El recargo se implantó en diciembre de 2001, durante el gobierno de José María Aznar, con el nuevo sistema de financiación que incluyó la sanitaria en la autonómica general. El nuevo sistema de financiación aprobado en 2009 mantuvo esa posibilidad. En aquel momento se planteó para que las autonomías pudieran sufragar una deuda sanitaria valorada entonces en torno a los 4.000 millones de euros.
Tributo en diez autonomías
Desde entonces, el gravamen sobre los hidrocarburos se aplica en Cataluña, Madrid, Castilla y León, Andalucía, Extremadura, Galicia, Asturias, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha y Cantabria. El gobierno vasco acelera su implantación, para lo que tiene que convencer antes a las diputaciones forales encargadas de la fiscalidad autonómica.
A
parte del impuesto general sobre hidrocarburos que aplica el Estado, el tramo autonómico minorista permite un sobreimpuesto de entre 2,4 a 4,8 céntimos por litro, cantidad esta última a la que se están apuntando las comunidades endeudadas, como hizo Cantabria el pasado jueves. Su apellido sanitario es puramente coloquial, porque la recaudación va a las arcas comunes del presupuesto autonómico y también su distribución posterior
A preguntas de ACTA SANITARIA, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas responde escuetamente que "el tema es muy complicado" y que "va a cambiar", sin más explicaciones.
Denuncia en el Tribunal Europeo
El tema sí parece complicado porque, además de un dictamen de la Comisión Europea en 2008, advirtiendo al gobierno español sobre la irregularidad legal del 'céntimo sanitario', una reclamación ha llegado al Tribunal Europeo de Justicia en Luxemburgo. Ha sido a través del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que el pasado mes de noviembre estimó un recurso contra el gravamen por parte de organizaciones de transporte de mercancías, de entre los muchos que se han intentado hasta la fecha, por el coste añadido a los combustibles. Con ello, eleva el tema a la justicia europea. La sentencia, que puede demorarse dos años, podría comportar, incluso que los gobiernos central y autonómicos tuvieran que devolver el dinero recaudado.
El Gobierno estudia modificar este impuesto y sustituirlo por otro equivalente. Pero, entonces, tendrá que cambiarle de nombre