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Nubes nuevas sobre el Sistema Sanitario Público a la espera de un nuevo gobierno

La indeterminación sobre la formación de un nuevo gobierno en España y las actuaciones que, en el campo de la asistencia sanitaria, están llevando a cabo algunos ejecutivos autonómicos enmarcan este análisis de situación que arroja muchas dudas sobre el futuro del Sistema Nacional de Salud. 

I.- Introducción

Un análisis crítico de las propuestas sanitarias formuladas por los diferentes partidos concurrentes a las elecciones del 20 de diciembre, realizado en los últimos días de la campaña (https://www.actasanitaria.com/un-analisis-la-inversa-de-los-programas-electorales-en-sanidad/ ), permitía obtener algunas conclusiones generales sobre las posiciones sanitarias de los diferentes partidos:

  • 1)Frente al proceso electoral, los temas sanitarios carecían de cualquier relevancia e influencia para decidir el voto, ocupando un lugar muy secundario en las prioridades políticas de todos los partidos. Lo que ocurría en abierto contraste con la importancia en apariencia adquirida por los problemas sanitarios durante la última legislatura, en la que el sector sanitario fue una de las áreas de recorte económico más importante en ese plazo; y en contraste también con la preocupación creciente de la población por esos problemas, que repetidamente siguen ocupando en los barómetros del CIS uno de los primeros lugares en la valoración por la población de los que considera más importantes (https://www.actasanitaria.com/la-sanidad-el-quinto-problema-para-los-espanoles-segun-el-cis/ ) .
  • 2)Los análisis y propuestas de la totalidad de los partidos estaban lejos de promover soluciones mínimamente coherentes a los principales problemas y conflictos que han surcado el panorama del SNS en los últimos cuatro años. Se trata de problemas que no sólo son resultado de las medidas impuestas de manera unilateral por el gobierno del PP en la última legislatura, en especial por el RD-Ley 16/2012, sino que derivan de la existencia de defectos estructurales y de configuración del sistema que se vienen arrastrando desde hace años, por mucho que algunos de ellos se agravaran por las medidas adoptadas en los últimos años por el PP. Entre ellos cabe citar el mantenimiento del carácter universal de la cobertura sanitaria, la dotación de un sistema de financiación adecuado, la deriva de la gestión de los servicios hacia formas más o menos expresas de privatización, o la relación con los proveedores farmacéuticos, un capítulo que constituye la razón más importante del crecimiento del gasto sanitario y que, con medicamentos de nuevo tipo, como el utilizado para el tratamiento de la hepatitis C, han puesto en cuestión la sostenibilidad económica de todos los sistemas de salud, también los de los países más desarrollados .

Los resultados electorales, que exigen alguna clase de acuerdo interpartidario para hacer posible cualquier gobierno, han dejado a la sanidad a expensas de los acuerdos que se puedan alcanzar para lograrlo

Por su parte, los resultados electorales, que exigen alguna clase de acuerdo interpartidario para hacer posible cualquier gobierno, han dejado a la sanidad, como a otros sectores, a expensas de los acuerdos que se puedan alcanzar para lograrlo (http://www.gacetamedica.com/noticias-medicina/2015-12-21/politica/la-sanidad-queda-en-manos-de-los-futuros-acuerdos-de-gobierno/pagina.aspx?idart=956887 ). Unos acuerdos en los que, si nos atenemos a la escasa prioridad e importancia otorgada en sus programas por todos los partidos a los temas sanitarios, no parece probable que incluyan éstos como condición destacada en ningún pacto (http://www.diariomedico.com/2016/01/13/area-profesional/sanidad/sanidad-de-momento-fuera-debate-por-posibles-pactos-gobierno ).

En todo caso, en estos días previos a la posible constitución de un nuevo gobierno, o a la posible repetición de las elecciones, merece la pena llamar la atención sobre determinados comportamientos y actitudes de los partidos de la izquierda, en apariencia ajenos a los temas sanitarios, que pueden contribuir a alejar y deteriorar aún más hacia el futuro las condiciones universales e igualitarias de nuestro ya precario y desigual sistema público sanitario. Esos comportamientos o actitudes contradictorias con las características esenciales de éste se están produciendo en niveles distintos.

II.- Problemas añadidos para el sistema sanitario en el intervalo hasta un nuevo gobierno

1)El primero, la prioridad otorgada por Podemos a los planteamientos relativos a la organización territorial del Estado sobre la solución de los problemas de desigualdad y ruptura de la cohesión social en diferentes materias, entre ellas las sanitarias, a partir del planteamiento de un supuesto ( no incluido en su programa electoral) “derecho a decidir” que carece de homologación en el derecho internacional (http://elpais.com/elpais/2016/01/08/opinion/1452257460_927836.html). Prioridad expresada en forma de exigencia de un referéndum a llevar a cabo en el territorio catalán, para decidir de manera unilateral por los ciudadanos de ese territorio la continuidad o la ruptura de la inclusión del mismo en el estado español (http://politica.elpais.com/politica/2016/01/04/actualidad/1451938104_856222.html ). Una condición que abriría la puerta a que se pretendiera celebrar otro igual en cualquier otro territorio del Estado (de hecho, ya lo han apuntado así algunos grupos gallegos asociados a Podemos, y el PNV ha ratificado que mantiene su pretensión de que se reconozca su «derecho a decidir» bajo una u otra fórmula (http://politica.elpais.com/politica/2016/01/21/actualidad/1453374927_433063.html).

Más allá de algunas consideraciones teóricas formuladas desde ese partido heterogéneo, de carácter más épico que propias de un programa de gobierno, acerca de la prioridad de los problemas territoriales-identitarios (Errejón: “… la cuestión territorial –en rigor nacional- no va a desaparecer por dejar de mirarla o por trazar simplistas divisiones entre las cuestiones “sociales” y las “nacionales”: no hay nada más social que la definición y construcción del país en que se vive, las emociones que moviliza y el horizonte hacia el que camina (http://blogs.publico.es/dominiopublico/15529/abriendo-brecha-apuntes-estrategicos-tras-las-elecciones-generales/ ), si hay un terreno en el que lo territorial y lo social van más claramente asociados de manera indisoluble, ése es el sanitario: o la protección sanitaria universal e igual para todos los ciudadanos españoles se hace posible a través del Sistema Nacional de Salud, constituído como instrumento de cohesión social por el Estado puesto en cuestión, o no será.

 La protección sanitaria universal e igual para todos los ciudadanos españoles se hace posible a través del Sistema Nacional de Salud, constituído como instrumento de cohesión social por el Estado puesto en cuestión

Si se atiende a los intereses de todos los ciudadanos españoles, el mantenimiento de ése y otros servicios y prestaciones semejantes (como el sistema público de Seguridad Social) son y deben ser prioritarias, y no a la inversa, sobre cualquier puesta en cuestión de la organización del Estado sobre bases identitarias, que, además, sólo son demandadas por un grupo proporcionalmente muy reducido de ciudadanos españoles. Esta desproporción hace más difícil aún de comprender las razones que han llevado al grupo de Podemos a adoptar el posicionamiento indicado (http://www.eldiario.es/piedrasdepapel/Podemos-Cataluna-Referendum_6_476012437.html) .

Las diferencias en capacidad fiscal entre las CCAA, y la necesidad de intervención estatal o federal para compensarlas, hacen imposible el mantenimiento de las condiciones universales e igualitarias de la cobertura sanitaria para toda la población española si cada una pretende hacerlo con cargo a sus recursos, o se establecen de manera unilateral condiciones para organizar la protección sanitaria en cada uno, o limitaciones de la intervención solidaria en este campo. En países federales o de constitución similar, como es España, el establecimiento de la condición universal de la protección sanitaria ha sido siempre de iniciativa federal, y su mantenimiento requiere mantener esa organización constitucional, aunque sea susceptible, e incluso esté precisada de reforma, la manera de llevarla a cabo.

Es, por otra parte, contradictorio pretender reforzar el reconocimiento constitucional del derecho universal a la protección sanitaria, e incluirlo entre los derechos fundamentales, y situar a nivel similar un supuesto “derecho a decidir” de manera unilateral sobre la pertenencia al Estado que garantiza el primero, o fijar de manera también unilateral los límites a la solidaridad necesaria para hacerlo posible en un nuevo sistema de financiación.

Por todo ello, la prioridad otorgada al supuesto “derecho a decidir” sobre la resolución de los problemas para el funcionamiento universal e igualitario del sistema sanitario, por otra parte coherente con la constitución heterogénea de la coalición con la que Podemos ha concurrido a las elecciones, es un hándicap objetivo añadido desde esa izquierda a las posibilidades de que el derecho universal a la protección de la salud ocupe de manera efectiva un lugar entre las prioridades de gobierno del Estado.

La prioridad otorgada al supuesto “derecho a decidir” sobre la resolución de los problemas para el funcionamiento universal e igualitario del sistema sanitario… es un hándicap objetivo a las posibilidades de que el derecho universal a la protección de la salud ocupe de manera efectiva un lugar entre las prioridades de gobierno del Estado.

2)El segundo tiene que ver con la presentación de propuestas legislativas por distintos partidos (lo han hecho hasta ahora Podemos, el PSOE y Ciudadanos) una vez constituído el Parlamento, con el objetivo supuesto de ser sometidas a debate en tanto se alcanza algún acuerdo de gobierno (o se cierran las posibilidades de alcanzarlo). En todo caso, el objetivo más real parece el de hacer presentes sus supuestas prioridades legislativas ante sus electores, sea en la legislatura recién inaugurada , o como elementos principales para atraer y mantener al electorado de cada uno frente a un nuevo proceso electoral cada vez más posible.
Se trata de una forma de actuación sin precedentes y de sentido confuso: los servicios jurídicos del Congreso han dado luz verde a la capacidad y posibilidad de que el Parlamento legisle mientras se mantiene el gobierno en funciones (http://www.elglobal.net/noticias-medicamento/2016-01-20/politica-sanitaria/los-servicios-juridicos-del-congreso-avalan-la-capacidad-legislativa-del-parlamento/pagina.aspx?idart=960975 ). Sin embargo, las posibilidades reales de alcanzar acuerdos sobre esas propuestas en ausencia de acuerdos previos orientados a la constitución de un nuevo gobierno parecen remotas, o abocadas a severas dificultades para la aplicación de lo legislado por el gobierno en funciones si llegara a alcanzarse algún acuerdo en los terrenos concretos afectados (http://www.caffereggio.net/2016/01/15/115303/ ).

Por otra parte, en esas propuestas se incluyen de manera importante algunos temas sanitarios: la del PSOE (http://www.diariofarma.com/wp-content/uploads/2016/01/PSOE-Proposici%C3%B3n-de-Ley-de-Universalidad.pdf ), de texto literalmente igual a otra propuesta legislativa presentada en la legislatura anterior, se refiere en exclusiva a la universalización de la asistencia sanitaria. Por su parte, una llamada “Ley 25, de emergencia social”, presentada por Podemos el pasado 13 de enero, incluye en su texto como Título I, denominado “De la protección del derecho a la salud” (http://ep00.epimg.net/descargables/2016/01/14/19f1f128d99d3527157aee75db7f42a8.pdf), la derogación (“supresión”) expresa del artículo primero (relativo a la cobertura sanitaria y las formas de reconocimiento del derecho) y del apartado decimotercero del artículo cuarto (relativo a la “ aportación de los beneficiarios y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria”, es decir a los copagos farmacéuticos) del Real Decreto Ley 16/2012.

Los contenidos sanitarios de esas propuestas, son, como poco, muy discutibles: por ejemplo, la interpretación de la recuperación de la universalidad de la asistencia sanitaria, que se presenta como vinculada fundamentalmente a la atención de los inmigrantes irregulares, sin poner en cuestión, e incluso consolidando (el PSOE), la persistencia de distintos regímenes de protección sanitaria diferenciada para colectivos específicos, principalmente las mutualidades de funcionarios. O la generalización de la supresión de los copagos (Podemos), sin especificar si se deben mantener, y en qué cuantía y para qué colectivos, por razones de capacidad económica u otras, como ocurría con anterioridad al RD-Ley 16/2012. Lo que sería necesario hacer para lograr evitar los efectos sanitarios negativos de este último, aún poco precisados, pero lograr evitar también que se revierta la reducción del gasto sanitario en recetas sobre el gasto sanitario público que el RD-Ley ha logrado, un objetivo legítimo y necesario que ninguna medida orientada a la reducción del gasto farmacéutico anterior había alcanzado.

En ambos casos la forma en que se han presentado las propuestas no hace referencia alguna a mecanismos complementarios de su aplicación automática, ni tienen en cuenta el contexto del conjunto del Sistema en el que se van a aplicar, los niveles de gasto que generarían en una perspectiva de restricción sostenida del gasto público inevitable (http://economia.elpais.com/economia/2016/01/17/actualidad/1453061130_703787.html), los instrumentos de control de éste que habría que poner en marcha, ni cualquier otro aspecto regulatorio añadido que pudiera hacerlos subir del nivel de la reivindicación popular al de instrumento de gestión efectiva del Sistema.

Se trata de un ejemplo más de una forma de hacer política que se ha ido generalizando en los últimos tiempos (http://elpais.com/elpais/2016/01/07/opinion/1452161421_044877.html ). En ella se sustituye el compromiso con el estudio y el desarrollo de propuestas seriamente elaboradas respecto a cualquier cuestión por el lanzamiento de eslóganes y consignas, en forma de propuestas puntuales y llamativas de efectos supuestamente inmediatos, escogidas mediante las encuestas de opinión o el análisis de las demandas y conflictos más llamativos surgidos en cada ámbito.

En el terreno sanitario, esta forma de actuar permite combinar a la perfección la aparente respuesta a las demandas más inmediatas de la población, con el desinterés real por introducir en nuestro sistema sanitario las reformas estructurales que son imprescindibles para sostenerlo no sólo económicamente, sino también desde el punto de su organización territorial y su condición solidaria. Son, en consecuencia, una forma de contribuir a desviar la atención desde lo estructural a lo coyuntural, con efectos perversos sobre la posibilidad de mantener sus elementos esenciales de universalidad e igualdad en el acceso a los servicios por el Sistema Nacional de Salud.

El carácter supuestamente «progresista» o «social» de las iniciativas autonómicas actuales no diferencia el resultado principal de éstas del provocado por las de sentido privatizador, insolidario e ineficiente que se han descrito, que han tenido lugar en períodos previos.

3) En un tercer nivel, las actuaciones de los partidos de la izquierda, de cada uno por separado y de algunos de ellos en coalición cuando han alcanzado el gobierno en determinados territorios autonómicos, combinan en diferentes casos las propuestas de actuación a nivel nacional con el desarrollo de actuaciones similares de desarrollo más inmediato por los gobiernos autonómicos en los mismos campos, sin consideración sobre los efectos que esa forma de actuar puede tener sobre las condiciones universales e igualitarias esenciales del sistema sanitario.

a)El ejemplo más claro se da en el terreno de la “universalización” del derecho a la cobertura sanitaria, entendida en el sentido limitado señalado antes. Sobre esta cuestión, tras la publicación del RD-Ley 16/2012, y antes de las elecciones autonómicas de 2015, 9 CCAA habían elaborado disposiciones de rango diverso sobre esta materia, en general un rango menor (instrucciones, resoluciones, órdenes), pero Navarra desarrolló un Decreto Foral en 2012 y una Ley en 2013, y el País Vasco un Decreto en 2012. Ninguna de ellas fue impugnada por el gobierno central del PP. A su vez, tras las elecciones autonómicas de 2015, y antes de las generales del 20 de diciembre pasado, cinco CCAA más dictaron disposiciones de rango menor sobre esa cuestión: Aragón, Baleares, Canarias, Cataluña, pese a que allí no se habían celebrado todavía las elecciones propias del 27 de septiembre cuando se dictó la disposición, y la Comunidad Valenciana, esta última mediante un Decreto-Ley (https://www.actasanitaria.com/wp-content/uploads/2015/10/decreto-ley-3-2015-del-consell.pdf ) En todas ellas, con la excepción de Cataluña, se había el cambio de gobierno, con presencia en el nuevo de partidos de la izquierda, frente a gobiernos previos del PP. De ellas, sólo el Decreto-Ley ha sido recurrido por el gobierno del PP, siendo suspendida en su ejecución por el Tribunal Constitucional. De esta situación sólo se ha criticado la actitud «miserable» del PP (http://saluddineroy.blogspot.com.es/2015/11/politica-sanitaria-ruin-y-miserable.html ), sin hacer valoración alguna sobre la oportunidad de que esa CA llevara a cabo esa regulación.

Sólo las dos Castillas han quedado al margen de ese afán regulatorio autonómico en ese campo (Madrid no ha hecho ninguna modificación normativa para comenzar a hacer propaganda de la facilitación de la tarjeta sanitaria a los residentes ilegales, y La Rioja ha propuesto resolver el problema del acceso de éstos la atención mediante un convenio con la Cruz Roja). Un afán regulatorio por otra parte desarrollado con contenidos heterogéneos y efectos reales muy diversos sobre la cobertura sanitaria de los grupos excluídos de la protección por el RD-Ley 16/2012.

Que efectuaran regulaciones tratando de paliar algunos de esos efectos excluyentes las 9 CCAA que lo hicieron de forma distinta no más allá de 2013, en períodos en los que no había ningún horizonte inmediato de cambio posible de esa regulación a nivel general, puede considerarse razonable. Por el contrario, parece mucho menos razonable que, cuando tras las elecciones autonómicas apareció en el horizonte la posibilidad de cambiar la regulación correspondiente de manera general tras unas elecciones generales que podían suponer el cambio de gobierno en el Estado, las CCAA citadas, en las que se había producido el cambio de gobierno, pero también Cataluña, antes de que se produjeran allí sus propias elecciones, se lanzasen a regular sobre una cuestión, la “universalidad” de la cobertura sanitaria, que, dejando al margen cuestiones competenciales, conceptualmente no puede nunca derivar de la suma de criterios parciales sobre esa cuestión diferentes y no acordados. Por su parte, el Gobierno, entonces no en funciones, del PP, pese a la remisión a todas las CCAA una propuesta de acuerdo no respondida por ninguna, declinó siquiera propiciar de manera efectiva, situación que se mantiene por el gobierno en funciones a día de hoy (…).

Que se considerasen por esas CCAA de imprescindible resolución parcial inmediata problemas que venían desde casi cuatro años antes, y que se sumase a ese carro Cataluña, cuyo gobierno no recambiado entonces había adoptado los recortes efectuados en ese y otros campos de la prestación sanitaria con rigor adicional al promovido por el PP, sugiere que esas decisiones reguladoras podrían estar, al menos en parte, orientadas al logro de efectos distintos a la resolución real de problema, probablemente la búsqueda de mejorar su imagen propia en cada caso ante su electorado . El clima social en el que hay que enmarcar esas decisiones está determinado en buena parte por las actuaciones de diversas ONGs, que, de manera legítima y acorde con su naturaleza, pero ajena a lo que deben ser los criterios de actuación de los partidos políticos, han logrado definir los límites del problema a resolver (https://www.medicosdelmundo.org/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_Radiografia_de_la_reforma_sanitaria_37bb13b5%232E%23pdf ), mediante informes repetidos (https://www.medicosdelmundo.org/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_Impacto-Reforma-Sanitaria-Medicos-del-Mundo_3ec0bdf9%232E%23pdf ) , centrados con frecuencia en el análisis de casos concretos (https://www.actasanitaria.com/mas-de-1-500-casos-de-exclusion-sanitaria-en-ano-y-medio-28-casos-potencialmente-mortales/ ), y con invocaciones generales a reglas internacionales no ejecutivas sobre derechos humanos. Un enfoque en el que han logrado comprometer a la mayoría de los partidos políticos (https://www.actasanitaria.com/doce-partidos-politicos-se-comprometen-restituir-la-sanidad-universal/ ), bajo riesgo de estigmatización si adoptan una posición diferente .

La observación de la actividad reguladora autonómica más reciente sugiere, por el contrario, también que los partidos que sustentan los gobiernos autonómicos que desarrollaron esas normas no se han planteado nunca a nivel general, a juzgar por las propuestas comentadas en el apartado anterior, el análisis más riguroso y netamente político del problema que supone el carácter universal e igualitario de un servicio público como el sanitario, ni a quién corresponde resolverlo en un estado federal o semejante como el nuestro.

Por otra parte, caben también otros ejemplos recientes de esa tendencia a “tomarse la justicia por su mano” por parte de determinados gobiernos autonómicos sin esperar a una regulación general para la resolución de determinados problemas, ni siquiera durante este período peculiar a la espera de un nuevo gobierno:

b)El actual gobierno de la Comunidad Valenciana acaba de aprobar un Decreto (http://www.docv.gva.es/datos/2015/12/30/pdf/2015_10454.pdf) para eludir mediante subvenciones del copago farmacéutico establecido por el RD-Ley 16/2012 a los pensionistas residentes en aquel territorio con rentas inferiores a los 18.000 euros, y a un grupo de más de 100.000 personas residentes en aquel territorio afectados por diferentes discapacidades (http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/12/29/valencia/1451405331_911087.html ). Al margen de los defectos observados en la redacción de la norma (no incluye, por ejemplo, los efectos sobre los pensionistas de las Mutualidades de funcionarios que han optado por la prestación de servicios sanitarios por el SNS), la medida ha sido adoptada por una CA con uno de los más elevados de deuda sanitaria (http://www.elconfidencial.com/economia/2016-01-22/espana-deuda-sanitaria-8-000-millones_1139193/) y cuya situación económica, resultante de la gestión de la Consejería de Sanidad del anterior gobierno del PP (http://www.elglobal.net/noticias-medicamento/2016-01-14/politica-sanitaria/la-sindicatura-de-cuentas-pone-la-puntilla-al-mandato-sanitario-de-manuel-llombart/pagina.aspx?idart=959774 ), en especial en lo relativo al gasto farmacéutico, está particularmente comprometida. Todo ello pone en cuestión los efectos de su aplicación por la CA valenciana; pero cuestiona también los efectos en términos de equidad sobre las personas de la misma condición en el conjunto del SNS y las razones que pueden justificar tal diferenciación.

c) Numerosas CCAA han puesto en cuestión en los últimos días el Real Decreto 954/2015, sobre prescripción enfermera, promulgado en las fechas últimas de la anterior legislatura por el gobierno del PP, una norma combatida desde su promulgación de manera intensa y en unos términos cercanos a los apocalípticos, pero más que dudosa realidad, por las organizaciones profesionales y sindicales de la enfermería, que, lo mismo que los sindicatos de clase, se han apresurado a recurrirla en los tribunales (http://www.diariomedico.com/2016/01/14/area-profesional/sanidad/cge-se-suma-recursos-contra-decreto-prescripcion-enfermera ).

 Los gobiernos de algunas de esas CCAA, entre ellas Navarra o Valencia (esta última parece tener una especial tendencia a poner por delante de todo su visión de los problemas en el sistema sanitario, correspondan o no al ámbito de su competencia más estricta) han solicitado la convocatoria de una reunión del Consejo Interterritorial, un órgano que, en todo caso, carece de capacidad ejecutiva para promover la derogación de la norma. Otras siete CCAA, entre ellas también Navarra, han emitido recomendaciones a su personal para evitar la aplicación de la norma en su ámbito territorial (http://politica.elpais.com/politica/2016/01/19/actualidad/1453225216_468583.html ); una posición que ha sido combatida por las representaciones de la profesión enfermera, sin duda para favorecer su oposición más radical, mediante la difusión de un comunicado a todas las CCAA en el que ponen en cuestión la capacidad de éstas para impedir la aplicación de una norma dictada por el gobierno del Estado en ejercicio de sus propias competencias (http://www.diariomedico.com/2016/01/19/area-profesional/sanidad/cge-y-satse-advierten-a-las-autonomias-que-hay-que-cumplir-el-decreto-de-receta-enfermera ). Por su parte, la Consejería de Sanidad de Canarias ha iniciado los trámites para que su Gobierno recurra ante el Tribunal Supremo la norma, sumando su recurso a los de las organizaciones profesionales (http://www.gobiernodecanarias.org/noticias/s/Actividad_Asistencial/68492/sanidad-inicia-tramites-recurrir-real-decreto-prescripcion-enfermeria ).

  Esta forma de anteponer la imagen de la presencia de cada CA en la resolución de cualquier problema que afecta de manera global al conjunto del sistema sanitario no es novedosa, ni se ha expresado siempre en el mismo sentido:

a) No se puede olvidar que fueron la CA catalana, a partir de su Ley 15/1990, de ordenación sanitaria de Cataluña, y un tiempo después las gobernadas por el Partido Popular, principalmente la valenciana, con el hospital de Alzira, a las que se sumó la andaluza gobernada por el PSOE, con la promoción de sus «empresas públicas sanitarias», las que tomaron la iniciativa para adoptar cada una aquella forma de gestión que considerase más adecuada a su propios intereses, sin ningún control de los resultados de su aplicación. El desarrollo de esas iniciativas, facilitadas por la actitud abstencionista indiferenciada de los gobiernos del PSOE y el PP, facilitó la penetración por diferentes vías de los intereses privados en el sistema sanitario que más ha perjudicado al mantenimiento del carácter público, universal y solidario de éste.

b) Lo mismo ocurrió con el desarrollo de sistemas de compras por separado por parte de cada CA, e incluso por cada centro, incumpliendo las previsiones de sentido contrario establecidas en la Ley General de Sanidad en 1986; lo que supuso contribuir a romper las economías de escala que podían beneficiar al conjunto del sistema sanitario, y a favorecer los intereses de las industrias proveedoras, que han seguido procesos de concentración de sentido contrario.

c) Algunas informaciones recientes, que cabría calificar de surrealistas, acerca de la conclusión de las obras de un hospital en Lepe (Huelva) que carece, sin embargo de luz, agua ni vía de acceso (http://politica.elpais.com/politica/2016/01/06/actualidad/1452076118_982651.html) debe ponerse en relación con la actitud de muchas CCAA en la planificación y construcción de centros nuevos, guiados por intereses electorales locales y el apoyo de los gobiernos de ese nivel con independencia de su adscripción partidaria, al margen de cualquier criterio racional de planificación y control del gasto . El ejemplo de los ocho hospitales construídos en Madrid en los últimos años bajo las fórmulas de PFI o concesión administrativa forma parte de un mismo problema de utilización razonable de los recursos económicos en el terreno sanitario bajo el control único de las CCAA.

El carácter supuestamente «progresista» o «social» de las iniciativas autonómicas actuales no diferencia el resultado principal de éstas del provocado por las de sentido privatizador, insolidario e ineficiente que se han descrito, que han tenido lugar en períodos previos. Un efecto que consiste en la ruptura del Sistema Nacional de Salud en 17 sistemas cada vez más aislados, el desgobierno del conjunto, y la facilitación de su sometimiento a los intereses de los agentes externos que imponen sin oposición y de manera cada vez más descarada sobre el mismo sus intereses corporativos sesgados. Ese efecto convierte a su vez en objetivo prioritario para mantener la protección sanitaria universal, en consonancia con cualquier otra acción, la recuperación del gobierno del Sistema Nacional de Salud en el conjunto del Estado, sólo posible mediante una nueva Ley de Sanidad que establezca las condiciones básicas de su funcionamiento en unos términos nuevos, más allá de la corrección de los efectos de las medidas más concretas adoptadas por el PP con el RD-Ley 16/2012.

Algunas conclusiones y propuestas de actuación hacia el futuro

El contraste entre esa exigencia y los programas electorales y las actuaciones más recientes de los partidos de la izquierda durante este período a la espera de nuevo gobierno permite deducir que, si no se corrige el rumbo de aquéllos en el terreno sanitario, aunque fuera finalmente posible de una u otra manera un gobierno de la izquierda existente en España, las consecuencias del mismo sobre el sistema sanitario en términos de hacer efectiva esa nueva regulación global son remotas.

Por no existir, no existe siquiera acuerdo en las causas de deterioro del Sistema, que se sigue atribuyendo casi en exclusiva por algunos al déficit en la financiación sanitaria (https://www.actasanitaria.com/la-federacion-de-la-sanidad-publica-indica-que-la-deuda-proveedores-se-debe-los-recortes/), proponiendo como modelo a seguir las reformas que algunas CCAA vienen adoptando de manera unilateral para resolver algunos de los problemas más inmediatos (http://www.nuevatribuna.es/articulo/sanidad/2016-situacion-complicada-sanidad-publica/20160111121659124220.html), en sentido opuesto a los argumentos que se vienen utilizando en este artículo.

A la búsqueda de contraste con lo que ocurre en otros países, en Canadá, el país federal de organización sanitaria más semejante al nuestro, en el que, para hacer más amplia la coincidencia, un gobierno de la izquierda «liberal» acaba de acceder tras unas elecciones recientes al gobierno federal, la solución para los problemas de su sistema sanitario, no muy diferentes de los del nuestro, se ha confiado a la renovación del «acuerdo sanitario» («health accord”) entre el gobierno federal y las provincias, que constituye la base fundamental de la organización y el funcionamiento de su sistema de protección sanitaria universal (http://www.cbc.ca/news/politics/5-things-to-know-about-the-liberal-pledge-to-establish-a-new-health-accord-1.3311464).

Una propuesta que, como acaba de reconocer la ministra federal de sanidad (http://ottawacitizen.com/news/national/money-not-answer-for-health-care-reform-says-philpott ), parte de la base de que “más dinero para la atención sanitaria no es la respuesta” a sus problemas (http://www.troymedia.com/2016/01/15/more-money-for-health-care-is-not-the-answer/ ). Pero a la vez, una intervención así de la ministra federal no habría sido posible si la propuesta de ese acuerdo no hubiese figurado de manera expresa en el programa con el que el Partido Liberal concurrió a las elecciones que finalmente ha ganado (http://www.cbc.ca/news/politics/canada-election-2015-trudeau-seniors-1.3249988 ).

Cualquier compromiso de una naturaleza similar por parte de los partidos de la izquierda o la derecha española ha estado ausente de los programas de todos ellos, como consecuencia de la ausencia de debate previo en profundidad en el interior de cada uno sobre los problemas estructurales y funcionales de nuestro sistema sanitario, sustituído tan solo por referencias a los problemas más inmediatos, conforme a la descripción realizada. Por el contrario, todos ellos han dado la callada por respuesta a algunas propuestas que se les han formulado para debatir diferentes propuestas en el sentido indicado (http://www.fundacionalternativas.org/public/storage/laboratorio_documentos_archivos/47a0bc83a71e121bef785c7c1d13e370.pdf).

En esas condiciones, tratar de adivinar cuáles serían las políticas que llevaría a cabo cualquier ministro del ramo nombrado en el seno de un posible gobierno de la izquierda sería una apuesta con altas probabilidades de equivocarse. A la inversa, obtener algún compromiso de cualquier gobierno con políticas regeneradoras auténticas del SNS requeriría de alguna prueba expresa que lo hiciera creíble. Vista la forma en que se han venido desarrollando algunas actuaciones de los partidos en este plazo a la espera de nuevo gobierno, quizás fuera útil a esos efectos lograr una declaración pública de aquel o aquellos partidos que estuvieran dispuestos a asumir ese compromiso de que sus delegaciones o ramas autonómicas, en especial aquéllas que ocupan posiciones de gobierno, no desarrollarán ninguna nueva iniciativa unilateral en relación con la universalidad y la igualdad de la protección sanitaria en tanto un nuevo gobierno asume la responsabilidad de encabezar las actuaciones cuya iniciativa le corresponde en esas materias.

 

Javier Rey del Castillo

Ex-secretario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud

1 Comentario

  1. jap says:

    Excelente articulo
    La sanidad camina hacia quién sabe donde pero sorprendentemente ni desde la izquierda desde el centro o la derecha política a nadie parece preocuparle demasiado

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