racionalidad, la eficiencia y la seguridad del sistema sanitario.

Mejora de la eficiencia

Propuestas de medidas para mejorar la eficiencia del sistema sanitario:

• Elaborar planes de salud nacionales (el Plan Integrado de Salud definido en la Ley General de Sanidad y Ley de Cohesión), de comunidad autónoma y de área sanitaria, con la participación de ciudadanos y profesionales
  
  
• Dotar a las áreas sanitarias de instrumentos de gestión integral e integrada
  
  
• Incorporar en todos los niveles asistenciales del sistema los instrumentos de la medicina basada en la evidencia y de gestión clínica participativa (guías clínicas, vías clínicas, protocolos, etc.)
  
  
• Separación entre medicina pública y privada y exigencia de dedicación exclusiva de los profesionales sanitarios
  
  
• Profesionalización de la gestión sanitaria
  
  
• Promover la racionalidad de las actuaciones de los profesionales sanitarios con incentivos que premien la calidad y el uso racional de los recursos.
  
  
• Financiación y gestión pública de los recursos sanitarios públicos
  
  
• Crear una agencia para la evaluación y control de las nuevas tecnologías sanitarias
  
  
• Introducir el criterio de necesidad para autorizar la incorporación de nuevos fármacos a la financiación pública y control de la promoción de fármacos y recursos tecnológicos por la industria farmacéutica y de tecnologías sanitarias.
  
  
• Crear una Central de Compras para todo el sistema sanitario
  
  
• Potenciación de la Atención Primaria como eje del sistema dotándola de recursos y de capacidad para controlar a los pacientes en su circulación por el sistema
  
  
• Potenciación de la promoción de salud y de la salud pública
  
  
• Crear instrumentos de participación de la población en todos los niveles del sistema con carácter ejecutivo

En resumen, frente a los recortes y privatizaciones del Gobierno Central y de las CCAA hay que exigir planificación, promoción de salud, desmedicalización, racionalidad y participación. La necesidad de reducir el gasto sanitario puede transformar la crisis en una oportunidad para mejorar la calidad, la eficiencia y la seguridad del sistema introduciendo cambios estratégicos que no afectarían al derecho a la atención de los pacientes ni a la estabilidad laboral o profesional de los trabajadores del sistema público.

María Luisa Lores es miembro de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP)