Política y Sociedad CSIF pide un protocolo de prevención que incluya a Instituciones Penitenciarias

Los casos de violencia se triplican en las oficinas de Empleo durante el primer trimestre de 2015

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado del aumento de los casos de violencia acaecidos contra empleados públicos en los centros de Instituciones Penitenciarias y en las oficinas de la Administración, centrando su argumento en el dato de que éstos se triplicaron en las de Empleo durante el primer trimestre de 2015.

El presidente del sindicato, Miguel Borra, que indicó que estos datos proceden del Ministerio de Empleo, aunque los de 2014 de los centros de internos no fueron facilitados, expuso que los trabajadores públicos son «la cara de la Administración». En este sentido, indicó que representan «la cara menos amable», debido a la situación actual de «recortes» y por haber sido «objetivo de los políticos» al colocarles «en la primera línea de fuego».

El máximo representante de CSIF, que presentó estos resultados en compañía de la responsable de Prevención de Administración General del Estado en representación de esta organización sindical, Marian Mur, y de su homólogo en relación con Instituciones Penitenciarias, Fermín Pinto, subrayó que las oficinas de la Administración, entre las que destacó las citadas de Empleo, las de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo, «registran, al menos, un caso diario de amenazas y agresiones físicas».

«La mayoría de los casos no salen a la luz»

«Se han comunicado un total de 357 casos en 12 Ministerios u organismos, de los cuales un 11 por ciento corresponden a violencia física», explicó Borra al tiempo que informó de que, previamente a ello, la organización sindical a la que representa inició, en el año 2013, una campaña de ‘Tolerancia 0’ en este sentido. Además, explicó que su origen se debió también a que «la mayoría de los casos no salen a la luz».

Ahondando en el apartado concreto de las oficinas de Empleo, el presidente de CSIF sostuvo que este repunte experimentado en los meses de enero, febrero y marzo se produjo, según la Administración, por la implementación de la nueva prestación de desempleo y la «frustración» que generó a los que le fue denegada. Otras de las causas son «la congelación de la oferta de empleo público y la destrucción de puestos de trabajo», expuso.

En Instituciones Penitenciarias la situación no fue mejor, ya que como señaló Pinto, éste «es el organismo donde más agresiones se producen». En este sentido, y subrayando que sólo se contemplan las agresiones físicas, destacó que, desde 2007 a 2014, se produjo «un incremento del 37 por ciento» en relación con los casos de violencia. Por su parte, de 2013 al año pasado, se estima que el aumento fue «de un 12 por ciento», hasta alcanzar los 370 casos.

Ante todo ello, reclamó «un protocolo de actuación en el conjunto de la Administración, refuerzo de las plantillas y medidas efectivas de seguridad». Con respecto al primero de estos aspectos, Mur explicó que existe un borrador que recoge apoyo jurídico y psicológico, pero que está «bloqueado», ya que el Gobierno pretende que Instituciones Penitenciarias no se incluya en el mismo por tener «una casuística diferente», lo que rechaza CSIF.

CSIF sostiene que bloquear el protocolo de prevención «es incumplir la Ley»

«Bloquear este protocolo es incumplir la Ley de Prevención», subrayó Pinto, que recordó que «uno de cada tres funcionarios está en edad de jubilación». En este contexto, señaló que son causas favorecedoras de agresiones «la grave falta de personal, la sobreocupación de las prisiones» y el citado «envejecimiento de las plantillas». Además, subrayó que, a pesar de que «el 45 por ciento de los internos tienen patologías psiquiátricas», sólo son atendidos por un profesional sanitario de esta especialidad «dos o tres veces al mes».

Por todo ello, Borra, que recordó que los resultados de las recientes Elecciones municipales y regionales se traducen «en un basta a los recortes y a la pérdida de trabajo», pidió también la creación de un Observatorio de Agresiones a los Empleados Públicos y considerar a éstos como «agentes de la autoridad pública».

 

 

 

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